Caso“fracking”: la estrategia del Gobierno contra una prueba clave

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A instancias del Consejo de Estado avanza el proceso que busca definir si la polémica técnica de extracción petrolera puede hacerse en el país. Ante dos informes presentados por la Universidad Nacional, pedidos por el despacho como prueba, el Gobierno respondió con seis peritajes propios. El dilema es si podrán ser tenidos en cuenta en el expediente.

El proceso judicial que definirá si el fracking se podrá hacer o no en Colombia para extraer hidrocarburos en yacimientos no convencionales, que avanza en el Consejo de Estado, se concentra actualmente en la legalidad de una de sus pruebas claves. Se trata de un dictamen solicitado de oficio a la Universidad Nacional para que expertos respondieran siete grandes preguntas alrededor de la cuestionada técnica, que está suspendida a instancias de este caso. El resultado quedó consignado en dos documentos que tienen conclusiones diferentes sobre si es posible o no mitigar los riesgos que genera la técnica, que fueron presentados en audiencia públicala semana pasada.

Aunque la diligencia no ha terminado, el Gobierno llegó a ella con una estrategia lista para controvertir los documentos: presentó su propio dictamen, elaborado por seis expertos y, luego, de manera separada, Ecopetrol, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentaron una “objeción por error grave” contra el dictamen de la Universidad Nacional, pidiendo que no sea tenido en cuenta por el Consejo de Estado porque no es un solo documento, sino dos, con exposiciones diferentes. Se trata de un documento de 460 páginas elaborado por seis profesionales (dos politólogos, una licenciada química, una médica, un geólogo y un ingeniero civil). Y otro de 177 páginas de dos ingenieros de petróleos y un geólogo.

Los informes respondieron preguntas sobre los riesgos potenciales que tiene la técnica, el debate a nivel científico, los posibles beneficios y riesgos de usarla a nivel económico y social, y sus impactos en materia de servicios públicos y recursos naturales, entre otros. Aunque ambos documentos coinciden en exponer que la regulación colombiana no contempla los riesgos asociados con el fracking, difieren en si se pueden mitigar o no. El informe mayoritario afirma que “no es posible regular y vigilar adecuadamente una técnica que involucra tantas incertidumbres a corto plazo y aún más grave, a largo plazo, incluso después de que las compañías abandonen las áreas de exploración y explotación”.

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Y asegura que no hay en las normas que se demandaron (dos resoluciones) consideración ni de los riesgos ni de los daños en ecosistemas, fuentes hídricas, contaminación de aguas, suelos y aire, ni afectaciones a la salud humana, de animales y fauna silvestre, ni en las comunidades por ruido o altos costos. En ese sentido, el peritaje señala que no hay ninguna garantía de que los operadores identifiquen todos los riesgos que hay ni de que formule planes de manera adecuado, y afirma que se debe prohibir el uso de compuestos contaminantes en actividades de explotación.

El otro documento, el más corto, expone igualmente los riesgos, pero considera que las normas que revisa el Consejo de Estado sí buscan mitigar los riesgos de contaminación de las fuentes hídricas o los asociados con la sismicidad inducida, aunque dejan por fuera aspectos claves, por lo que una adecuada reglamentación necesitaría un trabajo mancomunado. El texto dice que el rol de la ingeniería es garantizar que los riesgos sean manejables, por lo que propusieron incluso la creación de un organismo estatal que tenga bajo su responsabilidad todo el tema de hidrocarburos, y recomendaron hacer proyectos pilotos de investigación, como lo hizo la Comisión de Expertos que citó el Gobierno sobre el fracking en 2019.

En recursos conocidos por El Espectador, la ANH, Ecopetrol y el Ministerio de Minas aseguraron que esos informes, por ser dos textos separados, no pueden considerarse como el dictamen pericial de la Universidad Nacional ni como prueba en el expediente. Y objetaron el primero de ellos por no contar con expertos en ingeniería de petróleos, por ejemplo. El Ministerio aseguró que, producto de esa “indebida conformación” de los expertos que rindieron el informe, se habría generado una confusión entre los alcances de la técnica de fracking al denominarse así a las operaciones en yacimientos no convencionales, pero en fracturamiento vertical y no horizontal (que sí es fracking), entre otros.

