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La Fiscalía anunció que investigará formalmente a cinco nuevos protagonistas del cartel de la toga. Según anunció el ente investigador, ya citaron a imputación de cargos al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Ruiz; al ex fiscal delegado ante el alto tribunal, Alfredo Bettín; al abogado Luis Ignacio Lyons España, y a los ex representantes a la Cámara, Argenis Velásquez y Julio Eugenio Gallardo. Además, el abogado Luis Raúl Acero Pinto fue llamado a interrogatorio, por su presunta participación en esta red de sobornos.
::El panorama del cartel de la toga en 2019::
El nombre de Camilo Ruiz, exmagistrado auxiliar del magistrado titular Gustavo Malo, se involucró en este caso en junio de 2018. Durante la audiencia de imputación de cargos contra Luis Gustavo Moreno, la Fiscalía aseguró que Ruiz habría recibido $200 millones como contraprestación por dilatar la investigación en contra de Nilton Córdoba por la presusnta malversación de recursos públicos en el contrato de una sede para una alcaldía del Medio Baudó. Camilo Ruiz habría usado su posición de privilegio dentro del despacho de Malo para entorpecer las indagaciones en contra del congresista de Chocó, sostuvo el ente investigador en su momento.
Un año después, en la audiencia en la que Malo recusó al magistrado Jorge Emilio Caldas, el suspendido togado declaró que Ruiz, cuando fue magistrado auxiliar de su despacho, se habría reunido en reiteradas ocasiones con investigados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entre esos encuentros, según el acusado por el cartel de la toga, Ruiz se habría encontrado con dos investigados por el escándalo de Odebrecht, Otto Bula y el exsenador Bernardo Ñoño Elías.
En la misma recusación, Malo aseguró que Camilo Andrés Ruiz comenzó su carrera en la rama judicial de su mano. El togado acusado por la Cámara de Representantes dijo que fue docente de Ruiz en la universidad y que lo llevó como auxiliar judicial adjunto cuando se desempeñaba como magistrado del Tribunal Superior de Cartagena. Luego, cuando llegó a la Corte Suprema de Justicia, lo habría llamado para que hiciera parte de su despacho.
Por otro lado, Alfredo Bettín, exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, fue imputado por el delito de prevaricato por omisión. Bettín habría trabajado de la mano del exmagistrado Francisco Ricaurte para empantanar los procesos en contra de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca. De acuerdo al ente acusador, el exfiscal acordó con Ricaurte “orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, algunas de las cuales se alcanzaron a expedir, y, por el otro, evitar imputaciones en contra del investigado”.
Luis Ignacio Lyons España, quien fue abogado del exsenador por el Partido de la U Musa Besayle, es señalado por la Fiscalía de cohecho por dar u ofrecer. Lyons España le contó en 2017 a la Comisión de Acusaciones que le había entregado a Luis Gustavo Moreno cerca de $2.000 millones de pesos para evitar que emitieran una orden de captura en contra de su cliente por presuntos vínculos con la parapolítica.
Bajo el mismo cargo están siendo imputados los exrepresentantes a la Cámara Argenis Velásquez y Julio Eugenio Gallardo Archbold. Velásquez fue vinculada al proceso luego de que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno declarara que el exmagistrado Ricaurte le pidió $380 millones para frenar un proceso por irregularidades en el manejo de recursos de la salud.