Caso Hyundai: los argumentos con los que piden (de nuevo) la libertad del abogado Alex Vernot

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Naciones Unidas ya dijo que se trata de una detención “arbitraria” y según la defensa, le aplica, además, la libertad por vencimiento de términos.

La defensa del abogado y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Alexandre Vernot, solicitó una vez más que sea dejado en libertad. Vernot está en prisión preventiva mientras inicia el juicio en su contra porque habría sobornado a un abogado en el marco del llamado caso Hyundai. El abogado acudió hace unos meses al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (ONU) porque considera que la Fiscalía no ha sido imparcial en su caso. La instancia internacional le dio la razón en septiembre de este año y le recomendó al Estado colombiano “adoptar las medidas necesarias para remediar la situación”, pero Vernot sigue en la cárcel.

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Por eso, el pasado martes ante un juez de control de garantías, luego de agotar otros recursos como el habeas corpus, que fue negado, la defensa de Vernot solicitó que fuera dejado en libertad. Aunque esta petición ya ha sido negada en el pasado, en esta oportunidad hay nuevos elementos: el pronunciamiento de la ONU y que, según la defensa, hay lugar a libertad por vencimiento de términos. En la novela del caso Hyundai, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias cuestionó el papel de la Fiscalía que presidía Néstor Humberto Martínez, quien fue apoderado de uno de los protagonistas del caso: el empresario Carlos Mattos.

En 2015, cuando la empresa surcoreana de automóviles Hyundai cortó con el empresario una relación comercial exclusiva de más de 25 años, Mattos recurrió al camino judicial para evitar el divorcio y, al parecer, repartió sobornos hasta en cajas de zapatos para que todas las demandas y recursos salieran a su favor. Vernot entró a escena porque, entre los primeros detenidos cuando estalló el caso, estaba otro abogado y cercano amigo de Mattos, Luis David Durán. Según la Fiscalía, Vernot le ofreció USD$2 millones de dólares a Durán para que no colaborara con la justicia, aunque finalmente lo hizo, cuando firmó un preacuerdo con el ente investigador a cambio de beneficios judiciales en su proceso.

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Vernot, por su parte, siempre ha negado tal ofrecimiento y ha denunciado, desde un comienzo, un supuesto conflicto de intereses del exfiscal Martínez en el caso. Finalmente, en mayo de 2018, el entonces fiscal general se declaró impedido. Sin embargo, según se lee en el documento de la ONU, “El Grupo de Trabajo considera que hay elementos suficientes para creer que, desde la perspectiva de un observador razonable, toda la estructura orgánica de la Fiscalía pudo haber actuado en beneficio de los intereses de la persona impedida”.

Según los abogados, las recomendaciones del Grupo de Trabajo no son “órdenes” que tenga que acatar el juez, pero sí debería velar porque cese la vulneración de los derechos fundamentales de Vernot. En principio, como la detención fue hallada “arbitraria” por la instancia internacional, la defensa de Vernot radicó un habeas corpus para pedir su libertad. Sin embargo, el recurso fue declarado improcedente en primera instancia por el juez séptimo de familia, que consideró que el guante de las recomendaciones le caía al gobierno y no a la justicia, y en segunda instancia por la Sala de Familia del Tribunal de Bogotá, que consideró que la exposición debía llevarse al juez que llevaba el caso de Vernot.

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Fue así como aterrizó la petición en los juzgados de Paloquemao, donde la defensa pidió: o que se revoque la decisión de enviar a Vernot a prisión preventiva, dada la “arbitrariedad” de la Fiscalía que ya advirtió un organismo internacional e imparcial; o que se le conceda la libertad por vencimiento de términos, por un supuesto exceso al “plazo razonable” respecto del tiempo que ha pasado para que inicie su juicio.

Según explicaron los propios abogados de Vernot, si bien el Comité de Derechos Humanos de la ONU (al que está adscrito el Grupo de Trabajo) no puede administrar justicia, sus recomendaciones sí deben ser acatadas porque responden tanto a obligaciones internacionales de Colombia, como al principio de que todos los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución. Por ello, uno de los abogados del excandidato a la Alcaldía le dijo al juez que la libertad de Vernot se ajustaba a la Carta Política y “quien obedezca a la Constitución no está jamás en riesgo de prevaricar”.

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Asimismo, en caso de que el juez se negara a otorgarle la libertad por las recomendaciones de la ONU, queda el otro camino: el vencimiento de términos. Como es un caso de corrupción, el juicio contra Vernot debió comenzar en los 240 días siguientes a la radicación de su escrito de acusación. Sin embargo, según sus abogados, han pasado más de 300 días. Quitándole a ese número las reprogramaciones y tiempos adicionales que ha solicitado la defensa de Vernot, el número seguiría por encima de lo que dispone la ley, con lo cual el excandidato a la Alcaldía debería quedar en libertad.

El juez de garantías al que le correspondió estudiar toda esta controversia anunció el pasado martes que no daría su decisión de inmediato, por tratarse de un tema tan complejo. Luego de que la Fiscalía se opusiera y el Ministerio Público expresara que comparte algunos argumentos de la defensa de Vernot, el togado señaló que decidirá si concede o no la libertad este viernes 25 de octubre.

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