CIDH: ¿qué se viene para el Estado?

El escándalo de Mapiripán ha abierto un debate más de fondo: el del funcionamiento y posibles fallas del sistema interamericano.

Entre 2000 y 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido 48 denuncias contra el Estado colombiano, que podrían ser puestas a consideración de la Corte. El escándalo que se generó con la indemnización a posibles falsas víctimas de la masacre de Mapiripán (julio de 1997), sin embargo, ha suscitado varias especulaciones sobre lo que podría suceder con estos procesos y ha sembrado dudas sobre la legitimidad del sistema. Esto, sumado a los señalamientos de sectores del Gobierno y del Ejército de que algunos abogados se han dedicado a defraudar al Estado a punta de demandas. Las ONG, por su parte, insisten en que se están condenando injustamente a las víctimas.

Al respecto, Luis Alfonso Ruiz, director de la organización de derechos humanos Humanidad Vigente, que representa a las víctimas de la masacre de Santo Domingo —actualmente bajo el estudio de la Corte Interamericana—, señaló que “se quiere mostrar a las víctimas como avivatos (…) se quiere satanizar a los defensores de derechos humanos y desviar la atención de la responsabilidad del Estado”. Y agregó que “no es culpa de las víctimas acudir al sistema interamericano y no es culpa de la Corte que se condene al Estado. Todo esto se debe a que Colombia no tiene un sistema de justicia fuerte. El Estado también tiene una obligación con las evidencias que conoce la Corte”.

El general (r) Alfonso Clavijo, escritor de varios libros sobre la presión jurídica contra los militares, mencionó que “hay un negocio muy sucio y es el de condenar a gente que no tiene nada que ver para enriquecerse a costillas del Estado y que se están aprovechando de las debilidades de la Fiscalía y la Corte. Estos son enriquecimientos muy mal habidos de personas interesadas”. El general retirado agregó que “el Estado colombiano no ha sabido defenderse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. La Asociación de Militares Retirados (Acore), a través de su presidente, el general (r) Juan Salcedo Lora, reclamó el atropello “que se está cometiendo contra el Estado”.

Fuentes del Gobierno le aseguraron a este diario que son dos los propósitos que se persiguen: conocer la verdad y restablecer el patrimonio público, en caso de que haya habido fraude contra la Nación. La principal preocupación oficial es abrir el debate en el continente sobre la manera como funciona el sistema interamericano, pues hasta la fecha sólo una vez el Estado ha resultado absuelto. Colombia no ha pensado salirse del sistema, pero sí promover algunos cambios que deriven en mejores controles a posibles engaños. Y, por supuesto, fortalecer el sistema de defensa jurídico de la Nación.