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Luego de que el pasado 18 de agosto Álvaro Uribe renunciara a su cargo como senador, su defensa comenzó a dar las primeras puntadas de una estrategia político-judicial para sacar su proceso por supuesta manipulación de testigos que lleva la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y por el que hoy se encuentra con casa por cárcel. Un día después, su abogado Jaime Granados presentó una solicitud ante esa misma sala del alto tribunal para que el caso pasara a la Fiscalía argumentando que, al no ser más congresista Uribe, la Corte no tendría ya competencia para continuar con el expediente.
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Tras discutirlo en al menos dos sesiones, una de ellas extraordinaria que tuvo lugar hoy lunes 31 de agosto, la Sala de Instrucción le dio la razón a la defensa del expresidente y señaló que este proceso debe quedar en manos del ente investigador. Hasta el momento, ni los abogados del exsenador Uribe ni del congresista Iván Cepeda han sido notificados de la decisión. No obstante, fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario que el expediente pasará a sus manos, tal como lo habían pedido Uribe y sus abogados defensores. En este momento, el fiscal general, Francisco Barbosa, va camino a la Corte Suprema para conocer si hoy mismo pasa el expediente a manos de su organismo.
Ante la posibilidad de este escenario, y desde antes de que se confirmara, el senador Cepeda señaló que recusará al fiscal Francisco Barbosa y a la vicefiscal Martha Mancera al no ser, según el congresista del Polo, garantía de independencia para adelantar el caso por su cercanía con el presidente Duque. Su abogado, Reynaldo Villalba, señaló que, en dado caso que la recusación avance, también recusarán a Iván Duque, quien estaría encargado de presentar una terna para fiscal ad hoc en este proceso. “El presidente y el partido de gobierno no han demostrado imparcialiadad”, apuntó Cepeda.
Desde el pasado 12 de agosto, Uribe se encuentra detenido en casa por cárcel en su finca El Ubérrimo (Córdoba), luego de que el alto tribunal así lo ordenara. En ese momento, la Sala de Instrucción señaló en un comunicado que esta determinación “fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe, como al representante Prada. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él”.
En el documento en que definió la situación jurídica del expresidente, conocido en su integridad por El Espectador, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema señaló que las pruebas evaluadas en contra de Uribe permiten inferir que él indujo a Diego Cadena y a su equipo a hacer entregas y prometer entregas de dinero y otras utilidades a cambio de obtener testimonios favorables para el expresidente, como el de Carlos Enrique Vélez (alias Víctor), el de Juan Guillermo Monsalve (quien acusó a Uribe de tener nexos con el bloque Metro y por eso se habría buscado su retractación) o el de Eurídice Cortés, alias Diana. Para la Corte, Uribe fue una especie de “determinador, inductor y beneficiario de la idea” de conseguir a este tipo de testigos.
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La Sala expuso varios testimonios en los que se aclara cómo llegó al caso Carlos Enrique Vélez, otro testigo que, al parecer, habría cambiado su versión (a favor del senador) sobre sus vínculos con grupos paramilitares a cambio de dádivas. Según la Corte, el exparamilitar, que se unió a las autodefensas en 1989, no se ofreció a declarar, sino que Cadena llegó a él gracias a la intermediación del abogado Samuel Sánchez Cañón, un hombre muy cercano a Mario Uribe Vélez, primo del presidente, y quien en 2011 fue condenado por parapolítica. Con ese contacto hecho, Cadena entabló una relación con Vélez y comenzaron las cartas a favor del expresidente. Por eso la Corte pidió que Mario Uribe y Samuel Sánchez sean investigados.
Según la investigación del alto tribunal, esas cartas habrían sido escritas por el propio Cadena, con el aval del presidente Uribe. Esas misivas llegaron a la Corte Suprema, pero en febrero de 2018 el entonces magistrado José Luis Barceló las analizó y determinó que se trataba de pruebas para “inducir en error a la Corte”. Sobre este caso, la Sala de Instrucción evidenció en el documento de más de mil páginas, que el senador Uribe estuvo detrás de todas las citas que Cadena sostuvo con el exparamilitar y que nunca mostró “mayor preocupación” por el hecho de que el autor de esas cartas no fuera el preso, sino su propio abogado.
El pasado 25 de agosto, la Procuraduría se pronunció a favor de la postura del expresidente para que su caso lo tome la Fiscalía. “La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, porque con la renuncia a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes”, señaló el Ministerio Público.
En concepto del Ministerio Público, encabezado por Fernando Carrillo, el exsenador Uribe perdió el fuero que le otorgaba la Constitución en el momento en que renunció a su escaño en el Senado y que esa instancia aceptó su dimisión -lo cual ocurrió en cuestión de horas-. El expresidente alegó que la investigación de la Corte en su contra implicaba también la violación de sus garantías procesales y que, dadas las cosas, optaba por renunciar al Congreso para que su caso pasara a manos de la Fiscalía. “Hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice”, dijo en su carta de dimisión, reiterando así que en su caso hay intereses políticos y no judiciales.
