La carta en la que Andrés Camargo insiste en su inocencia

En el foro de los Andes sobre los delitos contra la administración pública se leyó una misiva que envió el exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano, en la que relataba particularidades del caso por el que terminó condenado a cinco años de cárcel y a pagar $108.000 millones.

Andrés Camargo se encuentra preso desde hace 525 días. / Archivo

En un reciente foro realizado en la Universidad de los Andes sobre los delitos contra la administración pública y en el que se analizó el caso del exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Andrés Camargo, condenado por irregularidades que se presentaron en la contratación de la primera fase de Transmilenio. Además, se dio a conocer una carta de Camargo en la que relata sus 525 día de reclusión y en la que insiste en su inocencia. ("Nunca me robé un peso": Andrés Camargo, exdirector del IDU)

En el evento participaron varios expertos, un exdirector de la unidad anticorrupción de la Fiscalía y académicos que discutieron la forma en que se llevó adelante el juicio contra Camargo por el delito de contrato sin requisitos legales. La conclusión principal fue que nunca se demostró efectivamente la culpa de Camargo, que era inocente y que no se le indilgó una responsabilidad de unos hechos de los cuales nunca participó. (El laberinto del caso del exdirector del IDU Andrés Camargo)

Cabe recordar que contra Camargo existían múltiples investigaciones similares por la que fue condenado. A pesar de que se archivaron la gran mayoría, solo una llegó hasta la instancia de casación penal en la Corte Suprema de Justicia. Se trató de la contratación de las losas de Transmilenio que se utilizaron en la construcción de la primera fase en la Autopista Norte y que tuvieron que ser reparadas por un sistema de relleno fluido que terminó sirviendo poco. (Corte Suprema deja en firme condena contra exdirector del IDU, Andrés Camargo)

A Camargo lo responsabilizaron por tomar la decisión de firmar el contrato para reparar las losas de Transmilenio, sin embargo, el exdirector del IDU sostuvo que esa decisión se tomó en un comité del que no hizo parte. Sobre el caso, en el foro de la Universidad de los Andes, la profesora Paula Cadavid, los hechos por los que fue condenado nada tenían que ver con el delito de celebración indebida de contratos. A su vez, el exdirector de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Carlos Fernando Guerrero, el crimen por el que fue condenado Camargo tiene múltiples interpretaciones que pueden llevar a un error. (Exdirector del IDU, Andrés Camargo se entregó a las autoridades)

Asimismo, entre los asistentes del foro se discutió la forma en que se persigue la corrupción en Colombia, en la que miles de casos quedan en la impunidad. Andrés Camargo en la carta enviada al evento relató particularidades de su caso, las pruebas que utilizaron para condenarlo y los intereses que existían detrás de su caso. (El nuevo recurso de Andrés Camargo para tumbar la condena en su contra)

Carta enviada Andrés Camargo al foro realizado en la Universidad de los Andes

Octubre 26 de 2016

Señores Participantes

Foro Delitos contra la administración pública: el caso de Andrés Camargo

Uniandes

Apreciados Señores,

Para alguien que tiene la plena certeza y la convicción de haber actuado siempre pulcra y correctamente, pero está condenado en prisión, es muy esperanzador el que la facultad de derecho de una universidad tan seria y prestigiosa como la de Los Andes organice un foro para analizar el caso que lo llevó a uno la cárcel. Este miércoles 26 de octubre se cumplen 524 días de estar privado de la libertad y confío en que las conclusiones de hoy, si bien es posible que no produzcan efectos jurídicos inmediatos que mejoren mi situación, sí ratifiquen el carácter de injusticia de mi condena. El buen nombre y la honra de un ciudadano decente son su mayor activo. Aspiro a que los participantes en esta reunión, y los que posteriormente lean las memorias si las hubiese, queden convencidos de los míos.

Por mi formación y experiencia profesional no estoy en capacidad de aportar luces jurídicas al asunto. Los panelistas invitados serán quienes adelanten el debate jurídico. Sin embargo, consideré muy importante escribir estas líneas para exponer mis argumentos sobre lo que considero una inmensa injusticia, basado fundamentalmente en el sentido común. Considero que en mi caso, al igual que en muchos otros en nuestro querido país (más de los que quisiéramos), la justicia está obrando en contravía precisamente de ese sentido común.

