Caso “Chuzadas”: cuando Laude Fernández, exdirector de BRG, fue “chuzado” por el DAS

Esta es una historia de caminos cruzados. A finales de los 90, Fernández, protagonista del actual escándalo de las chuzadas en la Fiscalía, fue víctima de interceptaciones ilegales desde el DAS. Uno de los entonces señalados fue el director de inteligencia del organismo, Luis Alberto Pérez Alvarán, quien en 2016 llegó a la Fiscalía. Y desde allí se hicieron las chuzadas por las que ahora es investigado Laude Fernández.

David Escobar Moreno
14 de agosto de 2019 - 12:00 a. m.
Caso “Chuzadas”: cuando Laude Fernández, exdirector de BRG, fue “chuzado” por el DAS

En el más reciente caso de corrupción al interior de la Fiscalía, se conoce por ahora que Laude Fernández, exdirector hasta hace pocas semanas del Berkeley Research Group (BRG) en Colombia, sería pieza clave para entender cómo funcionaba una red al interior del ente investigador para interceptar comunicaciones ilegalmente. Todavía no se conoce el alcance de las líneas que fueron interceptadas de manera fraudulenta, pero la Fiscalía ha dicho que esta era una “red de espionaje corporativo”, por lo cual ya están bajo la lupa 2.700 teléfonos que han sido interceptados desde la plataforma Esperanza del ente investigador.

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En este caso está llamado a juicio el general retirado de la Policía Humberto Guatibonza; bajo investigación los coroneles (r) Jorge Salinas y Carlos Andrés Pérez, y el mayor (r) Luis Quiroga, todos del Ejército. Está detenido el exfiscal Fabio Martínez Lugo, quien se ha declarado inocente, y un excoordinador de una sala de interceptaciones de la Fiscalía, Luis Gómez Góngora, quien aceptó cargos. Por su parte, Laude Fernández ha sido capturado dos veces en los últimos meses (noviembre de 2018 y julio de 2019) por su presunta participación en las chuzadas que habrían sufrido los miembros del sindicato de aviadores (Acdac), el abogado Felipe Jaramillo y el ciudadano español Lucio Rubio.

Sin embargo, hace casi 20 años, Laude Fernández se encontraba en la misma orilla de las personas, que según la Fiscalía, él mismo habría ordenado interceptar manera ilegal en 2018. En abril de 2000, El Espectador contó cómo un grupo de agentes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) decidieron interceptar, al parecer por iniciativa propia, a miembros de la opocisión del gobierno de Andrés Pastrana. Lo que se supo en ese momento es que los miembros de la organización de inteligencia gubernamental querían ganarse la confianza del nuevo gobierno espiando a sus adversarios políticos.

Entre ellos, además de Laude Fernández, estaban las comunicaciones de Piedad Córdoba, Horacio Serpa, el entonces presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Eduardo Garzón; el expresidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández; el expresidente de Fecode Tarcisio Mora y los periodistas Roberto Posada García-Peña y Felipe Zuleta. Para ese instante de las interceptaciones, Fernández llevaba al menos dos años por fuera del organismo de inteligencia en cual se desempeñó desde 1989 a 1997. En esa época, en el mundo judicial se conocía a Fernández como uno de los hombres claves dentro del DAS durante los gobiernos liberales de César Gaviria y Ernesto Samper y como fuente de varios periodistas.

Uno de los agentes que fueron señalados de hacer parte de esta red de espionaje a la oposición fue el director del CTI de la Fiscalía, general (r) Luis Alberto Pérez Alvarán, quien en ese momento fue suspendido de la Dirección de Inteligencia del DAS, cargo que ocupó Fernández desde 1995 a 1997. Aunque el entonces mayor Pérez Alvarán estuvo preso de manera preventiva, este salió indemne del proceso judicial. Luego el alto oficial escaló a general y ocupó la Dirección Antinarcóticos de la Policía. Su reciente dimisión del ente investigador, la cual no ha confirmado el fiscal (e) Fabio Espitia, se da en medio de graves denuncias de malos manejos de las salas de interceptaciones de la Fiscalía. Hace casi un mes, el sindicato del CTI envió una denuncia al despacho del fiscal Espitia contra Pérez Alvarán, en la que señala que pudo haber irregularidades en las salas de interceptaciones por órdenes suyas y que por los presuntos hechos ilegales ya fueron trasladados 11 funcionarios que trabajaban en esas salas.

