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La entrega de coimas para asegurar un contrato por $43.515 millones para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial de Bogotá es la piedra angular de la investigación en contra de los concejales Andrés Camacho Casado y Orlando Parada, quienes hoy y mañana tienen audiencia de imputación de cargos por su presunta mano larga en el carrusel de la contratación. Las minucias del negocio, suscrito el 8 de abril de 2010 entre la Unión Temporal Vías Patria Ingeniería y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) de Bogotá, ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía.
El Espectador conoció todos los detalles de la investigación y las evidencias que señalan que esta unión temporal, integrada en un 99% por la empresa Patria y el 1% restante por la firma Conalvías, les pagó un porcentaje del multimillonario contrato a los entonces cabildantes Hipólito Moreno —condenado por el caso de las ambulancias—, Orlando Parada y Andrés Camacho. El encargado de adjudicar este negocio fue el exdirector de la UMV Iván Hernández Daza, quien ya reconoció en la Fiscalía todo el dinero que se acordó para pagarles a los concejales que eran ‘dueños’ de la entidad.
Documentos en poder de este diario también revelan la cronología de un contrato adjudicado a dedo, de las platas que se giraron con destino a las campañas políticas de los concejales involucrados y en qué se gastaron esos recursos. Por ejemplo, el abogado Manuel Sánchez, uno de los testigos estelares en este expediente, le narró a la Fiscalía que a principios de 2009 el contratista Julio Gómez lo invitó a una reunión en la que se encontraban Emilio Tapia, el concejal Camacho e Iván Hernández. El objetivo era hacerle saber a Sánchez que Iván Hernández estaba postulado como director de la UMV y que se necesitaba del apoyo del concejal Orlando Parada con el fin de garantizar su nombramiento.
Dicho encuentro se realizó en el restaurante Republik del hotel Tequendama. Al parecer, Orlando Parada habría propuesto a un ingeniero de apellido Castañeda para que estuviera al frente de la UMV. Sin embargo, tras la reunión, el carrusel cocinó el nombramiento de Iván Hernández a cambio de las comisiones respectivas. Manuel Sánchez le contó a la Fiscalía que Iván Hernández se había reunido con Javier Mejía, gerente de la Unión Temporal que se ganó el contrato de $43.515 millones, para solicitarle los dineros que les fueron entregados a los concejales.
El abogado Sánchez señaló que asesoró en todo el proceso licitatorio a la unión temporal Vías Patria Ingeniería y que por eso le consta que Javier Mejía entregó los recursos prometidos para los cabildantes en campaña y que se simularon unas facturas para tapar el ‘engrase’. De hecho, el testigo aportó esas facturas y añadió que el compromiso había sido muy claro: los concejales apoyaban el nombramiento de Hernández en la UMV y éste les pagaba sin falta con dineros de la contratación de la malla vial del Distrito. Sánchez también mencionó al concejal Wilson Duarte como otro de los beneficiarios de la ‘manguala’ en la UMV.
El testigo clave en este proceso agregó que desde el año 2000 tiene una estrecha amistad con Orlando Parada y que básicamente durante la administración de Samuel Moreno oficiaba como su representante en los procesos licitatorios de la UMV. Asimismo, Sánchez resaltó que la unión temporal Vías Patria Ingeniería le dio a él las coimas que le correspondían a Orlando Parada y que esos dineros los usó el dirigente político de la U para pagar avisos de prensa, pautas publicitarias en radio y televisión, compra de camisetas y gorras, refrigerios, alquiler de equipos de sonido para eventos políticos y hasta vallas.
Manuel Sánchez, hoy distante y principal acusador de su amigo Parada, indicó que de toda esta operación tuvo conocimiento el concejal. El Espectador también pudo establecer que Hipólito Moreno, en sus confesiones a la Fiscalía, ya relató que también recibió plata de este contrato de malla vial y que Orlando Parada obtuvo una participación en varias entidades del Distrito. Según él, lo logró apoyando políticamente a cada uno de los recomendados que terminaron como directores en esas entidades. A propósito del contrato de $43.515 millones, éste tenía una duración de 18 meses y debía ejecutarse entre mayo de 2010 y noviembre de 2011.
Desde hace semanas, investigadores del CTI de la Fiscalía han intentado ubicar, sin éxito, al representante legal de la unión temporal Vías Patria Ingeniería, Javier Mejía. El objetivo es que explique o desmienta las acusaciones de que se pagaron comisiones a estos tres concejales para garantizar el multimillonario negocio de mantenimiento de la malla vial bogotana. Tal como lo informó este diario, el nombre de Andrés Jaramillo, representante legal de Conalvías, que hizo parte de la cuestionada unión temporal, está dentro del principio de oportunidad del abogado Manuel Sánchez. Esto quiere decir que ya declaró en contra del reputado constructor, quien se ha mantenido alejado del escándalo.
Sobre la declaración de Sánchez, Jaime Granados, abogado de Andrés Jaramillo, manifestó: “No hubo injerencia de mi cliente en este contrato. Andrés Jaramillo era el representante suplente, pues quien manejó todo fue Javier Mejía. Le puedo decir además que hay dos contratos suscritos y pagados por Patria a Manuel Sánchez por la prestación de asesoría legal y que están completamente justificados. No hubo comisiones ni se puede afirmar esto buscando beneficios jurídicos. Pero el ejercicio de refutación se hará en su momento. Si el señor Sánchez dijo eso, pues dijo una mentira y deberá perder los beneficios. Rechazamos ese tipo de informaciones”.
jlaverde@elespectador.com
@jdlaverde9