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El senador Iván Cepeda junto con su abogado Reynaldo Villalba Vargas, tuvieron una reunión con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Margarette May Macaulay, para solicitar al organismo internacional que revise el proceso que se le adelanta en la Corte Suprema de Justicia al expresidente y también senador Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.
“Le hemos señalado a la CIDH la situación de ataques permanentes del senador Uribe contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el hecho de que los testigos en este caso están en una constante situación de peligro y las constantes amenazas que he recibido y también los ataques contra mi equipo de trabajo y mis abogados”, informó Cepeda.
La reunión, según contó el senador Cepeda, fue precedida por la presidenta de la Comisión quien señaló evaluaría el caso, “que la presidente de la CIDH nos haya recibido es un sigo del nivel de atención que le presta la comisión a este caso”, precisó Iván Cepeda a este diario.
La pelea entre Uribe y Cepeda empezó en marzo de 2013, cuando el expresidente denunció al entonces representante a la Cámara “por la presunta comisión de faltas disciplinarias al investigar y recepcionar testimonios que no estaban dentro de sus funciones”. Dichos testimonios a los que hacía referencia la denuncia son los de los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, a quienes el hoy senador del Polo Democrático supuestamente ofreció beneficios a cambio de que declararan en contra de Uribe y sus familiares.
En octubre de 2015, el Ministerio Público llamó a juicio disciplinario a Cepeda y decretó la práctica de varios testimonios, entre los que se encontraban los de los exparamilitares. Tanto Henao como Muñoz Ramírez afirmaron a los investigadores haber tenido encuentros con el congresista, pero esta misma entidad concluyó que esos encuentros se dieron en el marco de su labor como representante a la Cámara y “no representaba(n) una extralimitación de sus funciones”. Además, la Procuraduría encontró algunas contradicciones en las declaraciones entregadas por los exparamilitares, por lo que terminó absolviendo a Iván Cepeda en decisión del pasado mes de julio, que fue confirmada el 8 de octubre de este año.
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Sin embargo, la denuncia presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra el senador Iván Cepeda, por supuestamente visitar varias cárceles del país con el fin de buscar falsos testigos, no prosperó en la Procuraduría. El Ministerio Público absolvió, en octubre de este año, al senador Cepeda de responsabilidad disciplinaria y declaró no probado el cargo que le atribuyó Uribe: investigar y recepcionar testimonios que no estarían entre sus funciones.
El fallo de la Procuraduría concluyó en que el senador Iván Cepeda, en su condición de representante a la Cámara, no ofreció beneficios a cambio de entrevistas contrarias a la verdad. Si bien para el Ministerio Púbico es cierto que el senador asistió a varias cárceles, esto se realizó, de acuerdo con el fallo, por labores de control político y los trabajos humanitarios que realizó Cepeda cuando hizo parte de la Cámara de Representantes.
Luego del dictamen del Ministerio Público, el penalista Jaime Enrique Granados, abogado del senador Álvaro Uribe, anunció su desacuerdo en la decisión, “desde nuestro punto de vista, (la decisión) desconoce la realidad probatoria que acredita la existencia de actos realizados por el senador Cepeda Castro, a fin de manipular los testimonios de Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Muñoz”.
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El abogado Jaime Granados, defensor del senador del Centro Democrático señaló en su momento que, la entidad “se equivocó” al considerar que la conducta del senador Cepeda no constituye una extralimitación de sus funciones. Y erró al concluir que Cepeda no realizó actos para presionar a otros para que dieran un falso testimonio contra el expresidente Uribe. “En nuestro criterio, el despacho se equivoca en la decisión impugnada, al realizar una aproximación simplista de lo que es la función de control político y las facultades de investigación que se pueden desarrollar dentro de la misma”, señaló el defensor.
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