Casa por cárcel a empresaria Stella Durán por caso de corrupción en Invima

El anuncio de las capturas lo hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al lado del director del Invima, Javier Humberto Guzmán. / Cortesía

Luego de más de una semana de audiencias reservadas, el Juzgado 70 de Garantías de Bogotá le concedió el beneficio de prisión domiciliaria a la empresaria y esteticista Stella Durán, investigada en el marco de una supuesta red de corrupción al interior del Invima que, a cambio de dinero, habrían modificado los permisos que tenían varios medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza para ser comercializados en el país. (Le podría interesar: Legalizan captura de supuestos implicados en la red de corrupción del Invima)

Sin embargo, no sucedió lo mismo con las otras 15 personas investigadas, entre los que se encuentran funcionarios de la entidad que se encarga de la vigilancia de los medicamentos en el país. La jueza los envió a la cárcel mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía, que los investiga por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. 

Según el ente investigador, la organización se encargaba, entre otras cosas, de acelerar la expedición de registros sanitarios para para que diversos productos salieran al mercado. Los trabajadores capturados habrían falsificado varios de estos documentos y, con ello, al parecer, permitió que “los colombianos adquieran estos elementos sin conocer su composición real, lo que representaría un atentado contra la vida de los consumidores”. (Le sugerimos: Stella Durán y 12 funcionarios del Invima fueron capturados por red de corrupción)

Mientras unos se encargaban de falsificar los registros sanitarios, otros, según la Fiscalía, alteraban los sistemas de información, lo que ha permitido que en el mercado actual haya productos que no tienen el control estatal. Además, había quienes, al parecer, falsificaban estudios, quienes cobraban sobornos a cambio de modificar multas que imponía el Invima, y unos más que realizaban auditorias previas a las oficiales para garantizar el buen desempeño.

Para acceder a los servicios de esta red, las tarifas eran claras. La Fiscalía dice que a cambio de la renovación de un registro sanitario, cobraban $750 mil; por la venta de estudios de estabilidad de productos, en donde se certifica la duración del principio activo del medicamento, la red pedía $2 millones. Y, por los servicios de auditoría, el servicio costaba $14 millones. Los detenidos, entre los que se encuentra otro empresario, pertenecían a las direcciones de registros sanitarios, medicamentos, dispositivos médicos y control disciplinario. (Lea también: Estos son los medicamentos más caros y más vendidos en Colombia)