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La defensa de Carlos Alberto Solarte, investigado por las posibles irregularidades en el contrato para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas y el río Bogotá, solicitó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a la vicefiscal, María Paulina Riveros, y al coordinador del Grupo de Trabajo para la Corrupción en la Contratación de Bogotá, Jaime Alonso Zetien, que se aparten de la investigación de las posibles irregularidades en el contrato Tunjuelo – Canoas. También pidió que el proceso pase a ser investigado por el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa.
Según la Fiscalía, CASS Constructores & CÍA. S.C.A. –empresa de Carlos Solarte– y Odebrecht se asociaron en el Consorcio Canoas y pactaron pagar 8,75 % en coimas, de un contrato que estaba tasado en más de $243.717 millones. El dinero, explicó el ente investigador, habría ido a parar a los bolsillos de concejales, contratistas, funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB).
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La participación de Odebrecht en este consorcio es el argumento principal de la defensa de Solarte para solicitar que Martínez, junto con Riveros y Zetien, se aparten del caso. Sobre el fiscal, expresó que, al haber ejercido como asesor legal de la Concesionaria Ruta del Sol SAS a través de Episol, “es palmaria la entrañable relación entre el señor Néstor Humberto Martínez y las empresas investigadas, por lo que ha debido declararse impedido antes de adelantar cualquier tipo de actuación sobre el particular”.
Entre 2010 y 2015, la firma de abogados de Martínez asesoró a la Concesionaria Ruta del Sol. Fueron cuatro las asesorías suscrita: en 2010, 2012, 2014 y 2015. La defensa de Solarte argumentó que estos acuerdos permiten “evidenciar la cercanía del, ahora, Fiscal General de la Nación con las empresas que conforman el Grupo Empresarial Odebrecht, (y en particular con la Constructora Norberto Odebrecht) quienes a su vez suscribieron, un año antes” el contrato Tunjuelo – Canoas.
También presentó como un motivo de impedimento de Martínez, la amistad “y posteriores discrepancias” que este tenía con Jorge Enrique Pizano (que murió hace cuatro meses), quien, para 2009, era el gerente general de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. “Lo anterior impide, que el señor Néstor Humberto Martínez, así como cualquiera de sus subordinados, como el Fiscal Delegado Jaime Alonso Zetien Coordinador del Grupo de Trabajo para la Corrupción en la Contratación de Bogotá puedan llevar a cabo investigación alguna en el proceso Tunjuelo-Canoas”.
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Sobre la vicefiscal Riveros, el apoderado de Solarte explicó que debía, al igual que en otros procesos, ser “sustraída” de la investigación del contrato Tunjuelo – Canoas, a razón de su cercanía con el fiscal general. En este sentido, la defensa se remitió a la solicitud que hicieron los propios Martínez y Riveros ante la Corte Suprema de Justicia, a finales de enero, de que todas las investigaciones relacionadas con Odebrecht “se remitan al conocimiento del fiscal Ad Hoc”.
En cuanto a Zetien, argumentó que el coordinador del Grupo de Trabajo para la Corrupción en la Contratación de Bogotá se encuentra en una posición de “sumisión y obediencia” ante Néstor Humberto Martínez y María Paulina Riveros, más cuando los casos de los que se encarga el grupo coordinado por Zetien son designados por el propio fiscal general. “el fiscal general de la Nación y la vicefiscal general de la Nación, tienen injerencia y una posición dominante ante el fiscal Jaime Alfonso Zetien, por cuanto, este último recibe directrices, políticas y órdenes directas de los primeros”.
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También presentó como argumento para el impedimento de Zetien, la compulsa de copias de la Corte Suprema de Justicia contra él por “las presuntas faltas ocurridas en la investigación del proceso Tunjuelo – Canoas y las irregularidades evidenciadas en la suscripción de los preacuerdos con los investigados, por cuanto estos se vieron en la obligación de aceptar delitos que no fueron cometidos, con el objeto de obtener prerrogativas procesales”.
Néstor Humberto Martínez ya se ha referido con anterioridad a su relación con Odebrecht. Por ejemplo, a finales de 2018, en un debate de control político en el Congreso, Martínez aseguró que las irregularidades del caso se conocen porque la Fiscalía investigó y estableció los delitos. Además, semanas antes de ese debate, en una entrevista con El Espectador, el fiscal afirmó que el ente investigador “ha actuado a través de sus fiscales autónomos e independientes, y el poder del fiscal no se ha atravesado en esas investigaciones”.
Según la investigación, tanto Carlos Solarte como su hija, Paola Solarte, habrían recurrido a varias artimañas para quedarse con el proyecto, como conocer de manera anticipada la licitación pública, pagar coimas a funcionarios públicos e irregularidades en el manejo de un anticipo por $48.434 millones. De hecho, en ese préstamo, la Fiscalía igualmente encontró irregularidades sobre su manejo. Carlos Solarte y Paola Solarte, según la Fiscalía, conocían de estos hechos.