Caso del exmilitar que violó a menores no es competencia de la JEP: organizaciones

Subteniente Raúl Muñoz Linares. / David Campuzano

En octubre de 2010 el subteniente del Ejército Raúl Muñoz Linares abusó sexualmente de dos niñas de 13 y 14 años, asesinó a una de ellas, y a sus dos hermanos de 9 y 6 años, a machetazos, en zona rural de Tame (Arauca). El hecho que conmocionó al país le significó una condena de 60 años al uniformado que solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) información sobre cómo acogerse a esa justicia especial.

Los reparos ante la mera posibilidad no tardaron en llegar. La organización de derechos humanos Humanidad Vigente aseguró que el caso por el que fue procesado Muñoz Linares no tiene ninguna relación con el conflicto. “Violar y asesinar niños indefensos y en situación de vulnerabilidad, no es una acción de combate, ni representa una ventaja militar, y por el contrario, son población civil y sujetos de especial protección según las normas básicas del DIH y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, indicó.

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“La investidura militar al momento de la comisión de los hechos no configura ningún tipo de nexo con el conflicto armado”, agregó Humanidad Vigente al recordar que los fallos contra el militar dejaron claro que Muñoz se apartó de su deber constitucional y legal de protección a la vida, integridad y honra de los niños y niñas. En ese sentido, indicó la organización que si la petición llega a prosperar en la JEP se afectarían gravemente los derechos de las víctimas.

“Consideramos que esta solicitud de acogimiento ante la JEP por parte del subteniente Muñoz Linares, es una maniobra para buscar beneficios a los que no tiene derecho, entre ellos, la disminución de la pena y el otorgamiento de la libertad. Ninguna manifestación de su parte ante la JEP podría contribuir a establecer la verdad de los hechos, pues ésta ya se probó plenamente ante las instancias judiciales competentes, en las que se le otorgaron todas las garantías para su defensa”, señaló.

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De acuerdo con la justicia está debidamente probado que el uniformado se encontraba en la zona cuando comandaba la patrulla Buitres, adscrita a la Brigada Móvil 5. Fue descrito como un agresor sexual organizado que sabía con precisión lo que estaba haciendo y los testimonios de varios soldados que hacían parte del escuadrón sirvieron para declarar al militar responsable del homicidio y de las violaciones. Afirmaron que el 2 y el 14 de octubre, Muñoz se evadió del campamento que habían establecido y que regresó varias horas después agitado. Incluso en una de esas oportunidades pidió que lo raparan totalmente para cambiar su fisionomía.