Cerca de 2.000 militares recuperarían la libertad con Justicia para la Paz

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le salió al paso a la propuesta que presentó el Centro Democrático para el juzgamiento de la Fuerza Pública. Explicó los beneficios penales.

Renuncia a la persecución penal, regímenes de libertad anticipada y condicionada, y privación de libertad en unidades militares especiales, son los principales beneficios con que contarán los más de 5.500 militares y policías que el Ministerio de Defensa calcula que serán cobijados con el sistema de Justicia Especial para la Paz que acordaron el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). (Lea: Así será la justicia especial para los militares)

Así lo explicó el ministro Luis Carlos Villegas, quien salió al paso a la propuesta que radicó el miércoles el Centro Democrático, que plantea penas máximas de cinco años –incluidos delitos tan graves como el asesinato de civiles presentándolos como bajas en combate, conocido como falsos positivos-, sin equipararlos con guerrilleros. (Lea: Salida judicial de Uribe para las FF.MM. establece penas de máximo 5 años)

Esta iniciativa nació muerta en el Congreso, pues no cuenta con los votos suficientes ni para su aprobación en primer debate. Sin embargo, el hecho de que sea hundida sin darse discusión puede generar molestia entre las fuerzas Militares y de Policía, que en algunos sectores acogen el discurso del uribismo que plantea que la negociación es una promesa de impunidad para las Farc y de judicialización para las fuerzas del Estado.

No obstante, no son pocos los beneficios que plantea la Justicia Especial para la Paz, y aunque se requiere cumplir requisitos de verdad, justicia y reparación por parte de los militares para poder acceder a ellos. Se trata, como se ha planteado, de beneficios tan amplios como los que se están buscando para las Farc sin apelar a la figura de la amnistía.

Así como los beneficios son amplios, también lo es la lista de militares que están siendo procesados por presuntos delitos en el marco del conflicto. Los cálculos del ministro Villegas señalan que son 5.500 miembros quienes podrán acceder a la Justicia Especial para la Paz.

De estos, 2000 están privados de la libertad, 900 con condena efectiva y 1.100 están proceso de juzgamiento. Ellos recuperarán la libertad “transitoria, condicionada y anticipada” o podrán purgar su condena en unidades militares con los beneficios y comodidades que esto representa. Además, hay 3.500 miembros que no están detenidos y para ellos aplicará la renuncia de la persecución penal.

Un pulso que de entrada tiene perdido el uribismo en términos de trámite legislativo, pero que puede minar la confianza de los militares en el proceso de paz. En el escenario político y de refrendación de los acuerdos de paz, aunque se sabe que no militares y policías no son fuerzas deliberantes y no podrán votar el plebiscito por la paz, sus familias sí pueden inclinarse a no respaldar el plebiscito acogiendo los argumentos del Centro Democrático.

Temas relacionados