:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/Svy1FRhJxrBD0s5-3JNpnEyZMw4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/FA67YOZ5UFA4TDKPRYVQQLHY74.jpg)
La presidenta del Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, Jomary Ortegón aseguró que el Nuevo Código Nacional de Policía avalado por el Congreso de la República le da facultades extremas a la Institución para que limite el derecho a la protesta social y a las manifestaciones en Colombia.
Para la jurista los policías podrían retener a los manifestantes argumentando que están incurriendo en una alteración a la convivencia, término que no es claro y puede malinterpretarse y utilizarse para retener de manera ilegal a las personas que participen en cualquier tipo de protesta.
“¿Qué es una alteración a la convivencia? ¿Los gritos, las arengas? Esta posibilidad de disolver las manifestaciones van en contravía de normas internacionales que señalan que no se puede utilizar la fuerza para disolverlas”, precisó Ortegón al señalar que se están vulnerando los derechos de los manifestantes.
Agrega que las normas internacionales hacen especial claridad en el hecho que si en una manifestación hay expresiones violentas “debe protegerse a los manifestantes y tratarse de manera diferenciada estas expresiones violentas”. Indicó que esto va en contravía de los derechos a la libertad personal y a la movilización y protesta.
La Constitución, precisa, establece la diferenciación de las labores de la Policía y el Ejército. “Si permitimos que las Fuerzas Armadas participen en protestas como se han hecho en algunas de ellas bajo el argumento que están infiltradas por la guerrilla puede generar nuevas violaciones a los derechos humanos”.
El tema no para ahí, puesto que otras normas del Código establece una figura denominada “traslado por protección” lo que permite que los policías retengan a habitantes de la calle bajo la premisa “que se encuentran bajo alteración de la conciencia, pero no se señala el tiempo en que pueden estar retenidas y quién controla eso”.
La demanda fue presentada este jueves ante la Corte Constitucional por parte de un grupo de abogados, congresistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.