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La era de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía comenzará este lunes con una larga lista de pendientes por solucionar que dejó la administración de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. Expedientes polvorientos que jamás se movieron, como el de Saludcoop; decisiones a medias, como las macroimputaciones contra el Eln; aperturas de investigaciones que se quedaron en anuncios, como el caso de Martha Ligia Patrón, la esposa del magistrado Jorge Pretelt; y espinosos procesos que tocan las fibras del poder, como el de Santiago Uribe, son algunos de los asuntos por resolver.
Cuatro días antes de acabar su mandato como fiscal general encargado, Jorge Perdomo anunció que la Fiscalía había abierto una investigación tras la denuncia por el delito de prevaricato que presentó el congresista Germán Navas Talero contra 28 concejales de Bogotá, el secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo y el alcalde Enrique Peñalosa. Perdomo aseguró que con la inspección realizada el pasado jueves a las oficinas de la Secretaría del Concejo comenzó la investigación para determinar si existió alguna irregularidad de los cabildantes y funcionarios por comprometer las vigencias futuras para la construcción del metro.
El futuro de la investigación por la denuncia del congresista Talero estará en las manos de Néstor Humberto Martínez. Además de esta primera investigación por posibles irregularidades en la administración pública, en los primeros puntos de la agenda del nuevo fiscal general está revisar los principios de oportunidad que se negociaron con los cerebros del descalabro del Fondo Premium Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. La fiscal del caso, Alexandra Ladino, ante las críticas, decidió que su nuevo jefe sea quien tome la decisión de presentar o no ante un juez los principios de oportunidad, a los que se oponen las víctimas.
El expediente que quedó engavetado en la Fiscalía durante cuatro años fue Saludcoop. Durante la administración Montealegre –quien se declaró impedido porque había sido abogado del señalado responsable, Carlos Palacino, y es además su amigo–, solo se adelantaron un par de diligencias. Contra Palacino ni siquiera hay investigación formal. Hace quince días, el mismo fiscal (e) Perdomo le dijo al país que mientras se hablaba de que Saludcoop había sido tildado de ser un gran caso de corrupción, en la Fiscalía no existía ninguna prueba.
Es decir, que durante la era de Montealegre y Perdomo se habría adelantado silenciosamente la investigación por el desfalco más grande a la salud, que según la Contraloría fue de $1,4 billones, y no se encontró irregularidad alguna. A pesar de todo, en cuatro años no se tomó ninguna decisión, ni se archivó, se precluyó o se llamó a imputación de cargos a alguno de los protagonistas del desangre a las finanzas de Saludcoop. Le tocará a Néstor Humberto Martínez tomar cartas en el asunto.
Un anuncio que conmocionó a la opinión pública fue la apertura de investigación contra la esposa del magistrado Jorge Pretelt, Martha Ligia Patrón, por delitos de lesa humanidad. Supuestamente, Pretelt y su esposa compraron unas tierras producto del desplazamiento forzado en el Urabá. Las pesquisas parecían ir a paso acelerado; sin embargo, un año y medio después de que Martha Ligia rindiera interrogatorio, la Fiscalía no ha definido qué paso sigue en el expediente.
El episodio que más molestó al fiscal general Montealegre fueron las críticas a los contratos directos que firmó Natalia Springer con la Fiscalía, que sumaron más de $4.200 millones, para realizar macroinvestigaciones contra las Farc y el Eln. No se conoce todavía ningún informe, pues las macroimputaciones contra las Farc quedaron aplazadas por el proceso de paz, igual que la anunciada macroimputación contra el Eln, que se basa en el trabajo de Springer y quedó aplazada y sin fecha. Existe una denuncia en la Fiscalía contra Montealegre y Springer por supuestas irregularidades en la contratación. La investigación está en manos de Jenny Claudia Almeida, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Luego de que se anunciara con bombos y platillos que el pasado 31 de mayo se le imputarían cargos al general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército, por los denominados falsos positivos, la audiencia se aplazó y hasta la fecha no se ha reprogramado. Al igual que las macroimputaciones del Eln y las Farc, fue uno de los procesos insignes de la era Montealegre y Perdomo que quedaron en el limbo; Néstor Humberto deberá resolver su futuro.
Entre las decisiones más próximas a resolverse está si se llama o no a juicio a Santiago Uribe, hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe, por sus supuestos vínculos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. En la era Montealegre se puso el acelerador al proceso contra Santiago Uribe, que por algunos años estuvo inactivo. El pasado 29 de febrero, Santiago Uribe fue capturado en Medellín y se determinó su detención preventiva. En teoría, la Fiscalía tiene un plazo de 180 días para determinar si Santiago Uribe es acusado.
El expediente que más filtraciones ha tenido en la prensa y del que menos decisiones se han tomado es el que reúne las investigaciones por la Comunidad del Anillo, las chuzadas a Vicky Dávila, el supuesto carrusel de reintegros en la Policía y el supuesto complot contra el exfiscal general (e) Jorge Perdomo. En sus últimos días en el cargo, Perdomo sostuvo en entrevistas radiales que la Comunidad del Anillo no existió sino que fue un caso aislado, que no había pruebas de las chuzadas y que existían una serie de periodistas y oficiales de la Policía que habrían armado un complot para desprestigiar al general (r) Rodolfo Palomino y quedarse con el control de la institución.
Mientras se habla de varios nombres de comunicadores, la Fiscalía se abstuvo de confirmarlos públicamente. Los cierto es que Néstor Humberto Martínez tendrá que entrar a analizar un expediente en el que se habla de un supuesto intento de Alfonso el Turco Hilsaca y del periodista Juan Carlos Giraldo de instalar micrófonos en la oficina de Perdomo, y del supuesto complot que planearon para desprestigiar a Álvaro Sarmiento. Sobre este último, en la Fiscalía indagan además si Sarmiento recibió sobornos, como indicaba un anónimo que llegó al búnker.
Finalmente, Néstor Humberto Martínez tiene la obligación de conducir una Fiscalía que jugará un rol preponderante en el posconflicto –como el grupo especializado para la búsqueda de desaparecidos– y de intentar resolver casos que por años han reposado en los anaqueles del búnker y navegan en la impunidad, como el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. El nuevo fiscal general deberá también, durante los próximos cuatro años, promover proyectos como la política de sometimiento de las bandas criminales, un tema que trabajó hace dos décadas como ministro de Justicia de Ernesto Samper, cuando la extradición no era todavía una opción.