Las objeciones de la ANH aseguran que solo el documento presentado por tres peritos abordó las preguntas que hizo el Consejo de Estado desde el conocimiento específico de la industria y afirma que la Universidad Nacional no debió ser la llamada a presentar el informe porque, supuestamente, uno de sus grupos de estudio había apoyado a la parte demandante. Para la agencia, además de supuestas confusiones en la definición de la técnica, el dictamen mayoritario está lleno de contradicciones: “Las conclusiones propuestas carecen de suficiencia técnica y no pueden ser tenidas en cuenta pues su abierta contradicción interna y su deficiencia técnica no permiten allegar al proceso un conocimiento técnico y científico que permita esclarecer los hechos objeto de duda o desconocimiento científico”.

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La ANH, además, hace un cuadro comparativo de ambos informes para resaltar sus contradicciones, por lo que, en principio, no podrían ser tenidos en cuenta como un solo dictamen de la Universidad Nacional. Es así, argumentan, porque el informe más largo precisa los riesgos y experiencias negativas de hacer fracking, mientras el segundo, aparte de enumerar los mismos riesgos, enfatiza en la posibilidad del desarrollo técnico de la industria petrolera que permita contemplar y mitigar los riesgos. Para la ANH, “el informe rendido por el grupo de seis expertos de 460 páginas incurrió en errores de fundamentación técnica y científica, principalmente por indebido uso del concepto de fracking y la ausencia de valoración de las condiciones de los riesgos referidos en el documento, lo cual afecta en tal grado las conclusiones que resulta invalido como prueba pericial”.

Las objeciones quedaron en manos del magistrado Ramiro Pazos, quien lleva este expediente y quien el pasado 14 de agosto dio validez a que el dictamen que solicitó de oficio estuviera compuesto por dos informes diferentes, ya que, según lo manifestado por los expertos, “no fue posible entre ellos -desde sus respectivas ópticas profesionales- llegar a un acuerdo unánime sobre las diversas materias sobre la cuales se les pidió su concepto, de ahí que optaran por allegar dos documentos distintos. Bajo este panorama, no encuentra el despacho motivos para considerar que se desconoció la norma invocada por el recurrente como incumplida”.

Para abogados de la Alianza Colombia Libre de Fracking, las objeciones a este dictamen sí proceden, por lo que el despacho del magistrado Pazos deberá resolver sobre ellas. No obstante, en su criterio, no es procedente la petición que hizo el Ministerio de Minas, en conjunto con Ecopetrol, de que sean incorporados como prueba a estas alturas del proceso, el contradictamen con el que llegaron a la audiencia de la semana pasada. Se trata de informes separados elaborados por el médico Diego Andrés Rosselli, el economista Andrés Escobar, el geólogo José María Jaramillo, el ingeniero de petróleos Édgar Aguirre, el ingeniero sanitario Darío Naranjo Fernández y la licenciada química Yurani Carvajalino.

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“Rogamos al despacho y a la Sección Tercera del H. Consejo de Estado que se agregue esta prueba al proceso y se valore conforme al mérito probatorio que a la misma corresponda, destacándose al respecto que el propósito de este informe multidisciplinario es demostrar que el dictamen pericial rendido por la Universidad Nacional carece de eficacia probatoria y, por ende, no podrá ser considerado, valorado ni servir de fundamento para tomar una decisión en derecho en el marco del presente proceso judicial”, dice la petición firmada por Edinson Zambrano, apoderado del Ministerio de Minas, y Enrique Gil, abogado de Ecopetrol.

Los documentos tienen estructuras diferentes, pero, en general, responden a las preguntas iniciales que realizó el Consejo de Estado a la Universidad Nacional. Y luego, algunos, añaden respuestas a contrapreguntas hechas a cada perito por Ecopetrol. Así, por ejemplo, el informe presentado por Darío Naranjo Fernández está encabezado como una “asesoría para Ecopetrol”, está fechado el pasado 16 de septiembre y dice que se trata de una asesoría que se basa “en la revisión y análisis de información técnica, científica y normativa, citada y referenciada en los contenidos, y presenta las respuestas a un conjunto de contrapreguntas asignadas como experto sanitario por Ecopetrol”.

