Caso Lara Bonilla puede ser de lesa humanidad: Fiscalía

Nunca estuvo la justicia tan cerca de descifrar el crimen de Rodrigo Lara como con la investigación hecha por ese funcionario judicial.

El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984.
El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984.

No ha existido expediente más sólido alrededor del magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla que aquel que elaboró el juez boyacense Tulio Manuel Castro Gil. Han pasado 28 años y 6 meses desde que el entonces ministro cayó por las balas sicariales y, sin embargo, la justicia no ha logrado más que la condena de dos autores materiales. Uno de ellos es Byron Velásquez Arenas, que apenas contaba con 16 años de edad cuando cometió el crimen; fue él quien jaló el gatillo, por lo cual resultó condenado a 21 años de prisión, pero recuperó su libertad el 28 de marzo de 1995. El otro es Germán Díaz Quintana, condenado a 16 años de prisión y en libertad desde el 9 de marzo de 1994.

La Fiscalía acaba de anunciar que el asesinato de Lara Bonilla debe considerarse de lesa humanidad porque hace parte de los ataques sistemáticos que el cartel de Medellín cometió contra la población civil. En esa categoría quedaron incluidos ya los crímenes del director de este diario, Guillermo Cano Isaza, del candidato presidencial Luis Carlos Galán, del procurador Carlos Mauro Hoyos y el estallido en el aire del avión HK-1803 de Avianca. Según anunció el vicefiscal Jorge Perdomo, para el caso Lara Bonilla se van a recaudar nuevas evidencias, como los testimonios de los sicarios John Jairo Velásquez, alias Popeye, y Carlos Alzate Urquijo, alias Arete, extraditado a Estados Unidos.

“(Aunque) se sabe en qué contexto se realizó este crimen, aún hay acciones investigativas que deben adelantarse”, señaló Perdomo. Según Rodrigo Lara Restrepo, declarar imprescriptible el proceso por la muerte de su padre “es un primer paso muy importante” para atajar la impunidad que ha carcomido este expediente por décadas. “Aquí no ha habido justicia. Sólo fueron condenados dos autores materiales, pero sin duda aún hay responsabilidades por esclarecer. Muchas personas integraban el cartel de Medellín y éste tenía una red de aliados políticos que se vieron amenazados por las denuncias que mi padre empezó a hacer públicas”, le dijo Lara Restrepo a este diario.

Para que un crimen sea considerado de lesa humanidad, y por ende imprescriptible —es decir, que no hay fecha de vencimiento para investigarlo—, la Fiscalía debe argumentar cuáles pruebas surgidas a lo largo del camino requieren que se acuda a esa medida jurídica. Lo que no ha quedado tan claro, ni con éste ni con otros procesos, es cuánto podrán avanzar las pesquisas teniendo en cuenta la cantidad de tiempo pasado. Mientras tanto se siguen colando dudas en estas discusiones: ¿se podrá encontrar evidencia nueva? ¿Se convirtió la etiqueta “de lesa humanidad” en una salida del Estado colombiano para evitar caer en la lupa del sistema interamericano?

Estos y otros interrogantes tendrá que responder la Fiscalía a medida que resuelve cada expediente. Para el caso de Rodrigo Lara Bonilla, lo que ha quedado en evidencia en casi tres décadas de impunidad es que muchos se beneficiaron con el asesinato del juez Tulio Manuel Castro Gil. Apenas habían pasado seis meses desde que Lara fue acribillado y el funcionario judicial, en una investigación de 304 páginas, ya había desenmarañado la relación entre el homicidio y Pablo Escobar. Para octubre de 1984, Castro Gil ya sabía cómo Escobar movía sus fichas, no sólo en el mundo de la política sino también en la sociedad.

Durante el atentado, Byron Velásquez fue capturado y se pudo identificar a otro de los sicarios: Iván Guizado, que murió en un cruce de disparos con la escolta de Lara Bonilla. Esa fue la primera pista que tuvo Castro Gil para arrancar en sus pesquisas. A través de ellas descubrió en qué hotel se hospedaron los asesinos antes de ejecutar el magnicidio y qué grupo de enlace había aportado la moto, las armas y la logística. Así las cosas, el juez Castro Gil identificó a otros tres sicarios de Escobar involucrados en la muerte de Lara Bonilla: Rubén Darío Londoño, alias La Yuca; John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, y Luis Alberto Castaño Molina, alias El Chopo. Estos dos últimos murieron abatidos por la Policía.

La investigación de Castro Gil lo condujo también a personajes relacionados con el Movimiento de Renovación Liberal Independiente —con el cual Pablo Escobar llegó al Congreso como segundo del congresista Jairo Ortega—, en el que participaban La Yuca y Alba Marina Escobar, hermana de Pablo Escobar. A los teléfonos de estos sicarios, de Alba Marina Escobar y de María Victoria Henao —esposa de Escobar— se comunicaron los verdugos de Lara Bonilla.

La investigación quedó estancada porque el martes 23 de julio de 1985 otros sicarios acabaron con la vida del valiente funcionario judicial que, a pesar de vivir en una época en que se consideraba imposible rastrear al capo de capos, él le pisaba los talones.

 

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