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La exjueza Ligia del Carmen Hernández fue condenada por el Tribunal de Bogotá a 25 meses de prisión por recibir un soborno del hombre que tuvo por un cuarto de siglo el monopolio de la venta de carros Hyundai: Carlos Mattos. La exfuncionaria recibió varias entregas de dinero en cajas de zapatos luego de que en su despacho se decidiera un pleito entre el empresario colombo-español y la competencia que le apareció en el paisaje cuando la compañía de automóviles decidió hacer negocios con un nuevo distribuidor en Colombia.
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La exjueza Hernández aceptó desde el comienzo haber recibido dinero del empresario y por esto el Tribunal solo la condenó a 25 meses y 18 días de prisión por el delito de cohecho impropio. Y, aunque su abogado pidió que le dieran casa por cárcel, los magistrados negaron la solicitud y, además, inhabilitaron a Hernández para ejercer cargos públicos durante cuatros años, tres meses y 6 días y le impusieron una multa de 28 salarios mínimos (alrededor de $21 millones).
La propia exfuncionaria judicial admitió, cuando fue formalmente vinculada al proceso en febrero de este año, que recibió “nada más” $100 millones en efectivo que supuestamente Mattos después de tomar una decisión que lo favoreció. Aunque después de que fue llamada a juicio, Hernández intentó retractarse de haber aceptado los cargos, el Tribunal dejó en firme el proceso, logrando una condena seis meses después de que iniciara la investigación en su contra.
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El expediente que llevó a la exjueza Hernández a la cárcel por los próximos dos años ha sido llamado el caso Hyundai y se remonta a 2015, cuando la casa matriz de esa empresa en Corea del Sur le quitó el monopolio de la distribución de esta marca a Mattos y se lo entregó al grupo ecuatoriano Eljuri, a través de su filial Neocorp. El empresario no se quedó quieto y demandó en Colombia, buscando que los carros Hyundai solo pudieran ser vendidos en el país a través de su compañía.
En abril de 2016, el entonces juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas, ordenó como medida cautelar que solo Mattos podía hacer negocios con la matriz en Corea mientras se definía la demanda contra la multinacional. El pleito parecía solucionado en noviembre de 2016, cuando Mattos y Neocorp anunciaron que habían llegado a un acuerdo. A Mattos lo indemnizaron, como pedía, aunque se desconoce la cifra y Neocorp retomó la compraventa de autos Hyundai.
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Las cosas se habían quedado de ese tamaño hasta que, en enero de 2018, la Fiscalía hizo público que existió una manipulación en el sistema de reparto en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá, para asegurarse de que la demanda le llegara al juez Huertas. El escándalo creció con la captura e imputación de por lo menos siete funcionarios de la Rama Judicial, quienes aceptaron haber direccionado el expediente hasta el despacho del juez sexto.
El nombre de la exjueza Hernández apareció en el expediente cuando uno de los abogados de confianza de Mattos, Luis David Durán, fue capturado. Dagoberto Rodríguez, exfuncionario de los juzgados civiles, aseguró que Durán lo llamaba constantemente para concretar reuniones en las que Mattos, al parecer, le entregó el dinero para que este se lo entregara a la exjueza Hernández.
En una de esas reuniones, que se dio en el carro de Durán también estaba también Mattos, según reveló el ente investigador en una de las diligencias. A pesar de que, según la Fiscalía, hubo por lo menos cinco entregas de dinero, las graves fueron por lo menos dos, durante las cuales la jueza Hernández todavía tenía en su poder el caso de Mattos en contra de Hyundai.
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Mattos se encuentra libre en España mientras avanzan los dos procesos que tiene en Colombia por este caso y siempre ha negado haber sobornado para quedarse con el millonario monopolio que amasó por más de 25 años. Sin embargo, en el llamado “caso Hyundai” la mayoría de involucrados, desde el abogado de Mattos, Luis David Durán, hasta los funcionarios judiciales que recibieron dinero para torcer decisiones en favor del empresario, han aceptado cargos.