Estoy condenado a cinco años de prisión, al pago de $108.000 millones de perjuicios y a la suspensión atemporal (es decir para siempre) de la posibilidad de desempeñar cargos públicos o contratar con el Estado, por el delito de celebración indebida de contratos. Yo no cometí delito alguno. Esta afirmación está basada en cuatro aspectos fundamentales:

1. Ausencia de motivación: cuál es la razón que puede llevar al director de una entidad que ejecutó una infinidad de obras (más de 1.500 contratos en $2.6 billones de ejecución), a decidir precisamente en el proyecto de la autopista norte, contratarlo sin los diseños completos. No existe una referencia en los fallos, ni se intentó siquiera probar cuál podría ser esa motivación, simplemente porque no existe. ¿Para qué? ¿Qué buscaba?

2. Presunción de culpabilidad: a pesar de todos los testimonios que señalaron que no se me comentó ni tuve conocimiento de falencia alguna en los diseños, ni participé en la decisión de un cambio de material, los falladores concluyeron que yo debía saberlo porque asistía a “múltiples reuniones”. No hay un acta, ni una manifestación concreta o declaración específica en ese sentido. Solo generalidades acerca de los temas tratados en ellas, a partir de las cuales se presume que se habló del tema. Para salir libre, hubiera debido efectuar la imposible demostración de que no sabía algo, en lugar de que se haya demostrado contundentemente que si sabía.

3. Ausencia de provecho ilícito: nunca he entendido del todo los cambios de legislación respecto a este delito. Lo que sí tengo muy claro, y así lo corroboran todos los fallos, es que no hubo provecho ilícito ni para mí, ni para nadie. La obra no costó más, nadie se apropió de un peso, la licitación fue limpia y transparente, etc.  Los errores fueron técnicos. ¿Por qué entonces hay un delito? ¿Qué beneficio obtuve?

4. Desconocimiento de los principios de desconcentración de funciones y de confianza: como mi función era “coordinar, controlar y dirigir....” he debido revisar  personalmente todos los trabajos de todos los más de 1.200 subalternos para evitar que hubiera un error en ellos. Me condenaron penalmente, porque permití que en un comité al que no debía asistir, alguien tomó una decisión errada. Porque licité con unos diseños que alguien entregó y alguien más recibió a satisfacción, pero estaban incompletos. Porque contraté con unos pliegos en los que a alguien le faltó incluir algo.  O sea que tenía que hacer todo yo como Director. Valga decir que nunca delegué, simplemente eran funciones de otros.

Podría exponer algunos argumentos adicionales, amén de explicar detalladamente las “rarezas” procesales en mi contra, pero solo enunciaré algunas: expediente incompleto sin audios del juicio para la segunda instancia, prueba de perjuicios rechazada por la juez de primera instancia por ilegal pero usada para condenar en segunda, fallo dos veces por los mismos magistrados, devolución de la prescripción, entre otras.

Y para completar el horroroso panorama (desde mi punto de vista de inocente condenado) intereses políticos que inician con un debate en el Senado y siguen durante todas las campañas de Enrique Peñalosa a algún cargo púbico de elección popular (no ha habido un año desde el 2002 en q no hubiera estado en campaña para alguno), amén de los intereses económicos de los abogados penalistas contratados con comisión de éxito (así buscan que haya un culpable para ganarse la plata y no que haya justicia).

Quisiera concluir citando un aparte de la providencia de la Fiscalía General de la Nación con la que precluyó la investigación para la Troncal de la calle 80 en la que se me imputaba exactamente el mismo delito: “no todo problema o controversia de carácter contractual, cae en la esfera del derecho penal. Esa es la peligrosa tendencia que infortunadamente ha hecho carrera en nuestro medio consistente en darle siempre alcance penal a toda controversia que se presente sobre la celebración de un contrato.”

Pido a Dios que las conclusiones de este foro produzcan los cambios necesarios para que no se repita esta injusticia y se desincentive así a las mejores personas a ocupar cargos públicos, pero sobretodo, que generen un cambio de conciencia y actitud en algunos de los que ejercen el poder judicial, para que se despojen de los intereses que desvían su criterio; solo así podremos los colombianos volver a creer en la justicia. Creo que fue Quevedo el que dijo: “cuando no existe justicia, es peligroso tener la razón”. Esa no puede seguir siendo la realidad de nuestro país.

Mi inmensa gratitud con los organizadores por haber propiciado este debate y con los asistentes por haberse tomado el tiempo de asistir y participar.