Carlos Albornoz seguirá en libertad

Tras una audiencia que se prolongó por dos días, el juez 31 de conocimiento dijo que el exfuncionario no representaba un peligro para la sociedad y que no existía riesgo de fuga.

Después de dos días de audiencia en la que la Fiscalía solicitaba que Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), fuera recluido en un centro penitenciario; que los abogados defensores arremetían con severidad contra los fiscales del caso, alegando que “hoy en día es una moda imputar el delito concierto para delinquir a funcionarios públicos”; y que la Procuraduría se negara a las pretensiones del ente investigador; el juez 31 de garantías decidió que Albornoz afrontará sus líos judiciales en libertad.

Ésta es la segunda vez que el ex director de la DNE le gana la batalla jurídica a la Fiscalía, que en enero de este año también había solicitado la medida de aseguramiento contra Albornoz en otro proceso que adelanta en su contra por detrimento patrimonial en la DNE, que habrían generado pérdidas por más de $25.000 millones a la nación.

El predio que dio vida a la nueva investigación contra Albornoz por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato y concierto para delinquir fue la Granja 32. Este inmueble, también tiene bajo la lupa a otro exdirector de la DNE, Omar Figueroa, y otras seis personas más –entre exfuncionarios y particulares –. Sin embargo, la Fiscalía sólo solicitó medida de aseguramiento contra Albornoz, Carlos Enrique Robledo, ex subdirector jurídico de la entidad y Tito Arcadio Perilla, quien fue la persona que compró el inmueble.

Según el expediente, el predio Granja 32 pertenecía al extinto narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán, estaba ubicado en Cota (Cundinamarca) y habría sido vendido por un precio bastante inferior al que en realidad costaba. La Fiscalía indicó que este bien tenía un valor de $3.200 millones, sin embargo, aseguró que Albornoz y compañía, a través de una certificación, autorizaron su venta por $1.200 millones.

Para el ente investigador, la venta de la Granja 32 fue echa ‘contra corriente’, porque los exfuncionarios de la DNE habrían ignorado la advertencia del Tribunal Superior de Cundinamarca que afirmaba que el inmueble estaba siendo desvalorizado y le estarían dando a Tito Arcadio Perilla un ‘jugoso descuento’.

A lo largo de la discusión, la Fiscalía y el representante de víctimas (DNE), Efrén Rodríguez, aseguraron que la medida de detención preventiva es necesaria porque "la confianza fue traicionada al momento de vender el predio a un precio inferior al avalúo que tenía (...) Hubo un acuerdo, todos sabían que ese bien se estaba vendiendo por debajo de lo que en realidad costaba”. Además, el abogado Rodríguez manifestó que Albornoz no sólo es un peligro para la DNE, sino para toda la sociedad porque “en esta clase de delitos de cuello blanco no debe primar el interés personal, sobre el interés general".

Al contrario de estas peticiones, el Ministerio Público se opuso a las pretensiones e indicó que no existía material probatorio que demostrara que Albornoz habría incurrido en concierto para delinquir.

El juez del caso indicó en su decisión que el exfuncionario no representa un peligro para la sociedad y puede afrontar el proceso estando libre, debido a que no existe riesgo de que se fugue del país y pueda obstaculizar las investigaciones. Asimismo, el propio Albornoz ha manifestado que "no hay que tener dos dedos de frente para ver que hay una persecución”.