Uribe y su defensa han reiterado que todas las supuestas irregularidades que llevaron a que testigos en su caso ampliaran su versión, o la cambiaran radicalmente, ocurrieron a sus espaldas. Y señalan que, si el abogado Diego Cadena, quien también tiene una medida de aseguramiento de casa por cárcel, es hallado culpable por “comprar” testigos en favor de Uribe, debería quedar claro que nunca actuó bajo órdenes del expresidente. Cadena, por su parte, ha señalado que ni él ni su equipo jurídico se esforzó para conseguir a los cuestionados testigos, sino que todos llegaron a él por voluntad propia a declarar en su caso.
El origen del caso contra Uribe
En febrero de 2012, durante un debate de control político sobre la génesis y auge del paramilitarismo en Antioquia, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda presentó graves denuncias relacionadas con la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los Uribe, ubicada en la región del Nus, entre San Roque y Yolombó, en el nordeste antioqueño. Cepeda reveló que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, extrabajador de esa finca, y de un paramilitar conocido como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las Auc, la finca había sido sede del Bloque Metro de los paramilitares.
“Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”, reveló alias Alberto Guerrero al congresista Cepeda en agosto de 2011. En curso del debate de 2012, lo presentó como una prueba de sus denuncias. Álvaro Uribe negó los señalamientos, reiteró que desde 1983 había dejado de ir a la hacienda, y para demostrar su desacuerdo con Cepeda, el mismo día del debate acudió a la Corte Suprema para denunciar al congresista del Polo por la presunta manipulación de las versiones de los exparamilitares.
En de septiembre de 2014, cuando ya Uribe Vélez ejercía en condición de senador, Cepeda promovió un nuevo debate en el Congreso sobre paramilitarismo en Antioquia, y volvió a chocar con el expresidente. Uribe radicó en la Corte Suprema un memorial para que se tuvieran en cuenta varias entrevistas realizadas por un investigador privado a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, que señalaron a Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe.
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La Corte Suprema se tomó seis años para adoptar una decisión, y en febrero de 2018, archivó la denuncia contra Cepeda señalando que no había pruebas para avanzar en esa indagación. Asimismo, ordenó que quien debía ser investigado por presunta manipulación de testigos y soborno debía ser el expresidente. Seis días después, el alto tribunal recibió información de la defensa de Iván Cepeda sobre supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su testimonio, razón por la cual la Corte Suprema abrió otra investigación a Uribe Vélez y lo llamó a indagatoria, junto con el representante a la Cámara por el departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada, quien habría participado en esos hechos.
Las masacres en Antioquia y el caso Hacker
La misma petición que hizo la defensa de Uribe por el caso de la presunta manipulación de testigos, de que pasara a manos de la Fiscalía, la hizo con otros casos que tiene el ahora exsenador en la Corte Suprema. Se trata de procesos relacionados con las masacres del Aro y La Granja, o con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, este último perpetrado en febrero de 1998 en Antioquia. Entre 2015 y 2017, el Tribunal Superior de Medellín pidió investigaciones contra Uribe por estos hechos.
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El pasado 22 de agosto se conoció que la Corte también citó al expresidente a versión libre por el caso de la masacre del Aro, ocurrida en Ituango, Antioquia, mientras él era gobernador de ese departamento. “Vemos con sorpresa a que el pasado 19 de agosto, fecha en la cual ya era de público conocimiento la renuncia de Álvaro Uribe Vélez domo congresista, la Sala de Instrucción nos comunicó un auto del 14 de agosto, en donde decide dar impulso procesal a dicha actuación”, expresó Jaime Granados, abogado defensor de Uribe ante la Corte Suprema.
El otro proceso que se pidió fuera trasladado a la Fiscalía es el del hacker Andrés Sepúlveda, que lleva ya más de 6 años en estado preliminar. En octubre de 2014, el alto tribunal abrió esta pesquisa con el fin de determinar la veracidad de las declaraciones de Sepúlveda, quien dijo que el exsenador y jefe natural del Centro Democrático conocía de los presuntos requerimientos ilegales de información por parte de la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. El hacker Sepúlveda declararó en ese momento que el mismo Uribe y la también senadora María Fernanda Cabal solicitaban información confidencial del proceso de paz de La Habana para usarla como estrategia de campaña.
En 2014, otro de los abogados de Uribe, Jaime Lombana, señaló que “en la diligencia (…) siendo fiel a su estilo, el señor Sepúlveda no pudo precisar ningún testimonio, ni construir verdaderos cargos en contra del señor expresidente. Su declaración está plagada de suposiciones, respuestas evasivas y evidentes mentiras”, aseguró Lombana, indicando que el hacker fue denunciado ante la Fiscalía por los delitos de injuria y calumnia. Uribe ha dicho que el hacker fue infiltrado en la campaña de Zuluaga. “Óscar Iván Zuluaga no fue a contratar un ‘hacker’, fue a contratar un asesor de comunicaciones que venía de trabajar con Santos y J.J. Rendón”, aseguró Uribe.