Cerebros de Premium aceptan cargos

Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Ricardo Martínez se allanaron a tres de los cinco delitos que les imputó la Fiscalía.

Juan Carlos Ortiz (der.), en momentos previos a la audiencia en la que le imputaron cargos ayer. Tomás Jaramillo. Rachid Maluf. Claudia Patricia Aristizábal. Natalia Zúñiga. Ricardo Emilio Martínez. / Gustavo Torrijos - El Espectador
Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, fundadores del Fondo Premium y los denominados cerebros de uno de los desfalcos financieros más grandes del país, el caso Interbolsa, aceptaron tres de los cinco delitos que les imputó la Fiscalía. Ricardo Martínez, una de sus fichas claves, también se allanó por los delitos de manipulación fraudulenta de especies, estafa agravada y concierto para delinquir. Ortiz y Jaramillo precisaron que en estos momentos se encuentran negociando un principio de oportunidad por los cargos de captación masiva e ilegal de dinero y omisión de reintegro. El resto de los procesados, Juan Andrés Tirado, Natalia Zúñiga y Claudia Patricia Aristizábal, negaron su responsabilidad en el descalabro bursátil.
 
El empresario Víctor Maldonado, beneficiario de miles de millones de inversionistas del Fondo Premium y uno de los máximos accionistas de Interbolsa, no se presentó a la audiencia alegando falta de garantías. Según se confirmó, viajó a Estados Unidos hace dos meses. Los otros dos implicados que no asistieron a la diligencia fueron el norteamericano Eric Andersen —gerente del fondo constituido en Curazao— y John Alexánder Muñoz. A Rachid Maluf, mano derecha de Jaramillo y Ortiz y quien se presentó ante el juez, no le imputaron cargos ya que se encuentra negociando un preacuerdo de colaboración.
 
Después de terminar la primera fase de imputación de cargos por el desfalco a la comisionista de bolsa, la Fiscalía enfiló baterías para procesar a los implicados en la conformación del polémico Fondo Premium Capital Global, una sociedad en Curazao en la que fueron a parar miles de millones de pesos de inversionistas de Interbolsa que creían que su dinero estaría a salvo en el exterior. Al parecer, todo se trató de una estafa, ya que por medio de sociedades creadas en Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Colombia lograron que la plata retornara al país de forma irregular y terminara en los bolsillos de pocos. Para la Fiscalía estos recursos terminaron siendo la caja menor de Maldonado, Jaramillo y Ortiz.
 
Todo comenzó en 2002, cuando Interbolsa y el Fondo Premium Capital Global firmaron un contrato de corresponsalía que estipulaba que a través de la comisionista se invertirían dineros en el extranjero. El encargado de administrar esa plata fue el Fondo Premium. Con los recursos, los inversionistas se hacían acreedores de acciones, pero no tenían derecho a voto. Un punto clave en el que la Fiscalía se centró para demostrar la estructura que se había creado a la sombra de la sociedad en Curazao, supuestamente con el objetivo de apropiarse de los recursos de 1.026 colombianos.
 
Los cerebros de toda esta operación, según las autoridades, fueron Jaramillo y Ortiz. Ambos concentraban el 100% de las acciones de una empresa llamada Premium Capital Investment Advisors —constituida en Bahamas y gerenciada por Rachid Maluf—. Esta firma, a su vez, tenía la gerencia de Premium Capital Apreciation, sociedad de Curazao que firmó el contrato con Interbolsa para crear el Fondo Premium. En pocas palabras, Ortiz y Jaramillo construyeron una estructura que les permitió ser los únicos que podían tomar decisiones sobre la administración de los recursos captados de los clientes de Interbolsa. 
 
En ese contexto, ambos pusieron a sus fichas principales en puestos claves, jamás firmaron un papel y terminaron dándoles órdenes a Martínez, Maluf, Andersen, Zúñiga y Aristizábal para beneficiar sus intereses personales. Para la Fiscalía ambos captaron grandes cantidades de dinero que fueron a parar en negocios personales o en empresas de Víctor Maldonado, como Helados Modernos. Maldonado fue titular de cuantiosos créditos soportados en plata del Fondo Premium y, como garantía, puso algunas acciones de Fabricato, las mismas que llevaron a la quiebra a la comisionista de bolsa.
 
La Fiscalía explicó que la plata giraba de la siguiente manera: primero llegaba desde Interbolsa al Fondo Premium. Ahí, Ortiz y Jaramillo les daban la orden a Eric Andersen y a Rachid Maluf de que realizaran inversiones en distintas empresas extranjeras que en realidad eran de su propiedad. Por ejemplo, Intertours —constituida en Islas Vírgenes y dirigida por Ricardo Martínez— y Andean Capital Market —sociedad panameña en la que también participaban Juan Andrés Tirado como accionista, Claudia Patricia Aristizábal como representante legal y Natalia Zúñiga como secretaria general—. Ambas firmas pactaron créditos con Premium y tras recibir el dinero se lo entregaban a las firmas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil.
 
Estas dos últimas, según la Fiscalía, sirvieron de puente para darles créditos a Ortiz, Jaramillo, Maldonado y el empresario italiano Alessandro Corridori —hoy preso por inflar el precio de las acciones de Fabricato—. Las principales empresas que se beneficiaron fueron Cuama, Helados Modernos, Malta e Invertácticas. Para las autoridades es claro que Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil —que tenían sus oficinas en el mismo edificio de Interbolsa en Bogotá—, terminaron captando la plata de 1.026 víctimas, ya que al ser propiedad de los mismos dueños del Fondo Premium administraron deslealmente los recursos sin tener los permisos legales de prestar dinero de terceros.
 
En la extensa audiencia la Fiscalía dio a conocer gran material probatorio. Por ejemplo, correos entre Rodrigo Jaramillo —el presidente de Interbolsa implicado en el escándalo—, su hijo Tomás Jaramillo, Corridori, Natalia Zúñiga, Juan Carlos Ortiz, Juan Andrés Tirado y Rachid Maluf, en los que se infería que todos conocían las irregulares que se estaban cometiendo. Por ejemplo, se reveló que en un momento se presentó un problema con Corridori, pues no quería pagar intereses por más de $2.600 millones de los créditos —con plata del Fondo Premium— que le había entregado Valores Incorporados. 
 
“Estamos frente a una organización criminal de cuello blanco”, fueron las palabras de la Fiscalía para resumir las irregularidades en este caso. Una estafa que, según cifras oficiales, ronda los $310.000 millones. La Superintendencia de Sociedades ya ordenó liquidar las empresas y propiedades de Víctor Maldonado, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Aún no se conoce si alcanzará el dinero para reparar a las víctimas. La audiencia continuará hoy. Se definirá si estas seis personas van a prisión.