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De manera virtual, ante un juzgado penal de Bogotá, la Fiscalía acusó formalmente al expresidente de la Corte Suprema de Justicia Camilo Tarquino. El abogado es señalado de hacer parte de la presunta red de corrupción que funcionó en esta alta corte para frenar o entorpecer procesos de gobernadores y congresistas, un escándalo que ha sido denominado como el cartel de la toga. El caso de Tarquino, a quien le imputaron cargos en septiembre del año pasado, es el proceso que ha tenido más bajo perfil.
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Según Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, que se encuentra actualmente en Estados Unidos, Tarquino le habría exigido cerca de $20.000 millones para ayudarle en los procesos que se adelantaban en la Corte Suprema de Justicia por los presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración en la gobernación de ese departamento del norte del país. El exmagistrado le habría dicho que conocía al fiscal que llevaba su caso y podía persuadirlo para que le ayudara en el mismo.
El cartel de la toga se conoció ante los medios de comunicación a finales de junio de 2017 cuando el entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue capturado. El entonces alto funcionario de la Fiscalía había sido grabado por la DEA, por medio de Lyons. En una conversación, Moreno le cuenta a Lyons que Camilo Tarquino se encontraba detrás del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez insistiendo para que se actúe en contra del exgobernador. En ese mismo diálogo, Lyons le cuenta a Moreno el millonario pedido que le hizo el exmagistrado y asegura que no podía cumplir con la pretensión.
Durante el proceso por el cartel de la toga en contra del exmagistrado Francisco Ricaurte se supo que Lyons habría contactado a Tarquino a través de Muriel Benito Rebollo, una amiga que tenían en común. El contacto se habría realizado para conseguir ayuda del abogado Tarquino. “Con ese propósito Lyons le entregó directamente a Tarquino $30 millones para que este iniciara las gestiones”, según se mencionó durante las audiencias de Ricaurte. Tanto Tarquino como Ricaurte niegan tajantemente estos hechos e insisten en su inocencia.
También se conoció que los miembros del cartel de la toga, supuestamente, intimidaron a Lyons, a través de Tarquino, para que les pagara $20.000 millones “con la finalidad de solucionar definitivamente sus problemas”. Estos le habrían dicho al exgobernador, también a través de Camilo Tarquino, que tenían un equipo de magistrados dedicados a intervenir en favor de los intereses de los procesados y las actuaciones que se adelantaban en la corte y la Fiscalía, entre los que estaban Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.
En su momento, La Fiscalía General no solicitó medida de aseguramiento, es decir, que el magistrado se encuentra libre mientras su proceso penal avanza en los estrados. La Fiscalía también anunció en septiembre pasado que por estos hechos se pedirá que se investigue la supuesta participación del exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leónidas Bustos, quien salió del país y se desconoce su paradero.