Declaraciones exclusivas conocidas por El Espectador y Blu Radio

Caso Uribe: así fue el negocio de la finca del testigo Juan Monsalve

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Las entrevistas que hizo la Fiscalía a los dos antiguos propietarios de la finca La Veranera dejan ver que lo primero que hizo el ente investigativo, al asumir la competencia por el llamado caso Uribe en septiembre del año pasado, fue tratar de confirmar si ese bien lo recibió Juan Guillermo Monsalve como un soborno por sus señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe.

Uno de los capítulos más espinosos en el expediente de la Fiscalía contra Álvaro Uribe Vélez es la compra de la finca La Veranera en Apía (Risaralda), donde hasta hace unos meses vivieron los padres del testigo estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve. Se trata de un negocio que se intentó presentar como la prueba de dádivas a Monsalve a cambio de que declarara contra el expresidente. Mientras Deyanira Gómez, expareja sentimental del testigo, indicó que fue una compra que hizo en 2016 con la herencia de su padre, otras dos personas, Enrique Pardo Hasche y Carlos Eduardo López (alias Caliche), señalaron que Monsalve les dijo que fue un regalo que recibió en 2013. Sin embargo, ante la Fiscalía, declararon dos antiguos dueños de la propiedad que dan cuenta de la historia de La Veranera.

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La alianza informativa de El Espectador y Blu Radio conoció las evidencias de la Fiscalía sobre este aparte del caso, que incluyen chats, videos y entrevistas que rindieron Leonardo Hoyos Gómez y Mitchell Alexander Montoya Zapata, dos hombres que compraron la finca de 20 hectáreas en 2012 y que aparecen en 2016 y 2018 firmando las escrituras para el traspaso de La Veranera a favor de Deyanira Gómez y Luz Marina Pineda, exesposa y madre de Monsalve, respectivamente. Ambos contaron que solo fueron dueños de la propiedad por seis meses y que luego de venderla se enteraron de que seguía a su nombre porque el comprador –y quien le vendió a Deyanira Gómez en 2016– Jorge Orlando Oquendo, nunca registró en la escritura. El traspaso definitivo del bien se dio hasta junio de 2018, cuando se generaron deudas y justo estaba en furor el escándalo de los supuestos sobornos y prebendas que habría ofrecido Álvaro Uribe a través de su exabogado Diego Cadena.

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El capítulo de la finca La Veranera fue dado a conocer por la revista Semana. Ahí trascendió que en el lugar vivían los padres de Monsalve y se puso en duda con qué recursos el testigo compró una finca por $54 millones. Asimismo, se supo que ese negocio se cerró justo en junio 2018, cuando Monsalve ratificó ante la Corte Suprema de Justicia sus señalamientos contra Uribe, lo que dejaba la duda de si fue o no una retribución a cambio de sus declaraciones. En ese mismo medio, Enrique Pardo Hasche dijo que a Monsalve no le ofrecieron recursos sino que se los dieron: “A Monsalve le regalaron una finca donde viven los papás y nadie ha ido averiguar. Me mostraba las fotos. Le pregunté de dónde compró esa finca y me dijo que se la regalaron. Fue por esa época en 2012, cuando empezó a dar testimonios falsos contra Uribe”.

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A esa misma revista también dio una entrevista alias Caliche, quien dijo que él conocía la finca porque en 2016 le envío unos encargos a los papás de Monsalve. “Es verdad que se la dieron y no sé quién se la dio. Me dijo que se la ayudara a vender y me mandó fotos”, dijo Caliche. Cuando se conoció la información, en la Corte poco se había dicho sobre el tema y de las pocas referencias fue la que hizo Deyanira Gómez, quien explicó que fue ella quien compró la finca, que era la verdadera propietaria y que los padres de Monsalve fueron a vivir a ese lugar para tener garantías de seguridad. Sin embargo, la duda sobre si Monsalve era el verdadero dueño quedó en el aire y las declaraciones de los antiguos propietarios podrían ser claves para resolver el tema.

