Cemex llegó a un acuerdo para producción de planta en Maceo, Antioquia

Con la vigilancia de la Procuraduría la cementera firmó un contrato de arrendamiento y uso del predio que le provocó líos con la justicia, los cuales no se han resuelto. La empresa deberá pagar un canon de $49 millones anuales.

La planta entrará en funcionamiento cuando las autoridades competentes modifiquen una serie de disposiciones ambientales de la zona, y se concedan los permisos para terminar la vía de acceso, como solicitó Cemex. Bloomberg

Aunque el pleito jurídico no se ha resuelto, la empresa cementera Cemex llegó a un acuerdo ante la Procuraduría para que la planta de Maceo (Antioquia) pueda operar. El lío del terreno que los mandó a estrados judiciales y que tiene en la cárcel a sus exdirectivos, inició cuando la empresa, supuestamente, le compró el inmueble a C. I. Calizas mientras estaba vinculado a un proceso de extinción de dominio. Las partes firmaron un contrato que, entre otras condiciones, fija un canon de arrendamiento por $49 millones anuales que Cemex deberá pagarle a C. I. Calizas.

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Según anunció la empresa, este acuerdo “le permitirá a CEMEX Colombia continuar haciendo uso de los activos sujetos al proceso de extinción de dominio que incluyen los derechos derivados de una concesión minera y de un permiso ambiental”. La planta, sin embargo, no entrará en funcionamiento sino hasta que las autoridades competentes modifiquen una serie de disposiciones ambientales de la zona, y se concedan los permisos para terminar la vía de acceso, como solicitó Cemex.

En el convenio, que según Cemex tuvo el visto bueno de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se fija el pago un arrendamiento de $49 millones anuales por el uso del terreno. Además, la empresa se compromete a pagarle a C. I. Calizas: la misma suma de arriendo por el predio de manera retroactiva partiendo desde 2013; $1.000 millones por los ingresos que esta última dejó de percibir mientras negociaban; un pago retroactivo sobre la caliza que ya han extraído de la planta y cerca del 1% de las ventas netas del cemento que se produzca allí.

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La empresa aseguró que el contrato se firmó a “21 años prorrogables por 10 años adicionales siempre y cuando se obtenga la extensión de la concesión minera”. Además aclaró que “seguirá vigente cualquiera que sea el resultado en el proceso de extinción de dominio que recae sobre los activos de C. I. Calizas”. Sin embargo, si el proceso penal en curso por las irregularidades de la compra reconociese a Cemex como el propietario, “el Contrato se dará por terminado anticipadamente”.

En 2017 se conoció que Cemex le habría comprado el predio a C.I. Calizas S.A mientras el bien era objeto de extinción de dominio por las autoridades, ya que perteneció a José Aldemar Moncada, condenado por un desfalco a la Dian. Esa acción está prohibida, razón por la cual la Fiscalía entró a indagar y la investigación determinó que la cementera pagó $40.000 millones por dicho terreno. El dinero, además, fue a parar directamente a las cuentas personales de Eugenio Correa Díaz, representante de C.I. Calizas.

Camilo González Téllez, exvicepresidente jurídico de Cemex, y Édgar Ramírez Martínez, exvicepresidente de planeación, se han declarado inocentes de las presuntas irregularidades. La Fiscalía, sin embargo, les imputó cargos por los delitos lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, y por administración desleal y enriquecimiento ilícito de particulares, respectivamente. Los dos tienen medida de aseguramiento en centro carcelario desde junio de 2018.

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En ese momento, la Fiscalía detalló que el lote donde se terminó edificando la cementera le pertenecía a José Aldemar Moncada, conocido como el Chatarrero, condenado por millonarios desfalcos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a través de las devoluciones del IVA. Moncada fue asesinado tiempo después. En la imputación de los directivos de Cemex, la Fiscalía señaló: “La negociación se celebró pese al conocimiento de la existencia de un proceso de extinción de dominio, que vincula a José Aldemar Moncada, condenado por hechos relacionados con la defraudación al Estado”.