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hace 3 horas

Cinco ideas para prevenir los homicidios en América Latina

El Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV) de la Universidad de Rio de Janeiro acaba de lanzar el primer estudio que mide cómo van los países del continente americano en la prevención de este delito. Colombia, entre los más violentos.

Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más violentas en todo el planeta. / Foto: Archivo.

Uno de cada tres homicidios en el mundo ocurre en Latinoamérica. Es más: de acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodc), el 25% de los homicidios del mundo se concentra en apenas cuatro países latinoamericanos: Brasil, Colombia, México y Venezuela.

Partiendo de esa premisa dos investigadores del Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV) de la Universidad de Rio de Janeiro, apoyados por Open Society Foundations, emprendieron un estudio sin precedentes en la región. Realizaron el primer “Mapeo de Programas de Prevención de Homicidios en América Latina y El Caribe”, cuyos resultados acaban de hacerse públicos.

La razón para adelantar dicho análisis fue la falta de información disponible sobre la forma cómo los países de Centro, Suramérica y el Caribe han abordado los asesinatos que desde hace décadas rondan sin tregua la región. Más aún, cuando en “contraste con lo sucedido en otros continentes, América ha experimentado un aumento de la violencia entre 2000 y 2012, pasando de una tasa de 15,2 a 21,5 homicidios por cada cien mil habitantes”, señala el estudio.

Demostró el estudio que el abordaje del problema es tan diverso en los distintos países, que era imposible estudiarlos como un todo. Por eso, los investigadores estudiaron 93 casos en diez distintos países de América Latina y el Caribe que ejemplifican las distintas iniciativas que pueden emprenderse para reducir la violencia.

Si bien el informe no es concluyente en cuanto a cuales estrategias funcionaron mejor –en parte por la falta de datos que midieran el impacto de los programas- , la meta, señaló Ignacio Cano, uno de los investigadores, es “ofrecer a los funcionarios públicos y a quienes elaboran las políticas públicas de los países un menú de opciones de cómo tratar el problema de los homicidios”.

 Los programas que analiza

El reporte hurga 25 años en el pasado, justo cuando las tasas de violencia en el continente –y en Colombia- alcanzaron niveles astronómicos. No obstante, el Laboratorio de Análisis de la Violencia encontró que la mayoría de programas (70%) empezaron a implementarse tan solo diez años atrás y el 30% restante, hace solo cinco años.

De los 93 programas de prevención de homicidios, cuatro corresponden a México, 18 a El Salvador, Guatemala y Honduras, y 20 a otros países centroamericanos. En América del Sur, la mayor concentración de programas se observó en Brasil (14) y en Colombia (10) y el Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, con 12 casos).

Brasil: una ley seca inspirada en Bogotá

A finales de los años noventa. Diadema, en Brasil, era una de las ciudades más violentas de todo el país: 102 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por este motivo, en la municipalidad se creó el Conselho Municipal de Segurança Pública (COMUSP), integrado por diversos actores sociales, para “dar seguimiento a la situación de la violencia y fomentar la participación comunitaria en las políticas de seguridad”.

En 2002, la estrategia propuso la implementación de una ley de cierre de bares, la cual fue inspirada en la “ley zanahoria” de la ciudad de Bogotá. En 2004, apenas dos años después de la entrada en vigencia de la norma, la tasa de homicidios descendió a 34,4 y continuó bajando en los años siguientes. Los resultados concuerdan en que la medida salvó entre 7 y 9 vidas mensuales.

Venezuela: una empresa de ron que le apuesta a disminuir los asesinatos

En Venezuela el estudio analizó varias iniciativas, entre ellas, el Proyecto Alcatraz que funciona desde el 2003 y ha beneficiado a 163 jóvenes. Con una inversión de US$300.000 al año, el programa financiado por la Compañía Anónima de Ron Santa Teresa, pretende  reducir homicidios reclutando bandas delictivas completas en las localidades más violentas del municipio de Revenga, estado de Aragua (Venezuela).

