La sentencia del tribunal se da como consecuencia de la demanda puesta por Empresas Públicas de Medellín a la gobernación de Antioquia, en la que cuestionaba la millonaria suma que pagó la primera por concepto de impuestos de sus vehículos oficiales en el año 99. Como los impuestos nunca debieron ser pagados, el gobierno departamental deberá devolver el monto pagado.
La Gobernación de ese departamento hizo pagar en el año 99 un impuesto a los vehículos oficiales de la EPM, contrariando la norma constitucional que los absuelve de estos pagos.
Esta última habría pedido a la gobernación que le aclarara la cuantía a pagar, porque la ley 488 de 1998 no lo determinaba. La gobernación indicó que "los vehículos oficiales no están exentos del impuesto de vehículos y que según el artículo 145 ibídem, la tarifa depende del valor comercial de los mismos", a pesar de que la constitución no le daba facultades a los gobiernos departamentales para gravar ese valor.
El Consejo de Estado le ordenó a la Gobernación de Antioquia devolver la suma pagada en el año de 1999, que en total suman 179 millones 586 mil pesos, suma que canceló la EPM el 29 de septiembre de ese año por concepto de impuesto de vehículos.
El Consejo de Estado aclaró igualmente que los vehículos particulares así como las motos de más de 125 centímetros cúbicos, deben cancelar el impuesto de vehículos, quedando exentos los oficiales, así como los vehículos de uso agrícola y otros vehículos pesados de uso industrial, así como también los vehículos de transporte público de pasajeros o carga.