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Hace tres años, Alejandro Ordóñez, actuando como procurador general, destituyó al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años por las supuestas irregularidades en la planeación y ejecución de un modelo de aseo en la capital de la República. Aunque la sanción causó polémica, no duró mucho. El Consejo de Estado le otorgó medidas cautelares al exalcalde para que pudiera continuar en su cargo. Pero la sanción nunca se eliminó y por eso, varias acciones legales fueron presentadas por parte de la defensa de Petro.
Entre ellas está la presentación del caso del exalcalde ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde hace más de un año, la historia que terminó con la decisión en contra de Petro estaba en los despachos de los comisionados. Después de estudiar a fondo el caso, la Comisión anunció que admite el expediente y antes de que se acabe el primer semestre de 2017 se podría conocer la postura del organismo internacional.
Aunque todavía no se conoce en qué sentido se pronunciaría la CIDH, hay pistas que permiten deslumbrar lo que pasaría en este caso. Por ejemplo, meses después de que se conoció la sanción de la Procuraduría, la propia Comisión se pronunció y le pidió al Estado que protegiera al burgomaestre con medidas cautelares. Por eso, se esperaría que la decisión de la CIDH sea la de obligar al Estado a restituir los derechos políticos del exalcalde.
“La CIDH acaba de decir que Estado Colombiano al recortar mis Derechos políticos viola Convención americana, admite el caso y busca solución”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Mientras se conoce la posición de la Comisión, en el Consejo de Estado ya estudia también el expediente en el que se pide tumbar la sanción disciplinaria.