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El Consejo Nacional Electoral (CNE) busca establecer si a la campaña de Juan Manuel Santos de 2014-2018 a ingresaron cerca de $4.000 millones para la segunda vuelta, provenientes de la multinacional Odebrecht, cuyos actos de corrupción han sido comprobados por la justicia de Estados Unidos, Colombia y varios países más. Hace un poco más de seis meses, el tribunal reabrió el expediente, que había archivado en 2018, y ordenó una serie de pruebas, entre ellas escuchar en versión libre al expresidente. Pese a que sus abogados han pedido que vuelvan a archivar el caso, el CNE no se pronunció sobre esa solicitud, sino que ordenó practicar una serie de pruebas para seguir avanzando en la investigación.
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En un auto de ocho páginas, los magistrados Luis Guillermo Pérez, Doris Ruth Méndez Cubillos y Renato Rafael Contreras consignaron los argumentos para pedir nuevos elementos e insistir en la realización de varias diligencias que han sido aplazadas desde el año pasado. Por ejemplo, el CNE, aunque ya analizó una información entregada por Bancolombia, le pidió a esta entidad bancaria completar los datos ya suministrados. En concreto, el tribunal quiere conocer los extractos de una cuenta de ahorros y otra corriente, especialmente los movimientos que se registraron allí entre abril y julio de 2014.
Además, el Consejo Nacional Electoral anunció que visitará las oficinas de Frontera Energy en los próximos días “en aras de conocer los documentos relacionados con los presuntos aportes de esa sociedad a la campaña presidencial objeto de la presente indagación, y practicar las demás pruebas que los funcionarios comisionados estimen conducentes y pertinentes”, dice el auto. Esta empresa de origen canadiense, cuyo antiguo nombre es Pacific Rubiales, habría realizado presuntos aportes ilegales por $7.220 millones a las campañas presidenciales en 2014.
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Fue la misma compañía, que surgió en 2017 como resultado del proceso de reestructuración de Pacific Rubiales, la que encendió las alertas y le pidió a las autoridades poner la lupa sobre un paquete de pagos no reportados a terceros, cuyo verdadero destino serían las campañas políticas para la presidencia en primera y segunda vuelta, así como los partidos políticos de La U y de Cambio Radical en 2014. Esa actuación la emprendió Frontera Energy tras analizar la contabilidad heredada de Pacific.
Ante todos estos señalamientos, el expresidente Santos ha aclarado que nada tiene que ver Odebrecht con su campaña. El pasado 11 de diciembre, el exmandatario acudió al CNE para responder los interrogantes sobre la supuesta presencia de dineros de Odebrecht en su campaña. Paso a paso, el exmandatario aclaró cómo funcionó la estructura administrativa de su campaña en 2014, con un dato específico: que siempre delegó en el gerente y en su tesorero que no permitieran nada ilegal o indebido, y que ellos cumplieron al pie de la letra sus instrucciones. “Nada relaciona mi gobierno con sobornos de Odebrecht”, agregó Santos.
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Además de pedir las pruebas en Bancolombia y ordenar la visita a Frontera Energy, el CNE programó las citas de varias personas claves en el caso para escucharlos en versión libre. Entre el 11 y 12 de marzo, al tribunal acudirá David Portilla, representante legal de la empresa Gistic Soluciones Integrales; Roberto Prieto, exgerente de la campaña, condenado por irregularidades en la licitación de Ruta del Sol 3; Gilberto Contreras Morales, el tesorero de la campaña de 2014; Araceli Rojas Salinas, la auditora de la campaña; y Óscar Orlando Rueda, secretario general y representante del Partido de la U en ese momento.
De acuerdo con las investigaciones iniciales, a través de las cuentas de Gistic Soluciones Integrales se habrían hecho los giros a la campaña de Santos. El empresario Andrés Sanmiguel es uno de los testigos claves que se han referido a este tema, su testimonio es la columna vertebral de esta investigación. Todo empezó el 12 de junio de 2018. A menos de un mes de que Santos se fuera del Palacio de Nariño, Sanmiguel acudió a la Fiscalía para entregar su testimonio sobre cómo, supuestamente, fue usada la empresa Gistic Soluciones Integrales, de él y su esposa, para canalizar $3.850 millones que habrían entrado “de urgencia” con el supuesto propósito de apoyar la campaña reeleccionista.
(Aquí puede encontrar los detalles de la declaración de Andrés Sanmiguel, testigo clave)
El abogado del expresidente Juan Manuel Santos, Alfonso Portela, tiene otra versión de cómo empezó este expediente. En agosto del año pasado, el jurista le dijo a El Espectador que la génesis de este tema es una carta de los exmandatarios Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes pidieron que se investigara el papel de Gistic y de Esteban Moreno en la campaña de Santos 2014. Portela manifiesta que nadie, a la fecha, ha implicado a “un tesorero, un gerente, un director programático”; que no hay hilo conductor entre las declaraciones y las personas que manejaron los recursos de la campaña.
“Cinco años después aparece otra persona diciendo que unos dineros fueron a parar a la campaña, persona que no está segura, sino que está manejando un dicho de otros. No relaciona a ninguna persona de la campaña. Nunca se ha hecho mención de nadie de la cúpula de la campaña. En todo el escenario de Odebrecht no se ha mencionado dónde se gastaron esos dineros o quién los recibió”, agregó Portela.