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La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacioanal, revelaron la estrategia que utilizaba la mafia señalada de falsificar documentos de tránsito, reportar accidentes que no existieron y recibir reconocimientos económicos por concepto de chatarrización.
Entre las diez personas capturadas este jueves, hay ocho funcionarios. Lo que indica, que la red diseñó un mecanismo que por mucho tiempo logró burlar las acciones de las autoridades.
De acuerdo con el ente acusador, los integrantes de la red, al parecer, convencían a personas de escasos recursos para que firmaran poderes legales como supuestos dueños de esos tractocamiones, luego se valían de algunos de los funcionarios procesados para incorporar información falsa al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y finalmente, con la ayuda de guardas de tránsito e inspectores municipales de policía, eran elaborados informes de accidentes viales en los que estarían involucrados los automotores a los que se les otorgaron los cupos.
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El siniestro, que nunca ocurrió, era reportado ante el Ministerio de Transporte para obtener los recursos de la chatarrización en promedio 70 millones por vehículo. La estructura vinculada al fraude habría defraudado unos $6.000.000.000 al proceso de chatarrización de vehículos de carga.
Según la Fiscalía la Policía Nacional, en dos años de investigaciones fueron descubiertos 98 procesos fraudulentos de chatarrización de tractocamiones, en los que estaría involucrada una red delincuencial señalada de permear distintos organismos de tránsito y obtener el pago de $6.800.000.000.
La investigación de las autoridades determinó que la organización logró ejecutar el engaño en al menos 11 municipios del país.
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En una operación simultánea cumplida en 5 departamentos fueron capturadas 10 personas, entre ellas funcionarios de las secretarías de tránsito de Barbosa (Santander), Sahagún (Córdoba), Aguachica y La Paz (Cesar); y los inspectores de policía de Sabanalarga (Atlántico) y Aracataca (Magdalena).
Los procesados fueron traslados a Bogotá y presentados en audiencia pública ante juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público, y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario ante la gravedad de la conducta detectada.