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En medio de la indignación por cada víctima de los conductores ebrios, se vuelve a discutir la necesidad de castigar con cárcel o no a cualquiera que conduzca borracho. La iniciativa siempre ha encontrado en el hacinamiento carcelario una de las razones para su rechazo. Sin embargo, revisando las leyes que regulan el tránsito en Colombia se encuentra que el Gobierno tiene desde hace décadas la solución en sus manos: la casa cárcel para conductores.
Las casas cárceles para conductores fueron una pelea que ganaron los transportadores en 1975, cuando se expidió la ley que los viabilizaba. En esa oportunidad, el argumento de los profesionales del transporte fue que los conductores condenados por causar víctimas fatales en accidentes de tránsito no debían ir al mismo sitio donde pagaban condenas otros delincuentes.
Y aunque hoy el clamor es de enviar a La Picota a cualquiera que conduzca ebrio, para algunos el argumento de 1975 para dar vida a las casas cárceles sigue vigente. Una de sus impulsores es Ana María Ramos Serrano, vocera y abogada de la Corporación Excelencia en la Justicia, quien señala que en caso de que se penalice con cárcel el conducir bajo los efectos del alcohol, “los procesados tendrían que estar en sitios distintos a personas que han cometido delitos más graves”.
Las casas cárceles para conductores existen en el país desde la década de los 70, pero en 1993 quedaron finalmente incluidas en el Código Nacional Penitenciario y Carcelario. En la norma se establecieron los requisitos para crear uno de estos centros y los definió como “lugares destinados para la detención preventiva y el cumplimiento de la pena por delitos culposos cometidos por conductores en accidentes de tránsito”.
Su función retomó vigencia desde 2009, cuando la ley consagró algunas conductas desplegadas por los conductores como causales de agravación punitiva para el homicidio culposo, con lo que se reforzó la necesidad de tener establecimientos para la rehabilitación, resocialización y reeducación de los conductores infractores y condenados.
A pesar de que existen en la norma, los conocedores del tema señalan que es una figura en desuso. Actualmente debería existir al menos una casa cárcel para conductores por cada ciudad capital, pero sólo hay 11 y todas están vacías. La razón: en los procesos judiciales no se contemplan estos lugares como sitios de reclusión para ningún conductor procesado.
En manos de privados
Pero esta no sería la única razón. Para Fernando Cabrejo, director de la Casa Nacional del Conductor, se le podría contar una más: desde hace 10 años las casas cárcel para conductores están en manos de privados, a quienes “seguramente no les conviene que envíen conductores a las casas cárceles, porque es algo que les genera costos adicionales”.
Estos centros especiales de reclusión están ligados a entidades creadas en el Código Nacional de Tránsito denominados Centros Integrales de Atención (CIA). De acuerdo con la norma, estos centros fueron establecidos para convertirse en los encargados de capacitar, rehabilitar y resocializar a infractores de tránsito.
Por esta razón, para solicitar licencia de operación ante el Ministerio de Transporte deben contar con un centro de capacitación para dar los cursos a los infractores que buscan una rebaja del 50% en la multa que les imponen y una casa cárcel autorizada por el Inpec para que los condenados por delitos al volante puedan pagar sus penas. Estas casas las deben sostener los privados en materia de servicios, impuestos e infraestructura, mientras el Inpec, por su parte, debe disponer de los guardianes de custodia y la comida para los internos.
Según el Código de Tránsito Vigente (Ley 769 de 2002), los centros integrales de atención derivan sus recursos del cobro del 25% del valor de cada comparendo que pagan los conductores multados. De este dinero tendrían que sacar para cubrir todos los gastos, incluidos los de la casa cárcel.
Actualmente existen 115 centros operando en todo el país y aunque el porcentaje de lo que cobran sigue siendo el mismo, se podría decir que sólo están dedicados de forma casi exclusiva a dictar los cursos a los conductores infractores, ya que la medida que en teoría señala que cada uno debería tener su sitio de reclusión, no se cumple. Como en la misma norma se les dio la posibilidad de establecer convenios con casas cárceles privadas, avaladas por el Inpec, la mayoría tienen convenios con las pocas que existen en el país.
Es lo que ocurre en Bogotá, donde hay 14 CIA registrados, 13 de los cuales pertenecen a la misma empresa: Ciantran S.A., y uno a la Secretaría Distrital de Movilidad. Para la reclusión de conductores, todos tienen convenio con la misma entidad: Sociedad Casa Cárcel Hogar del Conductor. Algo similar ocurre con otros centros de municipios cercanos a Bogotá.
Una alternativa
De acuerdo con Humberto Maldonado, representante de la empresa Asista, dueña de la Casa Cárcel Hogar del Conductor, la justicia tiene la figura de la casa cárcel para conductores, hoy en desuso, bien sea por las bajas condenas o porque prefiere enviar a los procesados a otros centros de reclusión. Sin embargo, afirma, en medio de las actuales discusiones, la casa cárcel surge como una alternativa que está vigente desde muchas décadas atrás.
“Es cierto que es una figura en desuso. Nosotros tenemos en Bogotá capacidad para 100 detenidos y en Cali otro centro con capacidad para 14. Estas instalaciones se usan esporádicamente, ya que los conductores no pasan más de una semana recluidos allí. Vale aclarar que si bien los propietarios de estas casas son privados, su administración corre por cuenta del Inpec. Allí siempre permanece un dragoneante de la institución”, indica Maldonado.
Carlos Eduardo Aristizábal, quien dirige los centros integrales Triángulo del Café, que operan en Caldas, Quindío y Risaralda, señaló que cuentan con una casa cárcel con cupo para 40 personas, pero que está vacía. “En el momento no hay recluidos, porque los jueces no las utilizan”. Frente a la posibilidad de que sean una alternativa real en medio de la discusión de enviar a la cárcel a quienes conducen ebrios, le parece que no es tan viable y que es mejor que las autoridades hagan más controles en los sitios donde la gente toma licor.
“Tener una casa cárcel es costoso. El mantenimiento, el grupo de abogados para dar asistencia, así no esté ocupada; los servicios médicos… todos son costos fijos, así no las usen. Por esta razón es que no todos tienen estos centros de reclusión y sale mejor hacer convenios”, anota Aristizábal. Y concluye que, contrario a lo que la gente piensa, tener un centro integral de atención no es una mina. “No es negocio, por los costos”.
Para Fernando Cabrejo, director de la Casa Nacional del Conductor, a pesar de que esta institución está en la ley, han encontrado que no se está cumpliendo. “Uno de los requisitos para crear un centro integral de atención es tener una casa cárcel. Sin embargo, en el caso de Bogotá solamente existe de nombre la Casa Hogar del Conductor. Sin embargo, allí no envían a nadie. Las casas cárceles para conductores deben ser un patio más de la cárcel del Distrito”.
“No funciona, por un lado, porque los jueces no están enviando a los conductores a estos sitios, razón por la que no hay nadie detenido y estos centros terminan siendo de papel. Y quizás a ningún centro integral de atención le conviene que envíen conductores presos a sus casas cárceles, porque es algo que les genera costos adicionales”, agregó.
Aunque reconoce que la ley no prohíbe que se lleve a estos sitios a conductores condenados por accidentes debidos al alcohol, no está de acuerdo con que quienes matan a alguien por ir borrachos al volante terminen en estas casas. “Les debe caer todo el peso de la ley. Aunque si deciden penalizar el conducir bajo los efectos del alcohol, podría ser una buena alternativa”, concluyó.
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