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El juzgado 47 de conocimiento ordenó retirarle el brazalete electrónico al empresario Víctor Maldonado Rodríguez, procesado por su presunta participación en el descalabro del Fondo Premium de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A. En decisión de segunda instancia también se tumbó la restricción para salir del país.
El despacho judicial tumbó las determinaciones emitidas el pasado 13 de enero por un juez de control de garantías que determinó que debidoa sus antecedentes el empresario debía tener vigilancia electrónica y no podía salir de Colombia. Esto debido a su actuar en 2014 cuando viajó a España argumentando que no tenía garantías judiciales en el país.
En esa misma determinación se ordenó la libertad de Maldonado al considerar que se presentó un vencimiento de términos en el proceso que se adelanta por su presunta participación y conocimiento en los hechos que se adelantaron en el Fondo Premium de InterBolsa mediante el uso indebido del dinero invertido por un grupo de personas para obtener ganancias.
Maldonado, procesado por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro, es considerado por la Fiscalía como el “cerebro” de las actividades ilegales que se adelantaron durante años en la comisionista de bolsa, considerada en su momento la más grande e importante del país.
En marzo está programada la continuación de la audiencia preparatoria en contra de los implicados en el descalabro del Fondo Premium de InterBolsa. Maldonado, quien se encuentra en la cárcel La Picota desde noviembre de 2015 después de ser extraditado desde España, se ha declarado inocente de los delitos imputados por la Fiscalía General.
Según la investigación de la Fiscalía el deudor del Fondo Premium de InterBolsa habría tenido conocimiento directo del uso indebido que se le dio al dinero de los inversionistas sin su consentimiento para adelantar diferentes actividades bursátiles y la realización de negocios personales.
"Los que recogen el dinero de los inversionistas no tienen derecho a apropiarse de ellos para defraudar a la colectividad como ocurrió en este caso", precisó en la audiencia de imputación de cargos la fiscal del caso. Para el ente investigador se presentó un detrimento patrimonial cercano a los 64 millones de dólares, en el cual se vieron afectados 1.028 inversionistas.