Casos de corrupción en la justicia deben ser investigados y sancionados: Corte Constitucional

El alto tribunal consideró que en las autoridades correspondientes son las que deben establecer la veracidad de las acusaciones hechas en el caso del magistrado Henry Villarraga.

Por medio de un comunicado de seis puntos, la Sala Plena de la Corte Constitucional manifestó que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y los órganos judiciales deben investigar las acusaciones de corrupción que se hagan en contra de magistrados y funcionarios judiciales.

El alto tribunal señaló que estos tipos de temas deben ser investigados y sancionados “con el máximo escrutinio” con el fin de establecer la veracidad de estas acusaciones que afectan el buen nombre de la Rama Judicial.

“Deben investigarse y sancionarse, con el máximo escrutinio, aquellas actuaciones de los servidores judiciales o de terceros que pongan en riesgo estos pilares, que lo son también del sistema democrático en su conjunto”, precisa uno de los apartes.

Estos hechos denunciados en los últimos días en los medios de comunicación fueron calificados como graves por parte de la Corte, por lo que pide que se conozca la verdad de lo ocurrido y se impongan las sanciones respectivas.

La Corte también considera oportuno señalar que los hechos denunciados son de una gravedad inusitada, lo cual obliga a que sean investigados de forma suficiente, con el fin que de establecer la veracidad sobre lo ocurrido y si es menester imponer sanciones penales y disciplinarias.

“La Sala Plena de la Corte Constitucional recuerda a todos los jueces y magistrados que la investidura que ostentan responde única y exclusivamente a los delicados fines que la Carta Política impone a la Justicia”, precisa el comunicado firmado por el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio.

Finalmente, la Corporación le pidió a los ciudadanos y a los poderes del Estado que creen un diálogo con el fin de que se corrijan y superen los problemas del sistema judicial.

“El modelo de Estado fijado en la Carta Política exige de los integrantes de la Rama Judicial las más altas calidades humanas, académicas y profesionales. De ellas depende la confianza de los asociados en la Justicia como ámbito natural y pacífico para la resolución de las controversias y el logro de la paz social”, concluye el texto.

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