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Hace cuatro años, Sergio Urrego, de 16 años, se quitó la vida en el centro comercial Titán Plaza (en Bogotá) después de ser discriminado en el colegio Gimnasio Castillo Campestre por ser homosexual. Su caso sentó un precedente judicial, puso en evidencia la exclusión que padecen en los menores LGBT en espacios educativos y originó acciones a nivel penal, constitucional y administrativo. La Corte Constitucional fue la primera en pronunciarse hace un par de años y estableció que sí hubo discriminación, al tiempo que ordenó al Ministerio de Educación revisar los manuales de convivencias de los colegios para garantizar que no discriminen a los estudiantes por su orientación sexual. (Lea aquí: “El caso de Sergio Urrego se está olvidando”: Alba Reyes)
En lo penal, por su parte, los procesos han sido más largos y han involucrado a tres personas: Rosalía Ramírez e Ibonne Andrea Cheque, veedora y piscología del colegio que fueron condenadas, por primera vez en Colombia, por el delito de discriminación basada en la orientación sexual; y Amanda Castillo Cortés, exrectora de la institución. Este último proceso aún no ha concluido y se adelantaba hasta este martes por los delitos de discriminación agravada, falsa denuncia contra persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Sin embargo, un juez penal decretó hoy la preclusión del caso frente al delito de discriminación agravada por operar la prescripción de la acción penal. (Lea aquí: Segunda condena en caso Sergio Urrego: Psicóloga fue sentenciada a 35 meses de prisión)
Un grupo de artistas dibujó un mural en homenaje a la memoria de Urrego. / Foto Mauricio Alvarado - Archivo El Espectador
Amanda Azucena Castillo Cortés seguirá siendo procesada penalmente por los dos delitos restantes: ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia contra persona determinada. De acuerdo con las pesquisas, la entonces rectora realizó actos de discriminación contra Urrego por ser gay y, una vez el joven falleció, habría intentado ocultar la verdad alterando y escondiendo pruebas.
Además, habría presionado a la pareja del estudiante para que lo denunciara por acoso sexual a sabiendas de que no era cierto, pues se trataba de una relación consentida entre los dos adolescentes. Esta falsa denuncia, que admitió Cheque, se dio después de que el Gimnasio Castillo Campestre inició un proceso disciplinario contra Urrego por besarse con su novio en las instalaciones de la institución. El menor fue obligado a contarle a sus padres sobre su orientación sexual y a asistir a un psicólogo para poder volver a clases; una exigencia que violó sus derechos fundamentales.
“Ibonne Cheque (condenada a 35 meses de prisión y quien acordó testificar en contra de Castillo) se comprometió a pedir disculpas públicamente y todavía no lo ha hecho. Esas disculpas no son para mí, porque a mi hijo no me lo van a devolver. Pero socialmente ella debe reconocer que como psicóloga atropelló a un niño y faltó a su ética profesional. No siento que haya reparación y el caso de Sergio se está olvidando”, dijo hace unas semanas Reyes a El Espectador.
Además de lo penal, en la jurisdicción administrativa cursa otro proceso por la muerte de Sergio Urrego. Alba Reyes interpuso el 20 de septiembre de 2016 una acción de reparación directa con la que busca que la Secretaría de Educación de Cundinamarca responda por no haber vigilado y detectado a tiempo que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre no contaba con los mecanismos para prevenir y atender el acoso escolar del que fue víctima el alumno de 16 años por parte de las directivas y docentes.