El escándalo se destapó en 2014

Caso Andrómeda y sus interrogantes

La Procuraduría abrió investigación contra tres militares, entre ellos un mayor. Van seis condenados. Sin embargo, en este enredado episodio, son varias las dudas que persisten.

El escándalo de Andrómeda orbitó alrededor de la campaña presidencial de Óscar I. Zuluaga. / Cristian Garavito - El Espectador

Han pasado ya casi cuatro años desde que la revista Semana reveló que en un local comercial del barrio Galerías, en Bogotá, se había erigido una fachada para un centro de inteligencia camuflado, desde el cual, al parecer, se interceptaron ilegalmente las comunicaciones de varios de los negociadores del Gobierno con las Farc. Entre ellos, por ejemplo, el alto comisionado de la época, Sergio Jaramillo, y el jefe negociador, Humberto de la Calle. El 23 de enero de 2014 el lugar fue allanado por la Fiscalía. Cuando la historia fue revelada, el entonces jefe de inteligencia del Ejército, general Ricardo Zúñiga, negó la existencia de esa central. Sin embargo, en cuestión de horas, Zúñiga fue relevado de su cargo.

En los 47 meses que han pasado desde que se destapó el escándalo, más oficiales del Ejército resultaron salpicados. El director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, general Jorge Zuluaga, también fue relevado; aunque ni él ni Zúñiga fueron retirados del Ejército de inmediato. Ambos aseguraron que no habían participado en irregularidades. En 2015, tras la creación de un comité de alto nivel conformado por los inspectores de todas las Fuerzas Militares y la Policía, y el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa, se supo que el asunto Andrómeda había causado el relevo de cargos de diez oficiales, ocho suboficiales, un patrullero y un funcionario no uniformado.

El principal logro para la Fiscalía, en su intento por desenmarañar este episodio, ha sido la condena del principal hacker involucrado, Andrés Sepúlveda. Tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, en abril de 2015 fue condenado a 10 años de prisión por concierto para delinquir, acceso abusivo informático, violación de datos personales agravado, espionaje y uso de software malicioso. Sepúlveda formó parte de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y, en ese mismo año, en mayo, fue capturado. “Todas las acciones en las que participé para luchar contra el terrorismo fueron heridas de muerte cuando me involucré en la campaña presidencial de 2014”, dijo el día que se divulgó su pena.

A lo largo de estos 47 meses, sin embargo, además de la sentencia contra Sepúlveda, seis personas más han sido condenadas, pero ha sido él una especie de punto central en toda esta historia. Por una parte, él fue contratado por la campaña de Zuluaga y, para la Fiscalía, es claro que esa contratación se hizo a través de Luis Alfonso Hoyos —exfuncionario del gobierno Uribe y exasesor de la campaña Zuluaga— y de David Zuluaga Martínez, hijo del excandidato presidencial por el Centro Democrático. En agosto de 2015, la Fiscalía le imputó a Hoyos los cargos de espionaje, concierto para delinquir, cohecho, acceso abusivo a sistemas informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales.

Durante los dos últimos años, Hoyos ha tenido en contra una orden de captura que no se ha ejecutado. Antes de que la audiencia de imputación se realizara, él viajó a Miami, pidió asilo y su regreso al país se empezó a embolatar. El fiscal general del momento, Eduardo Montealegre, aseguró que se pediría una orden de la Interpol para conseguir su arresto, pero ello no ha pasado. En enero de 2016, la Fiscalía lo llamó a juicio. Cosa contraria ocurrió con el principal encargado de la campaña, Óscar Iván Zuluaga: en enero del año pasado, la Fiscalía archivó la investigación en su contra señalando que no había razón para relacionarlo con el hacker Sepúlveda.

Según ente investigador, quienes conocieron de primera mano la información que obtenía Sepúlveda de manera ilegal fue Hoyos y, al parecer, también David Zuluaga, quien ahora vive en Estados Unidos. Este último ya ha rendido interrogatorios, pero, oficialmente, no está siendo investigado. La cooperación de Sepúlveda con la justicia permitió otras condenas: de Wilson Torres Wilches, exagente de la DNI; de Luis Humberto Moreno, cabo del Ejército; de Michael Usme Charry, exjefe del grupo antiterrorismo de la Sijín Bogotá; de David Parra Amín, expatrullero de la Sijín; y del hacker ecuatoriano Daniel Bajaña, quien interceptó el correo de Francisco Santos, quien había aspirado a ser el candidato del Centro Democrático.

Que hubiera un integrante de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) entre los involucrados fue una arista de este episodio que nunca se resolvió con claridad. En noviembre de 2016, Quintana apareció en medios afirmando que el director de la DNI mientras él era jefe del CTI, el almirante Álvaro Echandía, fue quien le entregó al CTI las primeras pistas que indicaban que quizá las conversaciones de paz en La Habana estaban siendo espiadas. Cuando ya Quintana no era parte de la Fiscalía, calificó de “inusual” que alguien en el cargo de Echandía hiciera eso. Quintana llegó a asegurar que Echandía le había ofrecido un alto cargo a cambio de su silencio, lo cual el almirante rechazó.

En febrero de 2017, la Fiscalía archivó el caso contra Echandía, quien nueve meses más tarde fue designado como cónsul en Washington. La justicia, hasta ahora, tiene claro que Sepúlveda logró interceptar comunicaciones de los negociadores de paz y que además obtuvo una base de datos del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, la cual tenía carácter reservado. La reciente decisión de la Procuraduría de formular pliego de cargos contra tres militares, dos de ellos ya retirados precisamente por este escándalo, es el último avance que se conoce. Sólo uno de ellos ostenta el rango de oficial, el mayor Joany Guerrero, quien comandaba la Operación Andrómeda.

Los otros dos, Luis Humberto Moreno y Carlos Betancur Sánchez, eran cabos de inteligencia del Ejército. Ninguno de los tres tiene investigación abierta en la Fiscalía. Óscar Iván Zuluaga, por su parte, ha negado siempre haber pedido información ilegal, y el Ejército ya señaló que acataba la investigación disciplinaria contra sus integrantes. ¿Quiénes y con qué fin estaban tras los datos que iba consiguiendo Andrés Sepúlveda? ¿Lo que ocurrió fue una filtración a la campaña de Zuluaga, como afirma él, o fue un sabotaje al proceso de paz? Hasta la fecha, la justicia no ha sabido resolver esos interrogantes.