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"Central, creí que tenía un arma": este mensaje alertó a toda la Policía Metropolitana de Bogotá en la fría noche del 19 de agosto de 2011. Con voz entrecortada y bastante nervioso el patrullero Wilmer Antonio Alarcón alertaba a sus superiores sobre los hechos que se habían presentado minutos antes en la calle 116 con avenida Suba. En confusos hechos le disparó a un joven por la espalda.
Debido a la gravedad de la herida el joven Diego Felipe Becerra Lizaazo tuvo que ser trasladado a la clínica Shaio en el occidente de la capital de la República. Desde ese momento, según la Fiscalía General, se empezó a entretejer entre los altos oficiales de la Institución un plan para ocultar lo que allí había pasado realmente. La orden fue clara y contundente: se debía conseguir un arma de fuego a como diera lugar.
Dos subintendentes fueron los encargados de obtener el arma de fuego en el “mercado negro”. Luego la trasladaron al CAI del barrio Alhambra, ubicado a pocas cuadras del lugar donde se habían presentado los hechos y el cual ya había sido demarcado por las autoridades. Fueron hasta el humedal Córdoba y la dispararon en una oportunidad.
Luego la trasladaron hasta el lugar y la ubicaron de manera estratégica. El encargado de esto, según la investigación, fue el abogado de la Policía Héctor Ruiz. Luego se creó la historia: el joven de 16 años le había apuntado al uniformado quien en un “acto de legítima defensa” respondió el intento de agresión.
Becerra Lizarazo murió debido a la gravedad de la herida. En el centro médico hacían presencia varios uniformados quienes inmediatamente informaron la delicada situación a sus superiores. A pocas cuadras se creaba una historia destinada a desviar la atención y afectar el curso de la investigación que se iba a iniciar.
Un conductor de bus de servicio público fue presentado por la misma policía ante los medios de comunicación. Él, según su narración, había sido víctima de un atraco por parte del joven de 16 años y otros tres compañeros cuando se movilizaba por la avenida Suba. Hecho por el cual dio aviso a las autoridades.
El pacto de silencio
En la madrugada del 20 de agosto de 2011 un grupo de uniformados se encontraron en la estación de Policía de la localidad de Suba. Todos hicieron parte del montaje que se gestionó para ocultar la verdad. En ese momento se hizo un pacto de secreto entre los presentes para no contar a nadie lo ocurrido esa noche.
Entre los presentes se encontraban coroneles de la Policía, mandos medios y bajos de la Institución que tenían algo en común: de manera directa o indirecta habían tenido conocimiento sobre el plan orquestado proteger al patrullero Alarcón. En el pacto se acordó contar la misma historia, el que la cambiara tendría que asumir las consecuencias.
Pese a que en un principio la mirada se dirigió al patrullero Alarcón y a dos de sus superiores inmediatos, con el tiempo la lista a aumentado y se amplió a 28 uniformados y tres particulares. Después de cuatro años de registrados los hechos, 13 personas están privados de su libertad y uno recuperó su libertad hace poco.
37 meses tuvieron que pasar para que se inicie el juicio en contra del patrullero por el delito de homicidio agravado. Los otros procesados por la manipulación de la escena del crimen se encuentra en etapa preparatoria, y por lo que ha sido considerada por la parte civil como “maniobras dilatorias” se podrían extender hasta el próximo año.
Este miércoles se conmemoran cuatro años de los hechos. Para los familiares del joven grafitero continúa la posición de la Policía para ocultar las pruebas, amenazas los testigos y tergiversar la activa participación de oficiales y suboficiales en el entramado que quiso presentar a Becerra como un delincuente.