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La versión de los antiguos dueños

Tanto Leonardo Hoyos como Mitchell Montoya fueron citados a entrevista por la Fiscalía, en el marco de la investigación que asumió el fiscal Gabriel Jaimes contra el expresidente Álvaro Uribe luego de que la Corte Suprema perdiera competencia sobre el caso en agosto de 2020. Jaimes es el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema y mano derecha del fiscal general, Francisco Barbosa, y citar a estos dos hombres a entrevista fue, de hecho, fue una de las primeras medidas que tomó en este controversial y complejo proceso, pues ambos rindieron entrevista entre el 9 y el 10 de septiembre del año pasado y el expediente completo se lo entregó la Corte Suprema a la Fiscalía el 3 de septiembre.

Hoyos y Montoya dijeron que la propiedad se las ofreció Andrés Felipe Sánchez, un amigo cercano que les debía un dinero y que luego falleció. Dijeron que le hicieron un avalúo a la finca y se dieron cuenta de que costaba $350 millones, pues aunque la casa era vieja, tenía tierras productivas en café. Los dos hombres, que dijeron ser comerciantes y agentes inmobiliarios, explicaron que vieron una oportunidad de negocio y el 31 de agosto de 2012 firmaron las escrituras con Abel Mauricio Navarro Monsalve, conocido como Candelo, quien fue relacionado con negocios oscuros y murió tiempo después en Pereira. Hoyos y Montoya manifestaron que les fue mal con el negocio, pues ese año fue el paro nacional cafetero y una plaga arrasó con la cosecha.

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“Le dijimos a Andrés que por favor nos ayudara, que estábamos emproblemados con esa finca para venderla. Él dijo: ‘hermano, yo tengo otro negocio con ella, entonces venga yo se las recibo otra vez y cuadramos la deuda’. Nos cuadró el saldo porque él nos debía $150 millones. Luego nos pidió que firmáramos las escrituras con Jorge Orlando Oquendo. Eso hicimos el 11 de marzo de 2013”, declaró Mitchell Montoya. Desde ese entonces se desentendieron de la propiedad, hasta que en 2016 nuevamente los contactó Andrés Sánchez para decirles que había un problema con la propiedad porque estaba embargada por la DIAN y unos bancos. Al revisar el tema, descubrieron que Oquendo nunca registró las escrituras de la finca y que en 2014 ordenaron embargar la parte de Mitchell Montoya.

Montoya le explicó a la Fiscalía que autorizó a Sánchez a darle su número al nuevo comprador, que se identificó como “Tavo Molina”. Los testigos explicaron que la solución que le plantearon a esa persona, quien supuestamente era Juan Guillermo Monsalve, fue traspasarle el 50% de la propiedad que estaba a nombre de Leonardo Hoyos, mientras Montoya resolvía sus deudas y embargos. La persona aceptó y, según ellos, la encargada de esos trámites fue Deyanira Gómez, quien llegó con un poder firmado por Jorge Orlando Oquendo. El 20 de abril de 2016 firmaron escrituras por el 50%. Mitchell Montoya relató que continuó en comunicación con “Tavo Molina”, quien constantemente lo presionaba para que solucionara el problemas de las deudas y embargos.

Comenzando 2018, los mensajes eran más constantes y subieron de tono, al punto que a Montoya lo trataban de “faltón”. “El señor me acosaba demasiado y me presionaba feo y duro. Le decía que yo quería solucionar el problema, porque en 2013 cuando vendí no tenía problemas financieros ni embargos. Le decía que tenía pena y le solucionaba. Me decía que si él debía poner la plata para pagar las deudas, que me prestaba la plata y luego me cobraba intereses. Yo no le acepté la plata porque no sabía quién era”, declaró el testigo, quien le agregó a la Fiscalía que “Tavo Molina” cambiaba constantemente de números. Asimismo, le entregó a los investigadores del equipo del fiscal Gabriel Jaimes las conversaciones que sostuvo vía chat con el hombre entre abril y junio de 2018, cuando se solucionó el problema del embargo.