En el mismo quedaron detalladas las contrapreguntas que Ecopetrol le hizo al perito como, por ejemplo, si los riesgos asociados con el fracking son inherentes al desarrollo de otra actividad industrial distinta a la producción de hidrocarburos, cuáles son los riesgos diferenciados entre actividades convencionales y las no convencionales y las diferencias entre riesgos e impactos ambientales, así como preguntas sobre la evolución de la reutilización de fluidos en los yacimientos no convencionales, las rutas de migración del fluido de retorno, entre otras. Por ahora, el Consejo de Estado deberá programar la continuación de la audiencia en la que se están presentando los informes de la universidad, para luego decidir si toma o no como prueba estos peritajes.

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¿Qué dice el contradictamen?

El reporte entregado por Andrés Escobar Arango repara en que el informe mayoritario de la Universidad Nacional no explica de manera detallada las conclusiones a las que llega, en general, no presenta un análisis del costo social que implicaría que el sector de hidrocarburos deje de generar los recursos que hoy da al Estado y que tampoco expone los beneficios que tiene la explotación de yacimientos no convencionales. Así, señala que perder la autosuficiencia en gas y combustibles líquidos llevaría a tener que importarlos, lo cual sería muy costoso y reduciría la capacidad de importar otros elementos de producción. Y asegura que hacer fracking tendría otro tipo de beneficios como la generación de empleo.

“En recursos como el trabajo, cada pozo productor crearía 50 empleos (…) Habría amplia demanda para las industrias de transporte, tanques de almacenamiento, motores y bombas de alta potencia, grúas, lodos de perforación, tubería de revestimiento y taladros. (…) Si no se reemplazan las reservas de hidrocarburos y la producción de petróleo de los campos actuales, Colombia con una probabilidad no despreciable se acercará en algún momento de los próximos diez años al punto de pérdida de autosuficiencia petrolera”, dice el documento.

“En un escenario en el que se decidiera prescindir de los recursos que generaría la explotación de yacimientos no convencionales, sin contar, como ya se ha dicho en múltiples oportunidades en este dictamen, con fuentes de ingresos sustitutas en el corto y mediano plazos, podría decirse que el proceso de transición energética tardará más tiempo, en la medida en que dicho proceso requiere parcialmente de recursos fiscales para su financiación, los cuales se verían seriamente afectados”, agregó.

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El documento del ingeniero químico Darío Naranjo Fernández hace una detallada revisión bibliográfica del asunto para responder concretamente que hay riesgos asociados a la actividad en yacimientos no convencionales en cuanto a sismicidad inducida y migración de fluidos en la producción y migración de aguas de producción, así como para la salud humana, sin hacer recomendaciones específicas. Y detallando las prohibiciones que tienen las normas actuales para asuntos claves como los vertimientos de algunas de producción y fluido de retorno en YNC a cuerpos de aguas superficiales y al alcantarillado.

Naranjo precisó que la reglamentación actual necesita cambios para incluir precisiones para las etapas de exploración y explotación por separado. “No obstante, dada las particulares características de las aguas de producción y fluido de retorno de yacimientos no convencionales, esta normatividad debería ser actualizada para considerar su vertimiento, pues cuando se redactó la fracturación hidráulica no hacía parte de las actividades en la industria de hidrocarburos”, señaló. El experto además explicó que la normatividad colombiana está desconectada y es dispersa. “Así, no se pueden considerar como manejables todos los riesgos asociados a las operaciones de fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales analizando exclusivamente el marco normativo presentado”, dijo.

El ingeniero y geólogo José María Jaramillo solo respondió en su dictamen las preguntas originales del Consejo de Estado explicando los puntos sobre los cuáles hay controversia respecto al fracking como la contaminación de agua o sismos, reparando en que pueden ser mitigados con buenas prácticas y monitoreos constantes: “La posibilidad de que al inyectar fluidos por un tubo se contamine algún acuífero existente entre la superficie y el yacimiento existe, pero si el proceso se realiza con buena ingeniería y ética este riesgo es prácticamente cero, ya que como se dijo antes la buena práctica de la ingeniería, manda que antes de inyectar el fluido a presión se realicen pruebas a la tubería que garanticen que no hay rupturas”.

