Cárceles: ¿un sistema fallido?

Alan Mitchel, miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, y Diego Quiroga, director de política de la Comisión de DD.HH. de Escocia, hablan de la difícil situación que atraviesan las instituciones penitenciarias colombianas.

Desde 1998, el cumplimiento de los derechos humanos de los prisioneros del país no ha pasado de ser un simple propósito. Denunciado hace tres décadas por la Corte Constitucional, el permanente estado de emergencia en el que se encuentran las cárceles colombianas ha demostrado una ineficiencia por parte de los gobiernos de turno a la hora de proteger a quienes sindica o condena. 
 
Solo en los últimos 10 años el hacinamiento ha pasado del 14.5% al 54.9%, según cifras de febrero de este año del Inpec, haciendo que en un sistema donde hay espacio para menos de 80 mil reos tengan que acoplarse más de 120 mil. Solo en los últimos tres meses, y a modo de ejemplo, se han anunciado: de parte de la Defensoría del Pueblo, una petición al presidente Juan Manuel Santos para definir la cobertura de salud de los miles de prisioneros que hoy se encuentran en el limbo tras la disolución de la EPS Caprecom, hace cinco meses; de parte de la Fiscalía General, una investigación por más de 100 asesinatos que se cometieron en la cárcel La Modelo (Bogotá) entre 1999 y 2001; y de parte del Sindicato de Empleados Penitenciario de la cárcel El Pedregal (Medellín) un ultimátum al Inpec de que no aceptarían a un preso más, porque los que allí se encuentran deben turnarse el espacio del piso para poder dormir. 
 
Entre tanto, el pasado 30 de marzo el director del Inpec, el brigadier general Jorge Luis Ramírez Arangón, afirmó que estaban bajo revisión en el Ministerio de Justicia la construcción de tres cárceles en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Risaralda, que abrirían espacio para 7,500 cupos adicionales en el año 2018. Pero, ¿pueden ser estas nuevas penitenciarias la solución a tan grueso problema? La duda tiene que sembrarse: esta estrategia ya había sido intentada en 2010, cuando se abrieron diez mil cupos que no dieron abasto para los 35 mil reclusos que entraron en los siguientes seis años. Adicionalmente, la construcción de nuevas cárceles no corrige dos problemáticas que la Corte ha considerado claves para la descongestión de las penitenciarias: la agilización de los procesos judiciales, ya que el 36% de los prisioneros son sindicados y no condenados; y la correcta rehabilitación de quienes ingresan al sistema penitenciario, ya que está demostrado que más del 11% de ese 64% que está condenado vuelve a delinquir. 
 
Con este complejo panorama presente, y entendiendo que el sistema penitenciario debe ser puesto en duda, El Espectador conversó con dos expertos que pasan sus días visitando cárceles europeas para comprobar que los derechos humanos de quienes están privados de libertad no estén siendo vulnerados. Se trata del colombiano Diego Quiroga, quien es director de política de la Comisión de Derechos Humanos de Escocia, y Alan Mitchel, miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Cabe resaltar que este comité, en la última Comisión de Derechos Humanos de la ONU que acabó el 24 de marzo, estuvo proponiendo la creación de una delegación que tuviera la facultad de ingresar, sin previo aviso y a modo vigilante, cualquier institución penitenciaria del país. 
 
 
¿Es el sistema carcelario en Colombia un sistema vigente?
 
Diego Quiroz: El sistema penitenciario debe reformarse no solo en Colombia, sino también en países latinoamericanos como Brasil donde en los últimos quince años ha habido un incremento del 150% de la población carcelaria. Es claro que la sociedad debe tener un orden, que no puede ser caótica ni anárquica, y que por esto el sistema criminal tiene una función fundamental. Pero no existe un solo estudio que evidencie que las prisiones ayudan a disminuir los crímenes. Por el contrario, investigaciones del Brennan Center for Justice, por ejemplo, han demostrado que, una vez sale de prisión, un criminal que haya cometido una ofensa leve está más propenso a cometer ofensas graves. Esto es aún más probable cuando al reo no se le brinda un trato humanitario sino degradante, porque la institución carcelaria se deslinda de su función rehabilitadora para centrarse en la punitiva. Entonces es cuando las cárceles se asimilan al infierno. 
 
Allan Mitchell: Algo que usualmente se olvide en sociedades donde permanentemente se vulneran los derechos humanos: una vez un reo entra al sistema carcelario de un país, el Gobierno tiene la obligación de cuidarlo, de ayudar a mantener su dignidad. Lo contrario es un crimen. 
 
Si tomamos como ejemplo a Colombia, y establecemos que el hacinamiento, la falta de cobertura en salud y de seguridad para la población carcelaria indica una violación de los derechos humanos, ¿cuáles son aquellas claves que mantienen la dignidad de los presos?
 