La cabeza del ente investigador afirmó que la renuncia de Pérez Alvarán no está relacionada de ninguna manera con el escándalo de “chuzadas” ilegales en el que se ha visto vinculada la Fiscalía en los últimos meses. “Le he dicho que requería un tiempo para analizarlo y que se quedara un poco más, pero me ha dicho que son razones netamente personales. Puedo decir enfáticamente que no tiene que ver con el escándalo de chuzadas”, dijo Espitia, quien también rechazó que haya recibido denuncias contra el general por presuntos seguimientos ilegales.

El caso Jaime Garzón

Hace exactamente un año, cuando se cumplían 19 años de la muerte de Jaime Garzón, la periodista Claudia Julieta Duque, una de las personas que por años se ha dedicado a investigar el crimen del humorista Jaime Garzón, señaló que la Fiscalía debía “mirar hacia adentro” si quiere esclarecer en su totalidad el caso del periodista y humorista asesinado en agosto de 1999. La investigación judicial arrojó que los autores del crimen fueron los paramilitares, sicarios de los grupos narcotraficantes y agentes del Estado, como Jose Miguel Narváez, exsubdirector del DAS a finales de los años noventa y condenado a 26 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá.

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“Si el fiscal general (Néstor Humberto Martínez) está diciendo que habrá resultados prontamente hay que pedirle y exigirle públicamente, y lo quiero hacer hoy aquí, que investigue al interior de la propia Fiscalía. Directamente yo señalo al jefe del CTI Pérez Albarán, quien era jefe de inteligencia del DAS cuando fue asesinado Jaime Garzón y quien estuvo preso por un escándalo de ‘chuzadas en el año 2000", dijo la periodista Duque en entrevista con Blu Radio. Añadió que existe un “nexo clarísimo” entre las esas interceptaciones ilegales y el asesinato de Jaime Garzón, pues estas eran usadas por José Miguel Narváez para presentárselas al exjefe paramilitar Carlos Castaño, quien resultó condenado por este crimen poco antes de ser desaparecido en 2004.

En julio de 2016, un juzgado especializado de Bogotá también condenó a Narváez a ocho años de prisión por las interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas, ONG y defensores de derechos humanos que se realizaron desde el DAS. Narváez fue hallado culpable por la creación del grupo clandestino de espionaje G-3 (una célula ilegal que operó dentro del DAS entre marzo de 2003 y noviembre de 2005), que se encargó de intimidar y enlodar a sectores de la izquierda en Colombia. En este proceso, el juzgado pidió que se compulsaran copias para investigar al expresidente Álvaro Uribe por estos hechos.

La relación de Pérez Alvarán y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez es de vieja data. En julio de 1995, cuando Martínez era ministro de Justicia de Ernesto Samper, logró la aprobación en el Congreso de la Ley Estatutaria de la administración de justicia. Esa misma noche en el capitolio explotó una bomba de diez kilos de dinamita. La detonación se dio cerca al Salón Boyacá donde se encontraba el ministro Martínez, quien fue protegido de la onda explosiva por su jefe de seguridad, el oficial de la Policía, Luis Alberto Pérez Alvarán. Este lo tumbó al suelo y luego se encargó de sacarlo del lugar. Cuando Martínez llego al búnker de la Fiscalía General, en septiembre de 2016, lo designó como director del CTI, una unidad del ente investigador clave dentro de las labores investigativas.

Ahora, este nuevo episodio de interceptaciones ilegales en el país, hechas esta vez desde la plataforma Esperanza de la Fiscalía (la que se usa para interceptaciones legales en el marco de investigaciones penales), pone de nuevo al general (r) Luis Alberto Pérez Alvarán y a Laude Fernández en el mismo escenario. Pero, a diferencia de lo ocurrido en 2000, esta vez Laude Fernández podría resultar siendo el victimario -cosa que él ha negado rotundamente-.

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