Tras los constantes asesinatos

CIDH condena asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales

El organismo internacional reiteró el llamado al Estado colombiano para que tome medidas urgentes a quienes defienden los derechos humanos en el país.

La CIDH ya había expresado su preocupación en marzo de este año porque los defensores y defensoras asesinadas desempeñaban acciones en procura de la implementación del Acuerdo de Paz. Archivo El Espectador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de condenar los constantes y reiterados asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país, reiteró su llamado al Estado colombiano para que tome medidas urgentes para proteger a quienes defienden los derechos humanos. También pidió llevar a cabo investigaciones “diligentes” que tengan en cuenta la actividad de aquellos que defienden los derechos humanos de las víctimas. (Le podría intersar: Líderes políticos suscriben pacto para rechazar la violencia contra defensores de DD.HH.)

La CIDH ya había expresado su preocupación en marzo de este año porque los defensores y defensoras asesinadas desempeñaban acciones en procura de la implementación del Acuerdo de Paz. El organismo internacional citó la información aportada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en donde se señala que entre enero y junio de este año se habrían producido, por lo menos, 90 casos de asesinatos.

Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, según la Defensoría del Pueblo, son los departamentos más afectados por esta violencia. En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado advirtió el daño que esta situación provoca al Acuerdo de Paz y a la democracia de Colombia.

Según la CIDH, los registros de la sociedad civil señalan que, en el primer trimestre de este año, 132 defensores y defensoras de derechos humanos fueron objeto de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida o integridad personal. Esto se suma a los actos de difamación que promueven el odio en las redes sociales y otras formas de persecución como seguimientos, interceptaciones ilegales y robo de información. (Le sugerimos: Gobierno insta a alcaldes y gobernadores a proteger a líderes sociales)

“Los actos de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad y generan un efecto amedrentador y disuasivo de la labor de defensa de los derechos humanos. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad y sumiéndolos en una situación de indefensión”, manifestó la CIDH.

El organismo internacional dice que el Estado debe tomar acciones para investigar lo más pronto posible los actos de violencia contra esta población, sancionar a los responsables autores y materiales, y prevenir las difamaciones, agresiones y ataques. Por eso, indicó que las autoridades deben incluir líneas de investigación con la hipótesis de que la violencia haya sido perpetrada en conexión con la labor de la defensa de derechos humanos.

Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. La Comisión urge al Estado a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en el país”, agregó la CIDH, que también pide implementar medias de protección integrales, adecuadas y especializadas para garantizar la labor de esta población. (Lea también: ¿Qué hay detrás del asesinato de líderes sociales en el país?)

“La protección de las personas defensoras es especialmente importante en un contexto como el de Colombia, en el que se está haciendo efectiva la implementación de un Acuerdo de Paz que pone fin a un conflicto de décadas”, señaló Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH. El comisionado Francisco Eguiguren, relator para Colombia y para las personas defensoras de derechos humanos, dijo: “El Estado de Colombia debe garantizar un ambiente seguro en el cual las personas defensoras puedan ejercer libremente su derecho a defender derechos”. 

Por su parte, Margarette May Macaulay, presidenta del Comisión, sostuvo que el Estado “debe tomar en cuenta los factores de riesgo específicos que enfrentan grupos de personas defensoras de derechos humanos en situación de especial vulnerabilidad”.