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En los juzgados de Paloquemao, un juez acaba de dejar en libertad al general retirado de la Policía, Humberto Guatibonza, quien es señalado por la Fiscalía General de hacer parte de una red criminal que, supuestamente, ofrecía servicios de interceptaciones de comunicaciones telefónicas y de Whatsapp (incluidos chats y llamadas), blindaje de equipos contra hackers, acceso a bases de datos y hasta registros de llamadas entrantes y salientes.
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En septiembre pasado, un juez le había negado la libertad argumentando que, en ese momento, solo habían pasado 194 días desde que Guatibonza fue capturado (no 240 como alegaba su defensa), entonces no se habían vencido los términos. Además, 92 días habían sido responsabilidad de la defensa. El oficial retirado de la Policía, dueño de la firma HG Consultoría, S.A.S, en su momento le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales".
El defensor de Guatibonza, Jorge Armando Otálora, señaló que el trabajo de la Fiscalía General en este caso a dejado muchas dudas. Desde diciembre de 2018 a marzo de 2019, el ente investigador presentó tres escritos de acusación y que a su vez, han sido devueltos por el juez del caso, debido a los errores que se cometieron en su elaboración. Uno de los argumentos que dio el defensor del exuniformado para que su juicio no haya empezado es que "la Fiscalía no ha facilitado todas las pruebas del caso a la bancada de la defensa".
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El escándalo de las chuzadas, en el que está vinculado el general (r) Humberto Guatibonza, estalló en septiembre del año pasado. Por estos hechos fueron capturados Guatibonza y otros oficiales, lo que causó un gran ruido en las filas de la Policía por la larga trayectoria del exoficial. En las diligencias que siguieron se conoció la pieza clave que vinculó a Guatibonza con el escándalo de "chuzadas": el testimonio del teniente coronel del Ejército, Jorge Humberto Salinas.
Este uniformado, tras ser capturado en agosto de 2018, fue interrogado por la Fiscalía como parte de lo que sería un intento de conseguir un acuerdo de cooperación con esa entidad. En la diligencia, el exoficial relató cómo se habrían realizado las actividades para interceptar a personas de alto nivel y reveló que Guatibonza era, supuestamente, uno de los asiduos socios de la red, de la que también participaba la hacker Maria Alicia Pinzón, quien desarrolló todo el software desde el que accedían ilegalmente a las comunicaciones.
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La hacker le dio acceso a las autoridades a las 175 carpetas en las que estaba toda la información recopilada ilegalmente para sus clientes. El coronel (r) Salinas habló después y explicó cómo comenzó la red y qué capacidad tenía. En medio de su proceso de colaboración con la justicia, ambos dijeron que Guatibonza era uno de los socios en sus negocios ilícitos.
Según la Fiscalía, a través de las empresas JHS Consultores, Quarkom, Global Log Security, VIP Security, A&G Seguridad y Humberto Guatibonza Consultoría S.A.S., los capturados crearon una empresa criminal en la que se ofrecían servicios de interceptaciones de comunicaciones telefónicas y de Whatsapp, acceso a bases de datos y hasta registros de llamadas entrantes y salientes. Todos estos servicios los vendían bajo la fachada de asesorías en seguridad.