Caso Odebrecht: Procuraduría pide condenar a exsenador Antonio Guerra

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que figura como víctima en el caso, también pidió que el excongresista de Cambio Radical sea condenado. Guerra de La Espriella, según la Corte Suprema, habría usado su cargo como senador para favorecer a la constructora brasileña. Incluso, habría recibido alrededor de $200 millones por sus labores.

La Procuraduría General pidió a la Corte Suprema condenar al exsenador de Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella, a 20 años de prisión por su supuesta participación en el caso Odebrecht. Según la investigación judicial Guerra habría usado su cargo como senador para favorecer tanto a la constructora brasileña como la empresa Afa Vías. Incluso, habría recibido alrededor de $200 millones por sus labores. El Ministerio Público también pidió que el excongresista debería pagar una multa de “$2.424 millones más 554 salarios mínimos legales vigentes”.

El procurador asignado en el proceso que se adelanta contra Guerra en la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal solicitó que se condenara a Guerra por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito de servidor público, este último al obtener un incremento patrimonial no justificado de $1.212 millones, entre 2013 y 2017. Además, señaló que la investigación judicial demostraron en grado de certeza que el exsenador Guerra de la Espriella “fue cooptado por Odebrecht y colaboró para conseguir la adjudicación ilegal de contratos de infraestructura”.

Desde que estalló el escándalo de Odebrecht, en 2016, la Fiscalía inició investigaciones sobre la mano corrupta de la multinacional brasilera en Colombia y dio con un grupo de entonces senadores a quienes denominó “los buldócer”, quienes se habrían encargado de mover las fichas ante las entidades de Gobierno, todo para que la empresa se quedara con millonarios contratos de infraestructura en el país. Bernardo Ñoño Elías, Musa Besaile, Plinio Olano y Antonio Guerra, son nombres a quienes se le puso la lupa y que durante los últimos años fueron condenados o están siendo procesados.

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Para la Procuraduría “el excongresista favoreció a la multinacional al promover su actividad en el país, pues intervino de forma directa en la gestión de reuniones para obtener el apoyo de entidades bancarias a favor de esa compañía, para que obtuviera el cierre financiero para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. (...) quedó demostrado que Guerra de la Espriella puso las funciones inherentes a su cargo, así como sus conexiones políticas, al servicio de la organización delictiva, lo cual se evidencia concretamente en las intervenciones ilegales que desplegó”.

En marzo de 2019, Guerra se entregó a las autoridades luego de que la alta corte ordenara su detención preventiva por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht, investigación de la cual el exsenador se ha declarado inocente. Antonio Guerra, quien asistió a su juicio con camisa y corbata, es hermano de la congresista del Centro Democrático María del Rosario Guerra e hijo del también exsenador José Guerra Tulena.

Antecedentes: Exsenador Antonio Guerra irá a juicio por escándalo de Odebrecht.

En abril de 2019, la Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario dado que se habría aprovechado de “su cargo y de la relación derivada de su función” para influenciar a altos funcionarios para que decidiera a favor de la multinacional brasilera. El Ministerio Público calificó su conducta como gravísima a título de dolo, es decir, Antonio Guerra sabía plenamente las consecuencias de los actos que supuestamente llevó a cabo como “buldócer” de Odebrecht. Guerra es investigado por sus posibles gestiones ante los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público.

En horas de la mañana de este 11 de marzo, ante el juicio que enfrenta de la Espriella, reapareció desde Brasil el exrepresentante legal de Odebrecht en Colombia, el abogado Yezid Arocha, quien hasta hace unos años daba clases de derecho administrativo en la Universidad Externado. El testigo fue llamado por la Fiscalía, pues desde hace un par de años firmó un preacuerdo a cambio de ventilar información sobre la red de corrupción. Desde Sao Paulo y con abogado brasilero -Henrique Zelante- y colombiano -Jaime Granados-, Arocha explicó que todavía es funcionario de la multinacional.

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