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La salida del general Nicacio Martínez de la comandancia general del Ejército, decisión anunciada por el presidente Iván Duque el pasado 27 de diciembre, habría sido motivada por una serie de irregularidades cometidas por miembros de la institución, como el desvío de dineros para supuestamente pagar a informantes pero que terminaba en los bolsillos de algunos oficiales y la utilización de los recién adquiridos equipos de última generación en inteligencia para “chuzar” y hacer seguimiento a magistrados de las altas cortes, políticos, periodistas, e incluso comandantes de otras fuerzas.
Así lo revela la revista Semana en un informe titulado “Chuzadas sin cuartel”, en el que algunos miembros de inteligencia militar involucrados en estos hechos denuncian cómo se venía operando y la manera como recibían las órdenes directamente desde el Comando del Ejército, sin ningún tipo de soporte legal. Las actividades involucran a los batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), los cuales dependen orgánicamente del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim).
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Incluso, uno de los militares que se convirtió en la “garganta profunda” de la revista para el informe, revela que uno de los seguimientos se le hicieron a la actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, exoficial del Ejército, y que les ordenaron entregar toda la información recogida directamente “a un reconocido político del partido Centro Democrático”, sin mencionar su nombre.
Como se sabe, la magistrada fue la encargada, en un comienzo, de llevar el proceso contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, por la presunta manipulación de testigos y actualmente adelanta investigaciones contra otros políticos por corrupción. También habrían sido chuzados congresistas como Roy Barreras, senador de la U, y el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, además de los mismos periodistas de Semana, algunos de los cuales han llegado a recibir hasta amenazas.
El informe da cuenta de la manera como se utilizaban los sofisticados equipos de inteligencia para hacer los seguimientos e incluso revela que el pasado 18 de diciembre se realizó un operativo de allanamiento, que duro cerca de 16 horas, por parte de una comisión de la Corte Suprema y miembros de la Policía Judicial adscritos a la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, a las instalaciones del Batallón de Contrainteligencia en Facatativá. Igualmente, que fue el nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien tras conocer unas versiones de lo que estaba sucediendo, ordenó una investigación interna y que se ha contado para ello con el apoyo de organismos de inteligencia de Estados Unidos.