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“Los efectos del fracking sobre el medio ambiente, áreas protegidas, aguas subterráneas, calidad del aire, y otros, no son muy diferentes de los causados hoy en día por la actividad exploratoria y de producción de hidrocarburos, actividad que tiene más de 100 años de existencia. Hay sin duda muchos aspectos de esta actividad, sobre todo prácticas antiguas, cuando se tenía poco cuidado con el medio ambiente y se causaron serios impactos sobre fuentes de agua, ciénagas y ríos, especialmente en la primera mitad del siglo XX. (…) En el país se hace fracking en pozos verticales desde 1950 y hasta hoy no existe un informe del Ministerio de Minas, del Ministerio del Medio Ambiente o del Servicio Geológico Colombiano sobre algún impacto negativo de esa actividad específica, que se ha hecho bien”, agregó.

El médico Diego Andrés Rosselli, al responder las contrapreguntas del gobierno, detalla los posibles riesgos que ha identificado al comunidad científica a la salud humana y al agua, señala que no hay una norma técnica sobre la distancia mínima que debe haber entre viviendas y plataformas para hacer fracking y señala que “los trabajadores del sitio o plataforma de fracking pueden estar expuestos a hidrocarburos o destilados del petróleo, tales como benceno, tolueno, etilbenceno o xilenos y compuestos alifáticos”.

Rosselli señala que sustancias como acetaldehído y naftaleno son posibles cancerígenos, al igual que algunos destilados del petróleo, y resalta que “al ser el fracking una técnica relativamente nueva, no hay estudios a largo plazo que permitan establecer relaciones de causalidad entre esta actividad y desenlaces crónicos negativos para la salud humana. No obstante, con la evidencia disponible tampoco es posible afirmar que el uso de las técnicas no convencionales de extracción de hidrocarburos no represente riesgos de salud pública”.

El ingeniero de petróleos Édgar Aguirre igualmente responde una serie de contra preguntas y en su informe enfatiza en que el debate actual sobre el fracking, “cuando no es mal intencionado y esta soportado técnicamente, acepta que hay posibles riesgos identificados y que hoy en día sus impactos son todos mitigables, prevenibles y controlables si se requiriera”. “Los argumentos de quienes se oponen al fracking se basan en algunas fallas que se cometieron en la fase inicial de esta práctica y no en los adelantos técnicos y altos estándares que se han logrado durante los más de 20 años en los que esta técnica se ha venido desarrollando y utilizando masivamente en los Estados Unidos y en otros países”.

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“El tema es el fracking, pero las respuestas de la UNAL se dedican a tratar temas que nada que ver con una actividad que todavía no se ha iniciado en Colombia, se quedaron en un pasado con las frases de cajón de que los beneficios económicos son para unos pocos, no les importa la participación del estado que puede ser del orden de 70% ni la participación de la industria en la economía del país”, apuntó el experto quien, más adelante, afirma que los ni los beneficios económicos o la autonomía energética deben ser los factores decisorios para aprobar o no el fracking, sino el “conocimiento técnico que permita concluir que no hay riesgos reales que no se puedan manejar con un adecuado control operacional”.

La ingeniera química Yurany Carvajalino Ardila señaló por su parte que el fracturamiento hidráulico es una técnica madura y conocida que viene realizándose desde 1947 en Estados Unidos y que, desde 2010, se han hecho más de un millón de trabajos de fractura en yacimientos no convencionales, usando sistemas de fluidos que cada vez más buscan ser amigables al medio ambiente. “Actualmente para las fracturas en YNC, existen 3 tipos de sistemas de fluidos de fractura (…) todos los productos están referenciados por la EPA con sus respectivas concentraciones. Ningún sistema ha sido catalogado como tóxico”, indicó. Luego, asegura que el fluido de fractura entrelazado, que es el que contiene más productos químicos comparado con los otros fluidos normalmente utilizados, son sistemas biodegradables.

“La tecnología en el mejoramiento de los fluidos de fractura es evidente, su tendencia a ser amigable con el medio ambiente es demostrable. Actualmente el nivel de biodegradabilidad es del 68% y se espera alcanzar un 75% en el corto plazo, pero es importante resaltar que la OCDE, define que un sistema o producto es biodegradable con 60%. Además, hoy en día con estas certificaciones es posible conocer con anticipación el grado de biodegradabilidad de los fluidos a bombear. Los 2000 productos tóxicos que se mencionan en el informe pericial en cuestión es una afirmación incorrecta”, agregó.

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