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En la Corte Suprema, al parecer, están contemplando la posibilidad de declarar de lesa humanidad los casos de Jesús María Valle y las masacres de Ituango. Así lo reveló Blu Radio esta mañana. El Espectador, por su parte, confirmó que una decisión de ese calibre debe ser puesta a consideración de toda la Sala Penal, lo cual no ha ocurrido aún. Esta tarde, los nueve magistrados de dicha Sala deberán reunirse. Si el magistrado Bolaños va a presentar la propuesta, como afirmó Blu, ese será el espacio para hacerlo.
Pero, ¿por qué es importante que estos casos sean declarados de lesa humanidad? Tal como reveló este diario ayer, que se cumplían los 20 años del asesinato de Jesús María Valle, la familia del defensor de derechos humanos le pidió a la Fiscalía que lo declarara así el pasado 22 de febrero. Hacerlo implicaría que los tiempos de prescripción ya no aplicarían, y que las investigaciones podrían realizarse sin la presión de una fecha de vencimiento.
Para la familia de Valle, el hecho de que otros crímenes como el de Eduardo Umaña Mendoza, Jaime Garzón y la pareja de esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado hayan sido ya declarados de lesa humanidad es razón suficiente para pedir el mismo trato. Al fin y al cabo, tal como la propia Fiscalía ya ha descifrado, se trata de crímenes conectados: todos fueron ordenados por la casa Castaño y motivados, de una u otra forma, por agentes del Estado.
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La Fiscalía, por su parte, sacó un comunicado ayer dejando ver que el caso de Valle, por ahora, no será declarado de lesa humanidad. Según el organismo investigativo, hay dos circunstancias que no permiten hablar de impunidad en este proceso: la primera, que para los agentes de Estado el tiempo de prescripción en crímenes así es de 26 años, no de 20. Y la segunda, porque ya se han logrado siete condenas. Entre esas se cuenta la de Carlos Castaño, ya fallecido.
Sin embargo, si la Corte Suprema de Justicia decide declararlo de lesa humanidad -los jueces o la Fiscalía pueden hacerlo por igual-, quedaría claro que en este caso las investigaciones podrían reactivarse en cualquier momento. Lo mismo pasaría con las masacres de Ituango, una en El Aro y otra en La Granja, cuyo principal denunciante fue precisamente un local: Jesús María Valle.
Implicaciones para Uribe
Si la Corte Suprema toma esa determinación, eso significaría también que el expresidente Álvaro Uribe podría ser investigado en cualquier momento por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja. El hoy senador del Centro Democrático tiene indagaciones preliminares abiertas por su supuesta conducta omisiva para prevenir los crímenes mientras ejercía como gobernador de Antioquia.
Cuando las masacres se perpetraron, quien protestó con más fuerza por la falta de acción de la Gobernación de Antioquia fue Jesús María Valle. Amigos y familiares de Valle creen que esas denuncias le costaron la vida, hipótesis que Uribe siempre ha negado. Su abogado defensor, Jaime Granados, ha reiterado que no hay testimonios que lo vinculen con ese crimen.
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Tanto por el asesinato de Jesús María Valle como por las masacres de Ituango, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano. En ambas masacres, la Corte explicó que hubo omisiones por parte del Estado a la hora de proteger a los campesinos y de investigar lo sucedido. Por estos casos han sido condenados los exjefes paramilitares Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Ramiro Vano, así como el teniente (r) Everardo Bolaños y el cabo (r) Germán Antonio Alzate.
Según el Tribunal Superior de Medellín, en una condena emitida en noviembre del año pasado y conocida hace unas semanas, los ganaderos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, condenados a 30 años de cárcel por este caso, fueron los cerebros de las matanzas. El Tribunal explicó, que los dos hermanos también fueron responsables -aunque no de manera exclusiva- del asesinato de Jesús María Valle.
En estos tres casos hay un personaje clave sobre quien recaen todas las dudas, pero cuya responsabilidad penalya nunca podrá ser probada. Se trata del exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia de Uribe, Pedro Juan Moreno, un hombre muy cercano al político, al punto que fue vital para la campaña presidencial de 2002. Según las declaraciones que han rendido por lo menos 10 exparamilitares, Moreno estuvo detrás de los tres casos que podrían ser declarados como de lesa humanidad.
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Uno de los que habló en contra de Moreno fue Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Según la versión que confirmó ante la justicia, el exsecretario de Gobierno, que murió en un extraño accidente de helicóptero en 2006 cuando hacía campaña para llegar al Congreso, fue quien le ordenó al exjefe de la Oficina de Envigado que asesinara al abogado Valle.
Que estos casos se declaren de lesa humanidad podría ser un impulso esencial para que las investigaciones no mueran. Sin embargo, tampoco es garantía de que la impunidad no los cubrirá con su manto. Los procesos de Eduardo Umaña y la pareja Calderón Alvarado, por ejemplo, han estado congelados en el tiempo y poco o nada han avanzado. Si estas declaratorias realmente significan algo depende de la voluntad de la justicia.