“Mi viejo, es que yo quiero evitar un problema con eso, ya pasó mucho tiempo y nada y yo sé que es más el teteo y no quiero que pase un día más sin poner eso al día. Entonces me dice si cuadramos eso o yo pongo la plata y usted me pone la garantia y le cobro los intereses (sic)”, le escribió “Tavo Molina” a Montoya en mayo de 2018, al enterarse que la deuda era por $7 millones. “La demora de los papeles es por un embargo personal mío y tengo todas las facturas y pagos. Yo no sabía quién era el señor ni la señora, solo estaba solucionando el problema por un embargo sobre una propiedad que no era mía. Ese era el afán de pagar mis deudas”, señaló Montoya en la Fiscalía.

Según la declaración del testigo Montoya, “Tavo Molina” le escribió que se comunicara con sus padres y les enviara la documentación física para firmar escrituras. Le envió por chat los nombres: Óscar Molina y Luz Marina Pineda, la madre de Juan Guillermo Monsalve. De ahí, la sospecha de que “Tavo Molina” era realmente Juan Guillermo Monsalve. La escritura por el resto del 50% de la finca la firmó Luz Marina Pineda el 21 de junio de 2016, y al igual que la de Deyanira Gómez, se lee que el negocio fue por $27 millones cada una. Desde ese momento, Montoya dijo que cortó cualquier comunicación con él y que un año más tarde le escribió desde otro número y lo llamó, pero que no contestó.

Desde ese momento, los dos testigos sostuvieron que se desentendieron de la finca La Veranera y que tras las publicaciones de la Revista Semana se asustaron de pensar que estaban envueltos en la pelea de Uribe y Monsalve. Su decisión fue recopilar la documentación para entregársela a la Fiscalía. Otra de las personas que reaccionó fue Deyanira Gómez, quien desde el exilio dio una entrevista y sostuvo que la finca se compró desde 2016 y fue un negocio de ella, no de Monsalve. Según dijo, la plata fue producto de una herencia de su padre y, al pisar el negocio, se dio cuenta que estaba embargada. Al solventar los problemas e invertir un dinero, terminó por adecuar la finca.

Deyanira Gómez indicó que le dio el plazo a Montoya para solucionar los problemas financieros y que en ningún momento la compra de la finca La Veranera estuvo relacionada con la pelea Iván Cepeda-Álvaro Uribe o las declaraciones de Monsalve. Es más, dijo que la segunda firma de la escritura del otro 50% la hizo la madre de su expareja en 2018 porque, por problemas de seguridad, ella no se expuso a ir a Pereira para cerrar el negocio, por lo que le pidió el favor a su suegra. “Ellos (la familia Monsalve) saben que esa finca es mía. Es más, por problemas de seguridad los padres ya la abandonaron (...) Es falso que Cepeda haya regalado la finca. En el 2016 se paga totalidad del predio y se hace proceso notarial. No se compra la finca cuando se hacen las declaraciones en la Corte “, señaló Gómez a Semana.

En octubre de 2020, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extensión de dominio sobre La Veranera e indicó que, “en desarrollo de la investigación que adelantan la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y la Delegada para las Finanzas Criminales, se pudo acreditar que el mencionado inmueble sería propiedad del citado exparamilitar condenado (Monsalve). Sin embargo, se evidenció que la titularidad del predio estaría en cabeza de familiares del procesado, con el fin de, presuntamente, evadir la acción de la administración de justicia”. De acuerdo con el ente investigador, en relación con el perfil financiero de Monsalve, los titulares de la finca -su madre y su expareja- no habrían tenido la capacidad económica legal para adquirir la propiedad en el momento de la negociación.

A pesar de las declaraciones de los testigos y de las explicaciones aún quedan dudas. ¿Quién es Jorge Orlando Oquendo, el hombre que compró la finca en 2013 y luego hizo el negocio con Deyanira Gómez? ¿Quién es “Tavo Molina” y por qué era la persona que presionó a Mitchel Montoya para solucionar el embargo? ¿Por qué Deyanira Gómez no aparece en esas negociaciones? ¿Por qué se hizo la compra por $54 millones de un predio que está avaluado en más de $400 millones? Preguntas que aún no son resueltas con los testimonios que recopilaron la Corte Suprema y la Fiscalía, y que definen uno de los capítulos más controvertidos del expediente contra Álvaro Uribe.

*Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastián Cote; y Santiago Martínez periodista de la unidad investigativa. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).

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