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El juez 61 de control de garantías de Bogotá avaló la petición de la Fiscalía General e impuso una medida restrictiva para salir del país en contra del empresario Víctor Maldonado Rodríguez, procesado por su participación en las actividades ilegales que se realizaron en el Fondo Premium de la comisionista de bolsa, InterBolsa S.A.
El funcionario judicial consideró que existe un antecedente del empresario para evadir a la justicia cuando en febrero de 2015 viajó con rumbo a España argumentando falta de garantías procesales. Esto pese a que sabía que existía una citación en su contra para una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Esto aprovechando su nacionalidad extranjera. "Si hubo una actitud elusiva de Maldonado, que se enfrentó a la autoridad colombiana. Da muestras de que podría ser posible que quiera evadir la acción de la justicia a través de medios convencionales para salir del pais". Esta actuación obligó a que se ordenara su captura.
El juez de garantías le ordenó a las autoridades carcelarias adelantar los trámites para que el procesado cuente cn un mecanismo de vigilancia electrónica. La defensa de Maldonado presentó recurso de apelación considerando que su cliente se ha comprometido a cumplir con las citaciones de las autoridades judiciales y comparecer al juicio.
Maldonado, procesado por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro, es considerado por la Fiscalía como el “cerebro” de las actividades ilegales que se adelantaron durante años en la comisionista de bolsa, considerada en su momento la más grande e importante del país.
En marzo está programada la continuación de la audiencia preparatoria en contra de los implicados en el descalabro del Fondo Premium de InterBolsa. Maldonado, quien se encuentra en la cárcel La Picota desde noviembre de 2015 después de ser extraditado desde España, se ha declarado inocente de los delitos imputados por la Fiscalía General.
Según la investigación de la Fiscalía el deudor del Fondo Premium de InterBolsa habría tenido conocimiento directo del uso indebido que se le dio al dinero de los inversionistas sin su consentimiento para adelantar diferentes actividades bursátiles y la realización de negocios personales.
"Los que recogen el dinero de los inversionistas no tienen derecho a apropiarse de ellos para defraudar a la colectividad como ocurrió en este caso", precisó en la audiencia de imputación de cargos la fiscal del caso. Para el ente investigador se presentó un detrimento patrimonial cercano a los 64 millones de dólares, en el cual se vieron afectados 1.028 inversionistas.