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La Fiscalía General adelanta investigación preliminar en contra de un grupo de exconcejales, cabildantes distritales y contratistas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por las irregularidades que rodearon la entrega del contrato 1115 de 2009, que tenía como objetivo la construcción del túnel interconector entre el río Tunjuelo y la planta de tratamiento Canoas en Bogotá.
El ente investigador quiere verificar las declaraciones rendidas por unos contratistas que indican que un grupo de concejales de la administración de Samuel Moreno Rojas y funcionarios del Acueducto entregaron a dedo millonarios contratos. Para esto recibieron comisiones con el fin de garantizar su entrega a uniones temporales. En estas irregularidades se encuentra el proyecto Tunjuelo-Canoas firmado entre el EEAB y el Consorcio Interventor Canoas.
Por estos hechos de corrupción son indagados la exgerente corporativa del Acueducto, Myriam Margot Martínez y los contratistas Orlando Fajardo y Luis Gabriel Nieto. Este último es señalado de haber recibido millonarios contratos de la EEAB y el Instituyo de Desarrollo Urbano (IDU) para la construcción de colectores, canales y obras civiles.
Por las irregularidades en el contrato de 244 mil millones de pesos es procesado el contratista Andrés Cardona. La Fiscalía General le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho y una jueza de control de garantías de Bogotá lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Frente a otras irregularidades en la celebración de contratos en la Empresa de Acueducto se indaga la participación del concejal del Partido Verde, Antonio Sanguino (cuya investigación, en este caso, se remonta a 2011); el exconcejal del Partido de la U, Severo Correa y el excabildante de Cambio Radical, Darío Fernando Cepeda.
El ente investigado evalúa las declaraciones entregadas por el contratista Emilio Tapia -condenado por el carrusel de la contratación- y el abogado Manuel Castro quienes dieron detalles sobre la forma en cómo se adjudicaban los contratos en la EEAB y la participación de funcionarios públicos en estos actos de corrupción, entre los que se encuentran los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas.