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La Corte Constitucional le dio un año de plazo a las directivas del centro comercial El Gran San ubicado en el sector de San Victorino en el centro de Bogotá con el fin de modificar la estructura de la edificación para garantizar el acceso de personas en condición con discapacidad.
El alto tribunal determinó que el centro comercial no cuenta con rampas, ascensores y pasillos amplios para el libre tránsito de las personas que se encuentren en sillas de rueda. De esta forma, señala el fallo, se desconoce “la especial protección constitucional de la que sin titulares”.
Al resolver un fallo de tutela la Corte Constitucional determinó que al no contar con los accesos necesarios se le están vulnerando a estas personas los derechos fundamentales a la libre locomoción, a la igualdad y a la vida digna. En la acción judicial se indicó que trabajadores y visitantes tienen dificultades para ingresar y transitar.
En la tutela, presentada por un vendedor en situación de discapacidad se señalaba que la edificación tenía barreras y limitantes que le impedían realizar sus actividades por cuenta de la falta de acceso a personas como él para ingresar y movilizarse por ese centro comercial.
“El centro comercial deberá adoptar las acciones temporales que resulten adecuadas y necesarias para permitir el ingreso y movilidad de estas personas en sus instalaciones sin obstáculos ni cargas excesivas. Las medidas que se implementen deberán ser en todo caso respetuosas de la dignidad humana y atenderán los requerimientos y necesidades reales de la población afectada”, precisa uno de los apartes del fallo.
Las directivas del Centro Comercial deberán presentar cada tres meses a la Defensoría del Pueblo Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad y a la Procuraduría General de la Nación.