Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, de nuevo a juicio disciplinario

El excandidato presidencial es señalado por la Procuraduría de haber cambiado el uso de unos predios, pasando por encima del POT de Santa Marta. Caicedo fue inhabilitado en abril pasado para ejercer cargos públicos por 12 años.

Las aspiraciones políticas de Caicedo están suspendidas desde abril, cuando la Procuraduría lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años. Archivo El Espectador

El exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 12 años, podría enfrentar una nueva sanción del ente de control. El Ministerio Público lo llamó a juicio disciplinario por supuestas irregularidades relacionadas con la expedición de un decreto que cambió el plan de ordenamiento territorial (POT) de la capital del Magdalena.

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Al parecer, Caicedo, mientras fue alcalde, modificó el uso de unos predios en Santa Marta, para desarrollar allí proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP). Según la Procuraduría, esas acciones podrían constituir una extralimitación en las funciones, pues esa potestad supuestamente no estaba “autorizada en el POT de la ciudad para la fecha de los hechos” y, asimismo, violarían la ley que promueve el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda (Ley 1537 de 2012).

En la expedición del decreto habrían participado, además de Caicedo, el exsecretario de Planeación Distrital, John Valle Cuello, y el exjefe de la oficina jurídica del distrito, Adolfo Nicolás Torne, quienes acompañaron al mandatario en su cuatrienio 2012-2015 y también fueron llamados a juicio disciplinario. Los tres podrían recibir sanciones del ente de control, que ha calificado los hechos como “falta gravísima”.

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Las aspiraciones políticas de Caicedo —quien se perfilaba a comienzos de este año para la gobernación del Magdalena— están suspendidas desde abril, cuando la Procuraduría falló en su contra y le prohibió ejercer funciones públicas por 12 años. Esto se debió a que en 2014, el entonces alcalde de Santa Marta decretó la calamidad pública, “consecuencia de la prolongada ausencia de precipitaciones producto de las alteraciones y cambios bioclimáticos (sequía), deviniendo en el desabastecimiento de agua potable”, y contrató la construcción de unos pozos de abastecimiento de agua, en convenios con varias irregularidades.

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Caicedo sostiene que no conocía los principios de contratación pública que, según la Procuraduría, vulneró. Además, su defensa sostiene que la inhabilidad le priva de ejercer sus derechos políticos, para lo que el ministerio Público no tiene competencia, pues la inhabilidad implica que Caicedo no puede lanzarse a ninguna elección. Bajo estos argumentos, apeló la decisión de marzo pasado y el caso se encuentra en revisión.

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Redacción Judicial

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