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“Acabo de pedir revisar y rectificar la posición del Distrito en el caso de Rosa Elvira Cely”, indicó el alcalde Enrique Peñalosa cuando se enteró el pasado domingo 15 de mayo, por una publicación de El Espectador, de que, mientras la familia Cely pedía reparación por lo ocurrido, la Secretaría de Gobierno culpaba a Rosa Elvira de la brutal agresión que le costó la vida. “Rechazo el argumento expuesto en este proceso por parte de la oficina jurídica, por lo cual vamos a retirarlo y a pedirle al juez que lleva el asunto que no lo tenga en cuenta”, aseguró el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, ese mismo domingo, y, en efecto, en menos de 24 horas la petición se hizo. El gesto, sin embargo, llegó demasiado tarde para el proceso.
El pasado lunes, a las 4:19 p.m., la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá radicó en el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad un documento de una página en el que Luz Elena Rodríguez, subdirectora distrital de Defensa Judicial, expresaba: “Retiro los argumentos expuestos en la contestación de la demanda que fuera radicada ante su despacho el 11 de abril de 2016, por parte del apoderado judicial de la Secretaría Distrital de Gobierno, en relación con el capítulo de ‘los eximentes de responsabilidad – culpa de la víctima (…)’ no es una tesis que sustente la posición de defensa del Distrito Capital”.
Según explicó la abogada Rodríguez, para la Alcaldía de Bogotá no tenía sentido declarar que el hecho que llevó a Rosa Elvira Cely a la muerte —el ataque de Javier Velasco, quien está condenado a 48 años por este asesinato— hubiera sido provocado por la víctima. Así, la Alcaldía de Bogotá le pidió al juez que ignorara las palabras que tan mal cayeron a la opinión pública colombiana: “Si Rosa Elvira no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”.
Dos días se tomó el juez 37 administrativo de oralidad de Bogotá, Ómar Borja Soto, para decidir qué hacer con la solicitud. Su respuesta, conocida por El Espectador, fue al final un jalón de orejas para la Alcaldía. De entrada, el juez señaló que no entendía por qué una funcionaria de una dependencia distinta a la Secretaría de Gobierno, que es la demandada, había radicado el memorial. El juez argumentó que la Secretaría General no había estado vinculada a este proceso y que por eso el único que podía hacer ese trámite —o cualquier otro relacionado con el caso— era el propio secretario de Gobierno. En este caso, Miguel Uribe. O quien él designara, no la Secretaría General de la Alcaldía.
La segunda parte del llamado de atención le cayó directamente al secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay. El juez expresó que si Uribe no estaba de acuerdo con aquello de que Rosa Elvira Cely era culpable de su propio asesinato, “contaba con la facultad de revocar el poder otorgado” a quien redactó el concepto: la abogada Luz Stella Boada, quien trabaja de planta en la Alcaldía desde hace más de 14 años. El domingo 15 de mayo, Uribe aseguró que el equipo del caso Rosa Elvira Cely ya se estaba reorganizando, pero en la resolución del juez se lee que Boada es aún la apoderada del caso, porque la Secretaría de Gobierno no ha acreditado a un nuevo litigante.
En conclusión: a pesar de las declaraciones que dieron el alcalde Enrique Peñalosa y el secretario Miguel Uribe, el proceso que la familia Cely inició en contra de la Secretaría de Gobierno de Bogotá está hoy exactamente igual a como estaba antes de que El Espectador divulgara que esa dependencia había impuesto sobre Rosa Elvira Cely la responsabilidad de su propia muerte. En el expediente que está en el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad todavía reposa el argumento de “culpa exclusiva de la víctima”, y Luz Stella Boada, quien inculpó a Rosa Elvira, sigue siendo la abogada del caso.
Por ahora, a la Secretaría de Gobierno de Bogotá le quedan dos caminos: retractarse de su posición en la primera audiencia o conciliar con la familia Cely. Esa última opción, dijo la secretaria general de la Alcaldía, Dalila Hernández, está siendo examinada por la administración Peñalosa. Luz Stella Boada, quien llegó al caso por mandato de la Alcaldía de Gustavo Petro, ya había recomendado en 2014 no conciliar con la familia Cely, arguyendo que la línea 123, que fue la que supuestamente falló en su atención a Rosa Elvira, no había errado. Dalila Hernández, sin embargo, aseguró esta semana que esa alternativa seguía sobre la mesa.