Carta de renuncia del fiscal del caso Colmenares

Motivos de seguridad, enfrentamiento con miembros de la misma institución y el que el Fiscal General no lo hubiera atendido personalmente motivaron la misiva.

“Por favor, le solicito respetuosamente reasigne las dos investigaciones que se adelantan en mi despacho por la muerte de Luis Andrés Colmenares. No es mi deseo continuar al frente de ellas por las razones comentadas. Dios le cubra de bendiciones en todos sus pasos”. Así termina la carta de seis páginas que el pasado lunes le envió Antonio Luis González Navarro, fiscal 11 de la Unidad de Vida de Bogotá, a Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación, a través de la cual renunció a las investigaciones que adelantó durante casi un año por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes.

La comunicación, que está dividida en 17 puntos, es una carta llena de reproches que apunta básicamente a la falta de garantías de seguridad, pero que, además, deja entrever una serie de descontentos con los compañeros de la propia institución e, incluso, con el Fiscal General de la Nación por no haberlo atendido personalmente para comunicarle su decisión.

Los reproches del fiscal González Navarro inicialmente se dirigen contra la dirección de protección, a la que señala de varios problemas en su esquema de seguridad. Por un lado, la falta de un carro adicional para movilizarse con su familia, la de extender su esquema de protección a todas las ciudades donde se desplace y la falta de un estudio de seguridad a su lugar de residencia.

“Aunque el director de protección dice que ha solicitado respaldo de la Policía para la vigilancia de mi familia, eso es falso de toda falsedad, ya que la Policía jamás me ha comunicado esto y no ha ido a mi vivienda…

“Mis peticiones al señor de protección han ocasionado un espíritu de desatención y malestar, y siento que el esquema de seguridad debe ser conforme a una necesidad y no puede quedar a voluntad de un funcionario. La protección debe ser continua y esta no se está dando”, reclama el fiscal.

Por estos motivos, señala el funcionario que se ve en la obligación de pedir la reasignación de los casos, debido a que, según él, “no cuenta con las condiciones laborales adecuadas y las amenazas que he recibido han sido por ese proceso (caso Colmenares)”.

La filtración

Otra de las razones para la decisión de González, supone una inconformidad con la fiscal Martha Lucía Zamora, puntualmente por el estancamiento de la investigación por las amenazas que existen en su contra y por la filtración de la declaración del testigo que ratificaba la intención que existe para atentar contra su vida.

“Hay una investigación por tentativa de homicidio, donde tengo la calidad de víctima y allí están los elementos materiales probatorios y no se ha decidido nada, empero, ya se conoce públicamente el tema por la filtración de la declaración del testigo… El expediente por las amenazas quedará en el limbo porque el material probatorio se hizo público. Hoy la persona sindicada conoce al testigo y la posibilidad de sacar el caso adelante son mínimas”.

De igual manera denuncia que la fiscal Zamora le quiere endilgar la responsabilidad de dicha filtración, pero aclara que esa declaración la tomaron fue en el despacho de la funcionaria y a pesar de que él ha pedido trasladar esa evidencia a la investigación que él adelantaba en el caso Colmenares, nunca tuvo acceso oficial a ella.

Finaliza su carta resaltando su labor en un caso que estaba al borde de ser archivado. “Desde que tomé la dirección de este caso logré que no se fuera al anaquel de la impunidad. Hoy los procesos están en juicio y con los medios que demuestran que a Colmenares lo mataron y no fue un accidente. Mi actividad ha sido buscar la verdad, pero me he visto enfrentado con el contorno laboral. Mi familia está preocupada y les asiste la razón, ya que la lucha ha sido de todo tipo, hasta con mi propia institución”, agrega.

Concluye que lleva 27 años de experiencia, comprometido con la justicia, “pero sin unas garantías justas y adecuadas es muy difícil continuar con este proceso”.

La solicitud de reasignación de las investigaciones ya fue aceptada y el caso quedó en manos de la fiscal Martha Lucía Zamora.