AM: El sistema penitenciario de un país debe: asegurar que sus reos tengan un espacio mínimo de cuatro metros; cerciorarse de que el personal dentro de las cárceles sea acorde al número de presos y de que sean lo suficientemente maduros como para tratar a los condenados con dignidad; permitir el contacto regular entre prisioneros y familiares, y trabajar desde el día uno por su reintegración: la mayoría de los presos no van a tener cadena perpetua, así que no debemos convertirlos en esclavos del sistema penitenciario. 
 
De las cárceles que han visitado en Europa, ¿cuáles recuerdan que cumplan estos estándares?
 
AM: La cárcel de mujeres de Riga, en Latvia. Allí los guardias son muy allegados a las presas y por ende ellas se sienten queridas. Además, esa prisión permite que los niños vivan con sus madres hasta los cuatro años. Sin embargo, semana tras semana los niños entran y salen de la penitenciaria a actividades como el zoológico o el parque. 
 
¿Un Estado que no protege a sus prisioneros puede ser responsabilizado de vulnerar los derechos humanos de sus habitantes?
 
DQ: Por supuesto. Sobre todo los estados deben entender que el propósito de las prisiones no es el castigo sino la rehabilitación y la reintegración. Los prisioneros no van a estar siempre en las cárceles. ¿Y quién queremos que regrese a la calle? ¿Un prisionero que tuvo una experiencia aterradora, o alguien que fue tratado con dignidad y a quien le fue enseñada una segunda opción de vida? El sistema colombiano debe reevaluarse, sobre todo ahora que están en medio de un tratado de paz con los insurgentes de las Farc. 
 
Ahora que se aborda el tema del posconflicto, en el país ha habido mucho debate sobre las penas en prisión que deberían o no cumplir los insurgentes una vez dejen las armas. En la opinión de ambos, ¿debe o no haber prisión para los guerrilleros que se desmovilicen?
 
AM: Para la mayoría de los casos, si el Estado no tiene las instituciones carcelarias adecuadas lo mejor es rehabilitar a los insurgentes por otros medios. Entiendo que las víctimas quieran que haya consecuencias por los crímenes cometidos. Pero el castigo no tiene que ser, necesariamente, la privación de la libertad. Los insurgentes podrían trabajar en la construcción de proyectos, en la construcción de viviendas para las víctimas, en campos de siembra. Los castigos comunitarios pueden reactivar el trabajo en conjunto de la sociedad. Para esto es necesario conocer los talentos de los guerrilleros que van a dejar las armas, y encuadrarlos con actividades que puedan ser de beneficio para la sociedad.
 
DQ: Creo que hay dos buenos ejemplos de tratados de paz en donde los insurgentes no tuvieron que pagar tiempo de prisión y en donde la situación ahora mismo es mejor a nivel de convivencia. El Good Friday Agreement o Belfast, en Irlanda, donde se reconsideraron las sentencias de los presos  y se perdonaron a los insurgentes, y la Comisión para la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, donde se crearon comités de amnistías que perdonaban a los perpetradores de ofensas siempre y cuando hubiera verdad y reparación a las víctimas. En el posconflicto se debe reexaminar el sistema penitenciario y también el sistema criminal. La sociedad colombiana debe preguntarse: ¿somos capaces de crear penas alternativas? ¿Cuáles? Hay mejores maneras de gastarse la plata de un país que creando instituciones donde el fin último no es la rehabilitación sino el castigo. 
 
Sin embargo, pareciera que, al menos una parte de la población que se ha manifestado a través de marchas o columnas en la prensa, tuviera miedo de conceder dichas amnistías. ¿Deben los ciudadanos temerle a un gobierno que no castigue por medio de cárcel a los insurgentes? 
 
DQ: La población debe temer un estado que no brinde servicios públicos, que no es equitativo, que no respete los derechos humanos. Tenemos que pensar, como sociedad, en el largo plazo. Los años de prisión de un criminal son el corto plazo. Desde hoy, en La Habana, se debe pensar en cómo reintegrar a los insurgentes: ¿tienen estos el trasfondo cultural y educativo adecuado para entregarle algo positivo al país? ¿Qué hacer para que el día de mañana no vuelvan a las armas, a la violencia? Esto requiere de un pensamiento innovador y de una buena cartera. 
 
Es posible que el miedo también sea más tangible ahora que se ha venido informando del resurgimiento del paramilitarismo después del acuerdo de paz que se dio en 2005… 
 
AM: A este riesgo se somete cualquier sociedad que firme un acuerdo de paz. Sin embargo, los colombianos deben tener presente que las amnistías tienen una fecha de expiración, que son en retrospectiva y no en prospectiva, por lo que el insurgente que se desmovilice tendrá que ser castigado fuertemente en caso de reincidir. El tratado de paz en ningún momento es una excusa para futuras violaciones; más bien es un camino hacia el perdón.
 
 
 
Temas relacionados