:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/i3BKNiJqsN4SwJDvv11qeBc5lRg=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/B4LZKMMXKNEUBMIL3G2N7ARH7E.jpg)
El juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, y la fiscal anticorrupción, Ana Cuenca, realizaron este miércoles, en Barranquilla, una diligencia judicial en la sede de la empresa Triple A para recaudar pruebas del escándalo conocido como caso Lezo. (Le podría interesar: Gerentes de la Triple A fueron claves para su desfalco, dice la Procuraduría)
Durante tres horas, los dos funcionarios judiciales se reunieron con directivos de la empresa, responsable de los servicios públicos de la capital del Atlántico, como parte de la investigación que por corrupción se inició a la estatal española Canal de Isabel II, de la cual es filial Inassa, propietaria de la empresa Triple A.
García Castellón y Cuenca, quienes no pronunciaron ninguna en su visita, se reunieron durante tres horas con el secretario general de la entidad, Galiano Franceschini. Triple A, que tras la captura de su exgerente Ramón Navarro anunció total cooperación con las autoridades, debía entregar la información requerida por la justicia española sobre el supuesto desfalco promovido por altos directivos de Inassa. (Lea también: A juicio disciplinario tres gerentes de la Triple A por caso Inassa)
Gonzalo Núñez, presidente del sindicato Sintratriple A, le dijo a El Heraldo que la agrupación defenderá la empresa de hechos de corrupción y dio un parte de tranquilidad a los habitantes de Barranquilla y municipios aledaños sobre el servicio que están prestando. Núñez también pide que se respeten los contratos entre los trabajadores y la empresa.
La diligencia judicial en la sede de la Triple A ocurrió dentro del convenio de cooperación suscrito entre Colombia y España, por lo que también estuvieron presentes un fiscal de la unidad anticorrupción de la Fiscalía General y un representante jurídico de la empresa. (Le sugerimos: Capturan a exgerente de Triple A por supuesta apropiación ilícita de $27.879 millones)
Posteriormente, García y Cuenca se dirigieron hasta la alcaldía de Barranquilla para reunirse con la secretaria general de la administración local, Ana María Aljure. De acuerdo con el medio de comunicación barranquillero, su visita radicó en obtener información en un contrato de concesión de infraestructura firmado entre el Distrito y Triple A.
Triple A comenzó a funcionar en 1991 como una empresa de economía mixta con una participación del 91 % de la Alcaldía de Barranquilla, pero su capital societario fue sufriendo modificaciones hasta quedar en su mayor parte en manos de Inassa, mientras que el de la administración local se redujo al 14 %.
La compañía Triple A presta el servicio de acueducto en Barranquilla y los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Galapa, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Sabanalarga, Baranoa, Polonuevo, Juan de Acosta, Tubará, Usiacurí y Piojó. (En contexto: Las claves para entender el caso Inassa)
El caso Lezo es un proceso que se lleva a cabo en el juzgado central de instrucción seis de la Audiencia Nacional de España, centrado en la gestión del Canal de Isabel II, su filial Inassa y las empresas que ésta maneja en América Latina.
Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, fue destituido de su cargo en Inassa en abril de 2016, después de que su nombre apareciese en los papeles de Panamá vinculado a tres empresas en Hong Kong. (Lea: Procurador Carrillo viaja a España a tratar de revivir el caso Inassa)
Al año siguiente, la Fiscalía General decomisó 262.000 euros (unos $888 millones) que encontró en el apartamento de Rodríguez Sobrino en Barranquilla, como parte de la investigación que se lleva a cabo en el país.