Cárceles de papel

Las 10 cárceles fueron construidas para reducir el hacinamiento y, sin embargo, éste ha aumentado casi en un 20% en siete años. / EFE

Son trampas mortales para los guardias, escenarios propicios para fugas y motines. Además, se inundan a cada rato y carecen, en su mayoría, de sistemas de vigilancia adecuados. Son 10 de las 142 cárceles del país que, aunque construidas durante la última década, ya tienen cientos de problemas en seguridad e infraestructura.

Un informe de 88 páginas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que ronda por varios ministerios y por la Casa de Nariño, da cuenta de los problemas que han convertido a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron) de Acacías (Meta), Bogotá-La Picota, Yopal, Florencia, Guaduas (Cundinamarca), Jamundí (Valle), Cúcuta, Medellín-El Pedregal, Puerto Triunfo (Antioquia) e Ibagué en un dolor de cabeza para las autoridades.

En el documento, conocido por El Espectador se hace una lista de problemas que parece un memorial de agravios. De acuerdo con esa entidad, las canchas de fútbol de estas cárceles “carecen de cerramiento, lo que impide el control de los internos en su hora de deporte”. Además, “los cerramientos instalados y que se componen de mallas, concertinas y pieamigos, es decir, las bases que sostienen el cercamiento, no son continuos. Asimismo, los pieamigos fueron instalados en la parte interna de los establecimientos y pueden ser usados como escaleras para un intento de fuga”.

Y agrega: “Las platinas utilizadas para tapar juntas de dilatación son fácilmente desmontables y pueden ser utilizadas como armas cortopunzantes por los internos”. Asimismo, “la concertina instalada no cuenta con las especificaciones apropiadas para la seguridad de los establecimientos (...) Las persianas de ventilación tienen una separación entre persianas de 20 centímetros y se ha constatado que un interno puede atravesarlas”.

La lista de problemas continúa. “Lo correspondiente a vigilancia electrónica no está en funcionamiento (...) En la parte interna de las celdas dejaron lámparas ajustadas con tornillos. Esto facilita que los internos las manipulen y sean retiradas y que los internos tengan acceso a la parte externa”, concluye el Inpec respecto a los problemas de seguridad hallados en estos centros penitenciarios.

En lo que a infraestructura se refiere, el Instituto halla que “en los diseños no estimaron un número suficiente de celdas para la visita conyugal, lo cual va contra los derechos de intimidad de la población reclusa (...) Los baños comunales de los patios no tienen puertas. Además, son insuficientes para la población de cada pabellón”.

Por si fuera poco, esa entidad descubrió que hay fallas con el funcionamiento de las cerraduras de las celdas, el alumbrado externo, los ascensores y las plantas eléctricas y, sumado a ello, “los locutorios no cuentan con la capacidad suficiente para el número de internos (...) Las áreas administrativas no se compadecen con la necesidad”.

El Instituto agrega que “en general, los equipos industriales (freidoras, peladoras de papa, licuadoras) de todos los establecimientos presentan problemas de funcionalidad (...) No se contempló un casino para personal administrativo (...) Los comedores fueron construidos distantes de los pabellones (...) No se cuenta con espacios de hospitalización, consultorios, equipos de especialidad médica, cirugías y laboratorios suficientes”.

Y, como postre del festín de problemas, en el informe se recuerda una problemática que se ha convertido en un dolor de cabeza para los administradores de las cárceles del país: el suministro de agua. De acuerdo con esa entidad, éste “es deficiente debido a que los equipos de los sistemas de bombeo han presentado falencias en su funcionamiento, originando un deficiente suministro de agua para reclusos, personal administrativo y miembros de los cuerpos de custodia y vigilancia”.

Este listado de lamentaciones resume un proceso que viene desde 2005 y que ha estado plagado de escollos e, incluso, denuncias penales. El 23 de diciembre de 2005, el entonces Ministerio del Interior y de Justicia firmó el convenio 150 con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) para la construcción de 11 centros carcelarios con el objetivo de aumentar el número de cupos para la población reclusa debido a que para esos momentos el hacinamiento llegaba al 31%.

El convenio, producto del Conpes 3277 de 2004 y que en un primer momento fue de concesión y luego de obra pública, fue firmado por un valor de $908.156 millones. Paradójicamente, siete años después el hacinamiento es mayor. De acuerdo con el Inpec, ya llega al 51%.

