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La Fiscalía sigue tras la información que podría haber en las simcards decomisadas en la cárcel a Juan Guillermo Monsalve, testigo que ha señalado un supuesto rol del expresidente Álvaro Uribe en la conformación de grupos paramilitares y que luego advirtió presiones indebidas del exmandatario y sus abogados para retractarse. En un informe de 23 páginas, que conoció El Espectador, se resumen los hallazgos de investigadores del CTI que les pidieron a las empresas de telefonía del país acceso a los datos de las siete tarjetas móviles incautadas.
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Como contó este diario, el pasado 17 de febrero, un juez de garantías avaló el pedido del fiscal del caso Uribe, Gabriel Jaimes, y les dio cinco días a las compañías de telefonía móvil para entregar toda la información que pudieran tener sobre las sim cards. Ese mismo día, la Fiscalía les pidió a Claro, Movistar, Tigo, Virgin, Etb, Avantel, Móvil Éxito y Uff, que informaran si los seriales de las tarjetas que el Inpec le encontró a Monsalve en enero de 2020 correspondían con sus registros. Ya la mitad de los operadores respondieron y solo uno de ellos tiene información que podría ser de interés.
A Monsalve le encontraron, además de un computador portátil y un celular, dos tarjetas sim marca Movistar, dos de Avantel, dos de Tigo y una de Claro. Pero la Fiscalía ni siquiera sabía a qué números de teléfono correspondían, así que les preguntó esto a los ocho operadores telefónicos de Colombia y les pidió los datos biográficos asociados con las sim, así como los registros de mensajes de texto, correos de voz y llamadas que se hubieran registrado en las tarjetas entre el 1° de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2020. Las fechas son claves.
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Los hechos por los que Álvaro Uribe es investigado habrían ocurrido en febrero de 2018. Por esos días se vencía el término para impugnar una decisión de la Corte Suprema, que se inhibió de investigar al senador Iván Cepeda por testimonios que mostró en el Congreso de exparas que vinculaban al líder del Centro Democrático con las Auc. En su lugar, la Corte ordenaba que el propio Uribe fuera investigado por presunta manipulación de testigos. Para controvertir esa última determinación, el abogado Diego Cadena habría buscado a Monsalve y a otros testigos para que se desdijeran de sus señalamientos y enredaran al senador del Polo, ahora acreditado como víctima en el proceso.
La película del caso Uribe se extendió al año siguiente, cuando el expresidente rindió indagatoria, y durante el segundo semestre de 2019 desfilaron por la Corte los testigos que citó el entonces investigador, el magistrado César Reyes. El operativo en el que a Monsalve le quitaron estos elementos prohibidos ocurrió el 5 de enero de 2020, en la casa fiscal de La Picota, donde está recluido como medida de seguridad. Desde entonces, las tarjetas sim entraron, supuestamente, a cadena de custodia en el Inpec, hasta que la Fiscalía las pidió a finales del año pasado, pero ahora se quieren conocer los movimientos de esas tarjetas durante el primer mes que estuvieron decomisadas.
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Sobre el contenido de las sim, Movistar es la única compañía que ha podido relacionar las dos tarjetas de su empresa a dos números que están registrados como prepago. En el primero de ellos “no se registró información de tráfico de voz entrante y saliente durante el período solicitado por ustedes”, según le respondió la empresa a la Fiscalía. En el caso de la segunda línea sí hay llamadas para el período que consultó el ente investigador y la compañía adjuntó una extensa tabla a su respuesta. Asimismo, allegó los datos que dicen quién compró la tarjeta sim.
Avantel respondió que “la persona que lista en su requerimiento no registra ni ha registrado en nuestras bases de datos”; Éxito confirmó que ninguna de las sim pertenece a su compañía, y el agente liquidador de Uff le informó a la Fiscalía que la empresa dejó de existir desde septiembre del año pasado. Si bien este es apenas un informe parcial, y faltan las respuestas que puedan brindar Claro y Tigo, los documentos dan cuenta de que, en esta línea que ha explorado el fiscal Gabriel Jaimes, poco se ha encontrado: solo hay información, a la fecha, de una de las siete líneas.
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Aunque no hay consenso sobre la fecha exacta, se espera que la próxima semana el funcionario designado por el fiscal Francisco Barbosa para llevar este caso decida si llama a juicio o pide que precluya la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Todavía está pendiente, además, que la Corte Suprema falle una tutela de la defensa del exmandatario que busca tumbar su condición de imputado, algo que será determinante. Entretanto, la Fiscalía dio a conocer que Jaimes recibió amenazas contra su vida y Cepeda ha denunciado públicamente que no siente que se le estén brindando garantías.