Cinco generales en capilla

Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos pidió que se investigara a cuatro generales (r) del Ejército, un excomandante de la Policía Nacional y dos exgobernadores.

El exdirector de la Policía, general Rosso José Serrano. / Archivo El general (r) Jaime Humberto Uscátegui. / Archivo - El Espectador El general (r) Freddy Padilla de León, hoy candidato al Senado. / Archivo. Imagen del caserío Caño Jabón, jurisdicción de Puerto Alvira (Meta), donde ocurrió la masacre en 1998. / Archivo - El Espectado

El 13 de febrero de 2013, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la negligencia de las autoridades militares, administrativas y de Policía al no prevenir la masacre ocurrida en el caserío de Puerto Alvira, jurisdicción del municipio de Mapiripán (Meta), más conocida como la masacre de Caño Jabón, en la que murieron 20 personas. A esa trascendental decisión acaba de sumarse otra: el pasado 18 de noviembre un fiscal de Derechos Humanos le solicitó a la unidad de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia que, por petición de las víctimas, se investigara a cuatro generales (r) del Ejército, un excomandante de la Policía Nacional y dos exgobernadores del Meta.

Según la decisión, que fue notificada el 24 de enero en la unidad de fiscales ante la Corte, existen indicios y señalamientos de los familiares de las víctimas respecto a que estos funcionarios no previnieron el ataque de un comando paramilitar, ocurrido en 1998, pese a las llamadas de ayuda que había hecho la comunidad. Entre los oficiales retirados que serán investigados se encuentra el general Jaime Humberto Uscátegui, excomandante de la VII Brigada del Ejército y condenado a 40 años por la masacre de Mapiripán, perpetrada en julio de 1997.

Asimismo serán investigados el general (r) Freddy Padilla de León, excomandante de las Fuerzas Militares, quien para la época de los hechos había llegado a la VII Brigada en reemplazo de Uscátegui —y hoy es candidato al Senado por el Partido de la U—; el general (r) Agustín Ardila Uribe, excomandante de la IV División del Ejército a finales de los 90; el general (r) Mario Hugo Gaitán, comandante del Ejército en 1998, y el general (r) Rosso José Serrano Cadena, exdirector de la Policía y quien fue catalogado en su momento como el mejor policía del mundo por su persecución a los carteles de la droga.

La Fiscalía también pide que se investigue la eventual responsabilidad de los exgobernadores del Meta Alfonso Ortiz, que estuvo en ese cargo entre 1995 y 1997, y Alan Jara, que llegó a la administración departamental en 1998, año en el que los paramilitares de la casa Castaño asesinaron a una veintena de campesinos. Según dijo el Consejo de Estado en su sentencia, fueron varios los llamados de alerta que hizo la comunidad pidiendo protección antes de la incursión de más de 200 integrantes de las autodefensas.

La barbarie de este acto fue tal que los hombres comandados por Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, jugaron fútbol con las cabezas de los muertos. Cabe recordar que el Consejo de Estado estableció en su sentencia que la Defensoría del Pueblo envió dos advertencias a las autoridades antes de que se cometieran los hechos. La primera de ellas fue el 15 de octubre de 1997, ocho días después de que a los despachos de la Defensoría llegara una carta de los habitantes de Caño Jabón en la que denunciaban las amenazas de los paramilitares.

Esa misiva nunca tuvo respuesta, como no la tuvieron las otras dos enviadas por los campesinos el 19 de noviembre y 4 de diciembre de 1997. Era tal la desesperación de la comunidad de Puerto Alvira que el 9 de enero de 1998 enviaron otra solicitud de protección a la Defensoría y ésta la remitió a los comandos del Ejército y a la gobernación cinco días después. En esa oportunidad, según reveló el portal Verdad Abierta, manifestaron: “Nosotros los firmantes, presentamos un memorial de denuncia y alerta al gobierno para que contribuya en la guarda de nuestra seguridad ya que se oyen amenazas de posibles enfrentamientos armados entre paras, guerrilleros y Ejército Nacional. Aquí es donde existe la zozobra, estas amenazas se hacen más fuertes y frecuentes”.

Sin embargo, jamás hubo operativo alguno para prevenir los hechos, ya que, como dijo el Consejo de Estado, las Fuerzas Armadas consideraban que la población estaba siendo engañada por las Farc y todo era un plan para emboscar a las tropas. Este nuevo giro en la investigación de la masacre de Caño Jabón, que está cerca de cumplir 16 años, corresponde a un llamado a la justicia sobre la posible omisión de altos mandos militares para prevenir una masacre anunciada. Cabe resaltar que el general (r) Uscátegui le manifestó a Verdad Abierta que “el 10 de diciembre de 1997 entregué la Séptima Brigada al general Freddy Padilla de León, sin novedades en Caño Jabón, o Puerto Alvira, como también se conoce”.

Otros oficiales señalaron que en su momento solicitaron a la Procuraduría y a las autoridades competentes adelantar las pesquisas necesarias para establecer si existió o no responsabilidad alguna de los militares por acción u omisión. Agregaron que ninguna autoridad los condenó, sino que por el contrario terminaron absueltos y sin culpa alguna. En todo caso, la petición de investigación volvió a agitar un expediente que parecía muerto y por el que muy pocos miembros del paramilitarismo han sido llamados a responder. Estos cinco generales en retiro ahora tendrán que dar sus explicaciones. Así como Jara, exsecuestrado de las Farc y hoy nuevamente gobernador.

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