Uno de los primeros escollos del convenio, que expira el 23 de junio de 2013, ocurrió en 2010. Ese año el número de centros penitenciarios a construir pasó de 11 a 10, debido a que la falta de planeación dio al traste con el proyecto del Complejo Carcelario y Reclusión de Mujeres en Cartagena. Cuando esta cárcel se iba a construir, las autoridades se dieron cuenta de que era mejor no hacerlo. El terreno que se había comprado para la obra no era el adecuado para que allí se construyera ese establecimiento.

Luego, en abril de ese año, contratistas que construían el Eron de Guaduas le informaron al Gobierno que miembros de las Farc se habían robado los planos de ese centro carcelario. El hecho generó consternación. De hecho, en abril de 2011, cuando se propuso que algunos militares presos por líos con la justicia fueran recluidos en ese establecimiento, el Gobierno dijo que no. Lo sucedido con los planos del Eron de Guaduas seguía sin dejar dormir a varios funcionarios.

Ese mismo mes, para colmo de males, estalló el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá y las autoridades pusieron su mira sobre las empresas del conglomerado de los cuestionados contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule y su socio Mauricio Galofre, protagonistas de este caso de corrupción, que en junio pasado fueron condenados a 14 años de prisión por su participación en el carrusel.

La firma Ponce de León Ingenieros, que hacía parte de ese grupo empresarial, fungía como interventora de las obras de dos de estos 10 centros penitenciarios: el Eron de Medellín-El Pedregal y el Eron de Guaduas. En septiembre de 2010 la Superintendencia de Sociedades liquidó esa empresa y las obras se quedaron, momentáneamente, sin interventores. Además, el hecho motivó a que las autoridades pusieran la lupa sobre las obras de estas dos cárceles y, de contera, sobre las de los demás centros carcelarios.

Como resultado de esas investigaciones el 30 de junio de 2011 la Contraloría presentó un informe de auditoría de 142 páginas que cuestionaba lo hecho hasta ese momento en el proyecto de construcción de estos 10 centros penitenciarios. Meses atrás, paradójicamente, los constructores habían entregado estos establecimientos carcelarios al Inpec para que los administrara y, según ellos, estaban en perfectas condiciones.

En su informe la Contraloría calificó la gestión y resultados del proyecto como desfavorables. Literalmente, le dio 47 puntos de 100 posibles e indicó 117 hallazgos de posible detrimento patrimonial. Además, cuestionó que al convenio para la construcción de las cárceles se le habían hecho demasiadas prórrogas y que el control al mismo había sido ineficiente. Asimismo, alertó que los planos de una de las cárceles, el Eron de Jamundí, habían sido robados. La pesadilla del Eron de Guaduas volvía a escena.

Las pesquisas siguieron y este año la Contraloría emitió un nuevo reporte en el que aseguraba que el detrimento patrimonial por supuestas irregularidades en la construcción de estos 10 centros carcelarios ascendería a $15 mil millones. Y en diciembre la Fiscalía, que ya venía investigando lo sucedido en estos establecimientos, abrió una herida más.

A inicios de este mes, el ente investigador les imputó cargos a los contratistas Diana Nassif de Rima y Santiago Porras, de la Unión Temporal Cárceles 2008. Ellos, al parecer, realizaron maniobras fraudulentas para quedarse con un contrato con el que se surtiría de sistemas electrónicos de seguridad a estas 10 cárceles. Después de dos años de firmado apenas se había avanzado un 15% en las obras y por lo menos $37 mil millones se habían perdido por cuenta de la irregularidad.

Con estos ingredientes, delegados del Ministerio de Justicia, Fonade y el Inpec se reunirán desde enero para conjurar la crisis, debido a que el convenio 150 de 2005 expira el 23 de junio de 2013. El viceministro de política criminal, Farid Benavides, indicó que solucionar este problema es una de las prioridades de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, precisamente, porque el próximo año esa cartera presentará una estrategia para reducir el hacinamiento y quiere quedar con las cuentas claras.

El Espectador no logró comunicarse con Fonade; sin embargo, fuentes cercanas a esa entidad le informaron a este diario que hoy presentarán una respuesta al respecto. De acuerdo con el informe del Inpec, se requieren $13.937 millones para solucionar los problemas de estos 10 centros penitenciarios. Mientras tanto, en estas cárceles los presos sobrevivirán a la Navidad como puedan y los guardias haciéndoles frente a los problemas de estos establecimientos para que no reciban las fiestas con una fuga navideña.