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La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad inmediata tres de las personas que habían sido condenadas por el colapso del edificio Space de Medellín, el 12 de octubre de 2013, dejando 12 personas fallecidas. Se trata de Pablo Villegas Mesa, representante legal de la firma Constructora Lérida CDO; Jorge Aristizábal Ochoa, ingeniero encargado de coordinar el diseño de la construcción; y María Cecilia Posada Grisales, ingeniera directora de obras.
El alto tribunal no absolvió a estas personas, ni los declaró inocentes, sino que declaró extinta la acción penal en su contra. Esta es una posibilidad que contempla la ley para procesos por homicidio culposo o lesiones personales, entre otros, cuando se evidencia que los involucrados ya indemnizaron a las víctimas. Así los casos en su contra quedaron archivados.
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En este caso Villegas, Ochoa y Posada fueron acusados y condenados a cuatro años de prisión (con algunos meses de diferencia) solo por la muerte de Juan Esteban Cantor, un estudiante que ingresó al edificio minutos antes del colapso del edificio. Las decisiones fueron emitidas por Juzgado Primero Penal del Circuito con función de conocimiento de Medellín y el Tribunal Superior de esa ciudad.
La Corte acreditó además que hubo un acuerdo con la familia de Cantor, en virtual del cual manifestaron que “se entienden integralmente indemnizados (…)” por Pablo Villegas Mesa y María Cecilia Posada Grisales. “En resumen, se cumplen los presupuestos de la causal de extinción de la acción penal. Por consiguiente, la Sala accederá a la pretensión del defensor de Pablo Villegas Mesa y María Cecilia Posada Grisales y, con efectos que se harán extensivos al también procesado Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa”, dice la decisión.
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En las condenas emitidas inicialmente contra los involucrados, la justicia señaló la existencia de más de 6.000 errores en la construcción del edificio, así como también fallas en los materiales utilizados, en el cálculo erróneo en materia de soporte del peso, entre otras irregularidades. Además de esto, la obra fue diseñada sin respetar las normas de sismorresistencia expedidas en los años 1998 y 2002. Esto “lleva a concluir que, si se hubiera dado un sismo, el edificio no hubiese aguantado”, como lo indica el informe de los peritos.