Los jóvenes son llevados a convivir y compartir trabajo intensivo, actividades de educación laboral, práctica de rugby, formación en valores, asistencia psicológica, apoyo familiar, justicia restaurativa y trabajo comunitario. Después de tres años, los jóvenes regresan a sus comunidad. Si bien no hay estudios que muestren el impacto del programa, en la localidad la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 114 a 12 homicidios.

Honduras: con ‘Paz y Justicia’ lucha contra la impunidad

Osado e innovador. Así calificaron los investigadores el programa ‘Paz y Justicia’, en el que una organización de la sociedad civil contrata investigadores para resolver las investigaciones de homicidios sucedidos en comunidades de alta incidencia, tomando para sí una función que es característica del estado. Hace especial énfasis en la atención a los familiares de las víctimas a lo largo de todo el proceso penal, ofreciendo además apoyo psicológico y ayuda con alimentación y educación de los hijos.

El éxito del programa se apoya en su alto grado de focalización: tan solo se han atendido a 200 familias en 11 años, pero cada una recibe la mejor atención posible en diversos aspectos. “No se realizó aún una evaluación de impacto, pero hay claros indicios de la disminución de la violencia en las áreas en que el proyecto ha estado implantado durante años. Todos los actores consultados, dentro y fuera del proyecto, lo atribuyen a la influencia de la intervención”, señala el informe.

El Salvador: fracaso pacificando a las pandillas

‘Proceso de Pacificación’ entre las maras, popularmente conocido como ‘Tregua de las Maras’, fue una iniciativa liderada por el gobierno de El Salvador y la sociedad civil, para frenar la violencia sanguinaria que azotaba el país a causa del narcotráfico.

Entre marzo de 2012 a mayo de 2013, los líderes de las principales pandillas en prisión se comprometieron a reducir los homicidios a través de acuerdos en los que renunciaban a ataques mutuos y a ataques contrala fuerza pública, además de cesar el reclutamiento obligatorio y respetar los centros educativos.

El programa generó grandes críticas, sobre todo porque dichos líderes fueron trasferidos a prisiones con medidas de seguridad más laxas. Aun así, el Estado insistió en que no negoció con los criminales.

Si bien en un principio a raíz de esos acuerdos los homicidios en el país se redujeron al tercio de los niveles antes de la tregua, el desgaste político del proceso provocó el fin de la iniciativa, y progresivamente, a partir de mayo de 2013, aumentaron de nuevo los homicidios, superándose los antiguos niveles de violencia letal en el país a partir de 2014 y 2015.

Colombia: una estrategia integral y otra contra el feminicidio

La "Estrategia Nacional contra el Homicidio" surgió en 2010 como parte de la "Estrategia de la Policía Nacional para la Consolidación de la Seguridad Ciudadana" y más que un modelo concreto de intervención, la Estrategia Nacional contra el Homicidio representa una “caja de herramientas” destinada mejorar la eficacia de la policía en el control de los homicidios.

El problema es que con el cambio de dirección en la Policía en 2012 y en 2016, los homicidios dejaron de ser enfrentados como problema específico y prioritario, y pasaron a ser vistos como el producto de diferentes delitos (narcotráfico, violencia doméstica, secuestros, extorsiones, peleas entre bandas, etc.) sobre los que se ejerce un enfoque preventivo. Además, el hecho de que la Policía deba responder simultáneamente al Ministerio de Defensa y a las autoridades locales, puede generar conflictos institucionales.

Además, se mencionó la inclusión del feminicidio como un delito autónomo en el código penal para castigar a quien causa la muerte violenta de una mujer por su condición de mujer o por motivo de su identidad de género, a través de la ley Rosa Elvira Celis. Sin embargo, dice el documento, “los esfuerzos legislativos y judiciales generalmente no presentan un correlato en la implementación de programas generales de prevención del feminicidio”.